Los desafíos del Poder Judicial

En vísperas del Bicentenario, es loable el esfuerzo del Poder Judicial por superar la crisis institucional, incrementado su legitimidad, credibilidad y autoridad. Son importantes los logros de la Corte Suprema para modernizar la estructura de un órgano presupuestariamente relegado e instrumentar medios que acerquen a los ciudadanos a sus jueces. También de la Asociación de Magistrados, al fomentar la excelencia de jueces, funcionarios y empleados para satisfacer el anhelo social de contar con una justicia eficiente y oportuna.

Pero surgen nuevos desafíos. Uno reside en desactivar las presiones del Gobierno sobre los jueces mediante un ente relativamente dócil. Innumerables jueces padecen pedidos de remoción en el Consejo de la Magistratura pendientes de resolución. Muchos, porque dictaron sentencias que colisionaban con la política del Poder Ejecutivo. Esto les genera inseguridad, corroe sus vocaciones y diluye la garantía de la inamovilidad en sus cargos. Cabe exigir que el Consejo y el Gobierno se esmeren en cubrir las casi 100 vacantes judiciales en vez de manipular al Poder Judicial. Un fenómeno que revela el afán por controlar a los jueces.

Otra posibilidad es hacer comprender a ciertos jueces inexpertos que integran una institución republicana que no puede ser ultrajada por extravíos y apetencias individuales. Es deplorable que un camarista federal, Eduardo Freiler, en sintonía con el Gobierno, declare que hay jueces "comprometidos con la dictadura" que ocultan en "artilugios legales" su ideología para no avanzar en ciertas causas. Nadie le niega su libertad de expresión, pero su cargo impone sensatez y prudencia. Si hay jueces cuyas conductas lindan con el prevaricato, debe individualizarlos y formular la denuncia penal.

El mayor desafío es determinar si subsiste la soberanía en el ámbito judicial, si la Corte dejó de ser suprema porque sus sentencias pueden ser revocadas por la Corte Interamericana. En los casos "Cantos" y "Espósito" los votos de sus jueces no conformaron una mayoría sobre el tema. Pero el desafío se presenta en el caso "Kimel". ¿Quién ejecutará la sentencia revocatoria de la corte internacional, el Gobierno o nuestra Corte? Si aceptamos que los jueces inferiores deben seguir la doctrina de ese órgano internacional; si la Corte asigna supremacía a la doctrina de un tribunal externo sobre la Constitución, y si admite que sus sentencias son revocables por una nueva instancia judicial, deberemos reconocer que la Corte dejó de ser suprema, con el consecuente deterioro de su autoridad y jerarquía. Esto no es lo que añoraban los artífices de la Gesta de Mayo ni los constituyentes cuando organizaron la República.