Los ajustes de las sentencias de los juicios laborales serán definidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Ya ingresaron más de 1000 demandas; la idea que prima entre los jueces porteños es reconocer la desvalorización que provoca la inflación, pero al mismo tiempo fallar con “prudencia”
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LA NACIONHernán Cappiello
Los cálculos de ajuste en las sentencias de los juicios laborales, uno de los asuntos que más preocupa a los empresarios, serán definidos ahora por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde ya ingresaron unas 1000 demandas de juicios de personas despedidas.
“Los jueces no van a fingir demencia ante los devastadores efectos de la inflación; sin embargo van a actuar con prudencia y razonabilidad”, dijo a LA NACION un funcionario judicial que conoce los códigos internos del tribunal de la Ciudad.
La novedad de que las causas sean resueltas por el TSJ es parte del avance del proceso de traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad, que es resistido por las jueces nacionales.
La Ciudad, en tanto, ya empezó a armar su fuero laboral propio con sus códigos, en un proceso impulsado por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Llamó a concursos para cubrir los cargos de 10 juzgados y dos salas. Entre el 21 y el 27 de mayo se tomarán los exámenes.
Aunque avance el proceso, hay que ver si los nuevos jueces laborales porteños podrán jurar, ya que hay una medida cautelar de la Justicia contenciosa, impulsada por los jueces nacionales, que les impide implementar el nuevo fuero. Esa causa ahora está en la Corte Suprema de Justicia.
La pelea por cómo se calculan los intereses en las condenas que recaen sobre las empresas determinó que la Corte Suprema dictara dos fallos en los anuló sentencias de la Cámara del Trabajo porque los montos eran desproporcionados.
En uno de los casos se aplicaban intereses sobre intereses no previstos en la ley y luego una tasa de interés que multiplicó por 20.000 los montos establecidos en los fallos de primera instancia.
Todo esto provocó un cambio en la manera de fallar en los tribunales laborales. Ahora, según un relevamiento realizado por LA NACION entre abogados laboralistas, funcionarios del fuero y magistrados de todas las instancias, los criterios quedaron determinados de este modo: los jueces de primera instancia están dictando fallos, reduciendo u obviando la aplicación de algunas multas, y determinando mecanismos de ajuste limitados, sin hacer crecer de manera desproporcionada las indemnizaciones con el cálculo de intereses.
Ahora, cuando la parte apela ante la Cámara Laboral, allí hay varios criterios. La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el CER.
La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT de Hugo Moyano y su histórico abogado, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.
La camarista Graciela Craig es la esposa de Recalde. Diana Cañal es una camarista cercana al kirchnerismo y denunciada por el macrismo. Quien tenía ascendencia sobre sus colegas en la cámara era Gregorio Corach, juez que llegó a la edad límite para la jubilación y a quien no le dieron un nuevo acuerdo en el Senado.
Los intereses a aplicar son de dos tipos: moratorios, por las demoras en el pago de la sentencia, y compensatorios, por el tiempo transcurrido. El DNU 70 de 2023 de Javier Milei fijaba un tope para el cálculo de interés: el 3% más el Índice de Precios al Consumidor. Pero ese DNU en el capítulo laboral fue declarado inconstitucional. Hoy, la mayoría de las salas de la Cámara falla con ese índice.
El primer reproche de la Corte Suprema de la Nación por los intereses se dio en el caso Oliva, donde el máximo tribunal anuló un acta de la Cámara que había establecido que se podía aplicar el cobro de intereses sobre intereses. Luego vino el fallo DirecTV, donde se insistió en bajar los montos, pero sin que la Corte fijara un criterio específico.
Ahora, quienes deberán revisar los fallos laborales y la manera en que se calculan los intereses son los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Tras el fallo en el caso Levinas, la Corte estableció que todos los juicios de la Justicia nacional (comerciales, penales, civiles, laborales) deben ser apelados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad y, eventualmente, luego en la Corte nacional.
La “Corte porteña” aún no falló en ninguno de estos casos, pero se prepara para hacerlo. Hoy ya ingresaron 1001 causas laborales al tribunal.
El TSJ ya está armando una secretaría laboral y para ello designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.
“Buen día queridísimos colegas, ya se ha aceptado mi renuncia como juez. Les agradezco enormemente estos hermosos años! Quedo a disposición de todas y todos para lo que pueda ayudar, desde mi nueva responsabilidad en el TSJ, a fortalecer la Justicia del Trabajo”, se despidió el magistrado por WhatsApp antes de salir del grupo.
Ahora el problema que tiene el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad sería cómico, si no fuera dramático: en las causas laborales debe correrse traslado a la contraparte para que conteste. Pero para eso es necesario saber las direcciones de los protagonistas del juicio.
Como la Justicia porteña no puede acceder al sistema LEX 100 de la justicia nacional, no puede acceder al expediente y no tiene los datos personales y domicilios de los intervinientes en el caso. El TSJ ya pidió a la Corte que habrá una “ventana” informática para acceder desde el sistema porteño Eje a los expedientes en el LEX 100. Se reunieron técnicos porteños con los del Consejo de la Magistratura.
Mientras, se encontró una solución: en lugar de demorar el trámite de las causas y recibir quejas por denegación de justicia, se decidió que sea el abogado que viene recurriendo el que notifique a la contraparte, usando el LEX100 y que acredite la notificación con el certificado que emite el sistema.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad está integrado por los jueces Inés Weinberg, Alicia Ruiz, Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Aún no hay dictada ninguna sentencia sobre ajuste de indemnizaciones, pero en el TSJ impera un espíritu de moderación. Se impone un criterio conservador, que no se aparte de los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia.
Prima una idea de razonabilidad. Y se vislumbra un trabajo a largo plazo donde los jueces del Tribunal Superior de Justicia porteño terminen construyendo una doctrina y jurisprudencia a lo largo de varios fallos estableciendo criterios que le den previsibilidad a las definiciones del tribunal.
La idea de los jueces es buscar, si no la unanimidad, las más amplias mayorías de modo que lo que se resuelva tenga más fuerza y deje menos grietas para ser impugnado. Están preocupados por construir un criterio jurisprudencial uniforme.
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