Los diputados se tomarán un mes para debatir la nueva ley de alquileres

Tras el fracaso en las tratativas que llevaba adelante el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con propietarios e inquilinos, la Cámara de Diputados tomó las riendas del debate sobre un nuevo proyecto de ley de alquileres, el cual aterrizaría en el recinto durante la primera semana de mayo. En efecto, oficialismo y oposición acordaron darse un plazo de un mes para el debate y, durante ese lapso, intentar acercar posiciones sobre la esta problemática que, con el alza inflacionaria, impactó de lleno en el mercado inmobiliario.

El debate se concentrará en la Comisión de Legislación General, la cual es presidida por la diputada oficialista Cecilia Moreau. Durante el encuentro, los legisladores acordaron un cronograma de trabajo que tendrá tres reuniones informativas los días 12, 19 y 20 de este mes, cuando serán convocados a detallar sus posturas los representantes de propietarios e inquilinos, en tanto que entre el 26 y el 27 de abril será el debate entre los diputados, con el objetivo de alcanzar un dictamen antes de fin de mes.

Además de la presidencia de Moreau, también se definió que la diputada Carla Carrizo, del bloque Evolución y alineada políticamente con el senador Martín Lousteau, será la vicepresidenta primera de la comisión, en tanto que la vice segunda quedó para Lucas Godoy (Frente de Todos-Salta) y la secretaria del cuerpo será Karina Banfi, de la UCR que responde al liderazgo de Mario Negri.

Durante la primera reunión de la comisión, los legisladores admitieron los problemas que desató la ley 27.551, sancionada el año pasado, en el mercado inmobiliario. Los dos puntos de mayor conflicto son el plazo para el alquiler -actualmente es de tres años cuando, previo a la ley, era de dos- y la indexación en el valor de los alquileres. La pandemia -que llevó al Gobierno a disponer un congelamiento de los valores durante un año- y la alta inflación del último bienio provocaron una fuerte alteración en el mercado que derivó en una contracción en la oferta de inmuebles con la consiguiente suba en los valores de los alquileres.

“Muchos de nosotros acompañamos la ley 27.551, pero la norma en la actualidad tiene requerimientos muy importantes por parte de inquilinos y propietarios que no podemos dejar de escuchar”, admitió Moreau.

En la Cámara de Diputados se presentaron hasta el momento 25 proyectos de ley referidos a la temática de los alquileres. Una decena de ellos proponen, lisa y llanamente, la suspensión o la derogación de la ley actual; sin embargo, los legisladores oficialistas y opositores coinciden que esta salida, lejos de beneficiar a propietarios e inquilinos, les provocaría un serio perjuicio por la incertidumbre que desataría sin un marco legal regulatorio de los alquileres. El objetivo, en cambio, será impulsar una nueva legislación con correcciones a la ley actual.

“Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo todos los diputados de la comisión para ponernos de acuerdo en algunos puntos sobre los que podemos tener coincidencias. Sabemos cuáles son los problemas de esta ley: la prolongación del contrato y el modo de indexación. Buscamos derogar esos dos artículos”, propuso la diputada radical Karina Banfi. “Tenemos que volver al Código Civil. Menos regulación y más libertad para las partes para negociar. Cuando el Estado se entromete mucho hacemos daño”, agregó.

Sin embargo, el oficialismo no coincide con esta postura. Por caso, uno de los proyectos con más firmas del bloque del Frente de Todos, el que presentó José Luis Gioja, no altera estos dos puntos claves de la actual ley -el plazo del contrato y el modo de indexación-. Propone, en cambio, otorgar determinados incentivos fiscales a los propietarios de inmuebles para incrementar la oferta de alquileres. Además, sugiere que, en una ley paralela, se avance con el diseño de un impuesto que grave la vivienda ociosa, una iniciativa que en su momento blandió el secretario Feletti y que cosechó rechazos en el sector inmobiliario.

De hecho, en una nota dirigida al presidente de la Cámara baja Sergio Massa, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) plantearon la necesidad de “reformar urgentemente los plazos de contrato y la actualización de los valores” y retornar al sistema de contratos a dos años; al tiempo de permitir la libertad contractual de las partes para definir plazos y formato de actualización de los valores.

Además, consideraron “nocivo” el denominado “impuesto a la vivienda ociosa” o la fijación de un tope a los valores de los alquileres. “Esto profundizaría el retiro de una mayor cantidad de unidades del mercado y desincentivaría la inversión inmobiliaria”, afirman los firmantes.

Por Laura Serra

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