Los gobernadores dudan sobre el destino final de los recursos sustraídos de la ciudad

CÓRDOBA.– Los gobernadores peronistas apoyaron la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires. Pero tienen dudas sobre el destino final de los fondos. Cuando se apruebe el proyecto que le resta 0,92% de coparticipación al gobierno porteño, esos recursos no volverán a la bolsa general sino a la Nación ya que se trata de fondos puestos por el Tesoro para financiar una responsabilidad transferida, en este caso, la Policía.

En otras palabras, esos fondos no se distribuirán entre los gobernadores sino que pasarán a integrar el 42,34% que queda en manos de la administración central. Sobre la promesa del presidente Alberto Fernández en su visita a San Juan de crear "un fondo para ayudar a las provincias", no hay detalles.

"Se están analizando herramientas", se limitan a decir funcionarios nacionales consultados por LA NACION. Serían recursos para obras públicas que podrían rozar los $100.000 millones.

Tampoco los gobernadores y ministros de Economía provinciales tienen precisiones, solo se quedaron con las expresiones del Presidente que llegaron después del decreto que redujo la coparticipación de ciudad para que la provincia de Buenos Aires resolviera el reclamo de la policía. Horacio Rodríguez Larreta presentó el viernes su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión.

Para el resto de las jurisdicciones, la medida fue por ahora neutra. Los mandatarios peronistas, con la única excepción del cordobés Juan Schiaretti, firmaron una carta de apoyo a la Casa Rosada. Luego se abrió un debate sobre cómo es la distribución de fondos, en la que cada vez tienen más participación las transferencias discrecionales.

Dos fuentes consultadas por LA NACION adjudicaron al chaqueño Jorge Capitanich la decisión de reclamarle a Fernández que así como se benefició a Buenos Aires con recursos extraordinarios, se tratara de la misma manera al resto de los distritos. "Hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la ciudad en concepto no se bien de qué, y estamos trabajando con el ministro del Interior (Eduardo "Wado" de Pedro) para que el año entrante tengamos un fondo para ayudar a las provincias", enunció el Presidente.

Un ministro patagónico, uno de la región centro y uno de Cuyo coincidieron ante LA NACION en que si se avanza en esa promesa y se diseña un fondo "permanente" o de "periodicidad continuada" se debe distribuir conforme a los índices de coparticipación. "Es lo que menos discusión llevaría y sería menos arbitrario", resumió uno de los funcionarios. Todas son suposiciones sobre el reparto: hay quienes entienden que podría ser con parte de los actuales giros discrecionales.

Hay consenso entre ministros provinciales en que la recuperación de la economía demorará y en que seguirán requiriéndose fondos para complementar la recaudación propia y la coparticipación, y aunque por mandato constitucional se debería revisar la coparticipación, nadie cree que se pueda avanzar en la actual coyuntura. "Hoy no están dadas las condiciones", sintetiza Ernesto Franco, ministro de Hacienda de La Pampa.

Franco planteó en 2016 que era "inconstitucional" la decisión de Mauricio Macri de transformar por decreto los recursos para acompañar el pase de la Policía Federal a la ciudad en un porcentaje de la coparticipación. "No pasó el Congreso, como indica la Constitución", agrega.

En el caso de Córdoba, el ministro Osvaldo Giordano sostiene que se requiere un debate sobre la coparticipación y que, "una vez replanteada la distribución primaria ampliando el financiamiento de las provincias, es factible y viable abordar la distribución secundaria, es decir, qué porcentaje se asigna a cada provincia".

"Hace más de dos décadas que la coparticipación requiere una revisión; ha quedado con grandes desfases. Mendoza cobra lo mismo que Santiago del Estero; es una de las tres provincias más afectadas en reparto el per cápita. Exigimos una revisión urgente de los giros automáticos, pero quienes se benefician no quieren ceder nada", apunta un integrante del gabinete del mendocino Rodolfo Suárez. Subraya que los giros discrecionales que podrían apuntar "a suavizar" las inequidades no lo hacen. "También en este segmento nos hemos visto fuertemente afectados".

Desde un distrito peronista, un ministro asegura que las ayudas para paliar las consecuencias de la pandemia del Covid-19 "no muestran preferencias" políticas: "Todas las provincias han recibido ATN en función de determinados indicadores prefijados", argumenta. Y sobre el armado de un fondo especial para el interior, el ministro reconoce que "por ahora suena como un mensaje político sin estructura clara".

Hay distritos oficialistas que tienen demandas por la coparticipación pendientes. Uno es La Rioja, que desde 1988 reclama que se le devuelva un punto que perdió; otra es Chubut, donde Mario Arcioni insiste en que en los 80 se pasó del 1,9588% de coeficiente de participación al 1,5842%. "Somos los primeros interesados en que se discuta la distribución de los fondos para ponernos en un pie de igualdad, porque desde entonces provincias con menos población que la nuestra reciben la misma cantidad de fondos coparticipables y otras, con igual cantidad, perciben mucho más", dice el chubutense.

Una línea de coincidencia entre las administraciones peronistas más equidistantes de la Rosada y las de la oposición es que se necesita "mayor previsibilidad", que no se puede planificar y proyectar decisiones con cambios de los que se enteran por los medios de comunicación.