Los equilibrios políticos que conviven en el directorio de YPF
Manuel Adorni y su número dos, un exdiputado de Pro, un exejecutivo de Techint y la pareja de un gobernador integran la conducción de la petrolera estatal
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El directorio de YPF reúne a exfuncionarios del Gobierno, aliados del oficialismo, referentes del mundo empresario y representantes provinciales. Durante la gestión de Javier Milei, la conducción de la petrolera estatal combina decisiones orientadas a la gestión empresarial con la necesidad de ordenar vínculos y administrar tensiones políticas.
El último movimiento en el directorio introdujo cambios relevantes. Se incorporaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -que renunció a sus honorarios-, y el exdiputado nacional de Pro Martín Maquieyra, en reemplazo de Eduardo Rodríguez Chirillo (exsecretario de Energía) y José Rolandi (exvicejefe de Gabinete), ambos desplazados del esquema central del Gobierno, que antes de cerrar su etapa en la administración pública tuvieron un paso por la petrolera estatal.
La nueva integración fue comunicada el 30 de enero a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a los mercados. Allí se estableció, además, que Adorni asumiera la llamada “acción de oro” o Clase A, con poder de veto, un rol que hasta entonces ejercía Guillermo Francos, quien continuará como integrante del directorio pese a que ya no forma parte del Gabinete. También permanece Lisandro Catalán, exministro del Interior, otro de los funcionarios desplazados que recaló en YPF.
El desembarco de Maquieyra responde a una lógica de alianzas. El exlegislador por La Pampa, con especialización en economía, energía y desarrollo sustentable, cumplió un rol relevante durante el debate de la Ley de Bases, donde una porción significativa del articulado estuvo vinculada a reformas energéticas. Tras actuar de mediador entre el oficialismo y la oposición, el Gobierno leyó su perfil como un activo. Pero su llegada al directorio de YPF funcionó también como un gesto hacia Cristian Ritondo, jefe de Pro en Diputados y su principal referencia política.
Ese movimiento contribuyó a distender un vínculo que venía tensionado entre Pro y la cúpula libertaria, tras el conflicto por los nombramientos de auditores generales realizados sin el aval del partido amarillo, que quedó fuera del organismo de control y denunció un acuerdo entre el Gobierno y el kirchnerismo. Pese a haber fortalecido su peso parlamentario, el oficialismo aún depende del acompañamiento de Pro para avanzar con su agenda de reformas.
La representación del Estado nacional en el directorio se completa con Gerardo Canseco, vinculado al sector sindical, y Eduardo Ottino, exejecutivo del Grupo Techint, una presencia que no pasa inadvertida en el actual contexto político.
La relación con Techint quedó expuesta luego de que el Presidente calificara a su CEO, Paolo Rocca, como “Don Chatarrín de los tubitos caros”, tras la derrota del grupo en una licitación clave para la provisión de tubos de acero destinados a un gasoducto entre Vaca Muerta y el Golfo San Matías. YPF participa con el 25% del capital accionario en Southern Energy (SESA), la empresa que impulsa ese proyecto con una inversión inicial de unos US$1300 millones. La compra de tubos fue adjudicada a la firma india Welspun por US$203 millones, mientras que la oferta de Tenaris -del Grupo Techint- quedó descartada por su mayor costo.
El actual presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, también desarrolló buena parte de su carrera ejecutiva en Tecpetrol, otra compañía del holding que conduce Rocca, antes de asumir al frente de la petrolera estatal.
Para Nicolás Gadano, economista especializado en energía, la integración del directorio de YPF responde formalmente a la representación de sus accionistas -el Estado nacional, con el 51%, y los privados, con el 49%-, aunque en la práctica ese esquema no se replica de manera estricta. Según explica, “en los hechos, son más los directores que pone el gobierno de turno”, lo que vuelve menos nítida la distinción entre representantes estatales y del sector privado. Desde esa perspectiva, señala que el accionista privado no cuenta con una representación en el directorio plenamente acorde a su participación accionaria.
Gadano apunta además a la presencia de representantes provinciales -cinco en la actualidad-, pese a que las provincias no adquirieron acciones directamente al Estado nacional. “Se le otorgan lugares al sindicato, a exfuncionarios y a las provincias”, sostiene, al describir una lógica que también responde a la necesidad de administrar equilibrios políticos.
En el sector explican que la discusión sobre una eventual subrepresentación de los accionistas privados en el directorio responde a la propia estructura del capital accionario de la compañía. Señalan que, a diferencia del Estado, los privados se encuentran altamente atomizados, lo que dificulta que uno solo alcance la participación mínima requerida para designar un director. Por ese motivo, dicen, los intereses de una parte de los privados son canalizados a través de un estudio jurídico que participa de las reuniones de directorio en su representación.
LA NACION se comunicó con YPF, pero la compañía no quiso hacer declaraciones.
El acuerdo con las provincias
Actualmente integran el directorio cinco representantes provinciales: Guillermo Gustavo Koenig, por Neuquén -ministro de Economía y Producción del gobernador Rolando Figueroa, quien renunció a percibir honorarios-; Emiliano José Mongilardi, por Chubut, vinculado al sindicato petrolero; César Rodolfo Biffi, por Mendoza, con trayectoria como intendente, diputado y funcionario provincial; y José Daniel Álvarez, por Santa Cruz, aliado al gobernador Claudio Vidal.
La quinta banca provincial es rotativa y, por un período de seis meses, corresponde a Andrea Mariana Confini, por Río Negro. Confini fue secretaria de Energía y Ambiente de la provincia y es pareja del gobernador Alberto Weretilneck.
En cuanto a las remuneraciones, los honorarios de los miembros del directorio rondan los US$15.000 mensuales, según indicaron fuentes de la empresa. Son montos se encuentran en línea con los que perciben directivos y ejecutivos de empresas petroleras de tamaño y volumen de operaciones comparables, tanto en la Argentina como en la región.
Desde su experiencia al frente de la compañía, Daniel Montamat, exdirector y presidente de YPF y exsecretario de Energía, aporta contexto histórico sobre la presencia de las provincias en el directorio. Recordó que la ley de expropiación preveía que una porción del capital estatal pasara a manos provinciales, algo que nunca se concretó, por lo que el Estado nacional terminó gerenciando esas acciones. “Eso derivó en un acuerdo para dar representación a las principales provincias petroleras”, explicó.
Montamat subrayó que ese esquema cumplió un rol durante la transición, al alinear la política empresarial de YPF con los intereses de las provincias productoras, titulares de los recursos hidrocarburíferos. No obstante, advirtió que la autonomía de gestión es “absolutamente clave” para el desarrollo del sector. En ese sentido, destacó que durante la gestión de Milei se tomaron decisiones orientadas a ese objetivo, como el desprendimiento de áreas marginales para concentrar la inversión en Vaca Muerta. “Lo peligroso es politizar el management profesional de la compañía”, concluyó.
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