Los motivos del juez que dio la orden

Para el juez de garantías de San Isidro, Ricardo Costa, el derecho a la huelga que invocaron los trabajadores de la empresa Kraft Foods (ex Terrabusi) para tomar la planta derivó en un hecho delictivo.

Al fundar la orden de desalojo de la planta situada en la localidad de Pacheco, el magistrado cuestionó la intransigencia de las partes y la falta de acción de la policía bonaerense, que no hizo nada para evitar que el establecimiento fuera usurpado.

"Algo que comenzó como un reclamo valedero, legítimo y al amparo de derechos de índole constitucional ha sumado la perpetración de hechos con apariencias delictivas que no sólo desnaturalizan y quitan legitimidad a ese reclamo, sino que también afectan los derechos de las personas ajenas al conflicto y de sus garantías constitucionales como son el derecho a trabajar a ejercer la industria lícita", sostuvo el magistrado en el fallo al que tuvo acceso LA NACION.

Costa, de 43 años, es uno de los jueces más respetados del departamento judicial San Isidro. Asumió como juez de garantías hace tres años. Antes se había desempeñado como fiscal de instrucción. Además, fue secretario en el juzgado de Juan Mackintach y en la Cámara de Apelaciones.

Al ordenar a la policía el desalojo, el juez dispuso: "El uso de la fuerza pública habrá de constituirse en la medida de lo estrictamente necesario, en el último mecanismo de acción y siempre velando por el debido resguardo de la integridad física de los involucrados, personal policial actuante y terceros ajenos al conflicto".

"Amenazas y violencia"

Al describir los hechos, el magistrado mencionó que en los últimos 20 días se había producido "una paralización de la producción de la fábrica y la compulsión a otros trabajadores a no cumplir con sus tareas mediante amenazas y violencia".

El magistrado cumplió con una resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro que ordenó que antes de ordenar cualquier medida de coerción, como el desalojo, la empresa de alimentación debía depositar una caución para garantizar que cumpliría con los pagos de las indemnizaciones a los empleados despedidos y de los salarios atrasados.

El juez fijó el monto de la caución en un millón de pesos, que la empresa depositó anteayer en la sucursal del en el Banco Provincia de Buenos Aires que funciona en los Tribunales de San Isidro.

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