Los dos represores prófugos ya tienen pedidos de captura de Interpol
Jorge Olivera y Gustavo De Marchi son buscados por la organización internacional; el Gobierno ofreció una recompensa millonaria por datos que logren dar con los militares
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Mientras el Gobierno mantiene aún la
a quien aporte datos certeros que permitan dar con los dos represores condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, fugados el jueves pasado del Hospital Militar Central, la búsqueda de ambos militares retirados ya trascendió las fronteras del país.
Anoche, en el Gobierno no podía decir a ciencia cierta si los evadidos seguían en el país o si ya habían podido cruzar las fronteras.
Olivera y De Marchi aparecen en la nómina de personas buscadas por la Interpol, según puede observarse en la propia página web de la mayor organización policial del mundo. El ministerio de Justicia, a cargo de Julio Alak, también publicó información sobre los represores en su sitio virtual.

El mayor retirado del Ejército y el teniente primero retirado Gustavo De Marchi, condenados por crímenes de lesa humanidad hace apenas 22 días, se fugaron el jueves pasado cuando iban a ser atendidos por médicos especialistas, luego de haber sido trasladados desde San Juan. Su paradero aún es desconocido.
El caso provocó una nueva crisis en el ámbito militar en momentos en que continúan las fuertes críticas al Gobierno por el ascenso a jefe del Ejército del general César Milani, cuestionado por su actuación durante la última dictadura. A raíz de la fuga, el Gobierno pasó a retiro a dos generales: el director de Salud del Ejército, Marcelo Carlos Gutiérrez, y el director general del Hospital Militar, Juan Carlos Adjigogovic. La misma suerte corrieron cuatro coroneles con responsabilidades directas en el hospital y el área de salud del Ejército.
El Ministerio de Defensa paso ayer a disponibilidad a la esposa de Olivera, Marta Ravassi, psicóloga del Hospital Militar, ante la sospecha de que fue la cómplice principal de la fuga. Por su parte, el Ministerio de Justicia adoptó igual medida con ocho agentes penitenciarios encargados del traslado de los prófugos.
La responsabilidad en San Juan
La fuga de los militares habría sido planificada durante las últimas tres semanas, según la sospecha del Gobierno, que acusó a la mujer de Olivera de ejecutar el plan de escape con la supuesta anuencia del juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo. Este magistrado, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Juan, estaba a cargo de los presos durante el cumplimiento de su sentencia en un penal provincial. El 2 de julio pasado, De Marchi había sido condenado 25 años de cárcel por secuestros y tormentos; Olivera, a reclusión perpetua por la muerte de prisioneros a los que ordenó torturar.
Por su parte, el abogado querellante en el reciente juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan, Fernando Castro, manifestó que el Tribunal Oral Federal que condenó a los ex militares no estaba al tanto de su traslado ya que se enteraron recién casi "9 horas después de producirse la fuga" de ambos represores.
Castro dijo que la orden de traslado la habría firmado directamente Paula Carena de Yanello, secretaria del juzgado de Rago Gallo, según consignó el diario El Zonda. "No sabemos si esta gente está en el territorio nacional, si lo ha abandonado", señaló Castro y advirtió que se puede "llegar a comprometer o poner en peligro la seguridad de los testigos, denunciantes y de todas las personas que de alguna manera han intervenido" en el juicio que condenó a los represores.
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