Los jueces federales recobran su centralidad

La justicia federal ha recobrado en los últimos tiempos un lugar crucial en la vida política. A poco más de 100 días de haber dejado el poder el kirchnerismo, un juez encarceló ayer al secretario de Transporte Ricardo Jaime, ya condenado por corrupción; tiene a Cristina Kirchner citada a indagatoria, junto con su último ministro de Economía Axel Kicillof; a Amado Boudou procesado y a las puertas de un juicio oral, y al hombre que fue el encargado de recaudar los impuestos, Ricardo Echegaray, con cada vez más pedidos para que se lo investigue.

Además, el año pasado fueron allanadas las oficinas desde donde la familia Kirchner manejaba sus negocios personales, están declarando como acusados de lavado de dinero apostantes y recaudadores de la campaña presidencial de Cristina Kirchner, y avanzan las causas que investigan a los empresarios que en los últimos años habían sido los amigos del poder.

Todos estos expedientes están concentrados en los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, repartidos entre los doce juzgados criminales federales. Un edificio propio para un fuero distinto de todos: el único que investiga las acusaciones de corrupción contra los funcionarios públicos nacionales. El poder que investiga al poder.

A pesar del florecimiento de las causas contra el kirchnerismo, el nuevo presidente, Mauricio Macri, desconfía de este fuero. Uno de los doce, Norberto Oyarbide, lo tuvo procesado durante años en la causa de las escuchas ilegales, en un fallo que la Cámara Federal, que nuclea a los otros cinco actores determinantes del fuero, confirmó en los más duros términos. Sólo el cambio de juez le evitó a Macri el banquillo de los acusados, cuando el juicio oral parecía inminente. Hace dos años Casanello recibió el expediente, anuló la elevación y dijo que no había pruebas contra Macri. En diciembre pasado, ya Presidente, lo sobreseyó. Ahora la Cámara, la misma que le confirmó el procesamiento de Oyarbide, debe decidir si vuelve sobre sus pasos y ratifica que en realidad no había elementos para haber tenido a Macri procesado.

El discurso del Presidente es que él no quiere una justicia "macrista". Pero su aliada Elisa Carrió insiste en que usa los servicios del presidente de Boca, Daniel Angelici, como "operador" en Comodoro Py. Esta semana Carrió acusó a tres de los doce federales de no haber investigado al kirchnerismo.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, también habló de los jueces federales. Le preguntaron sobre las nuevas pruebas en la causa que investiga a Lázaro Báez por lavado de dinero y él dijo: "Esperamos que pase algo, que en la Argentina haya alguien que va preso por corrupción, por hacer esto con el dinero de la gente. Todos esperamos un gesto de la Justicia".

El ministro de Justicia, Germán Garavano, tiene con los jueces federales una relación tensa. Enemigo interno de Angelici, Garavano es el promotor de una reforma que los habitantes de Comodoro Py leyeron como una amenaza a su poder: el proyecto de creación de un nuevo fuero federal destinado a investigar el "crimen organizado" en todo el país. El fuero "boutique" lo llaman con maldad los que lo resisten.

El mes pasado, Garavano visitó Comodoro Py. Se reunió con los federales y les prometió que no iban a ver afectada su competencia. Todos recuerdan bien lo que pasó con el último ministro que pretendió licuar el poder de los jueces del edificio, Gustavo Beliz, que después de desafiar a estos magistrados y enfrentarse abiertamente con Antonio Stiuso, terminó fuera del gobierno de Néstor Kirchner y fuera del país.

LA NACION

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