Los Moyano y la amenaza latente de la prisión
"Si me quieren meter preso, que me metan, pero no busquen excusas". El autor de esa frase es Hugo Moyano , pero no estaba hablando de Mauricio Macri , sino de Cristina Kirchner . La pronunció el 19 de febrero de 2013 en un multitudinario acto de protesta contra la entonces presidenta y su ministro de Trabajo Carlos Tomada , de quien dijo que iba a quedar en la historia como el peor titular que tuvo esa cartera.
La relación de Moyano con la cárcel , como se ve, es constante y siempre es el poder político de turno el que ordena su persecución judicial. Hace cinco años protestaba porque la Justicia había ordenado varias inspecciones en su sindicato, sobre todo para investigar el manejo de los recursos del gremio.
Las sospechas más insistentes se refieren a la contratación de parte del sindicato de empresas de la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, para que realice casi todas las tareas que el gremio terceriza. Esa es una causa que está en curso todavía.
Moyano convoca increíblemente a todos los sindicatos (menos los de la izquierda trotskista, por ahora) en apoyo a sus avatares como jefe de una familia rica.
Pero, al mismo tiempo, por primera vez dejó de ser el líder incuestionado del sindicato camionero; acaba de perder en manos de su oposición interna nada menos que la delegación de Santa Fe. La CGT firmó la adhesión a Moyano, pero en el acto hizo trascender que optó por esa decisión para no perder a los tres referentes moyanistas que el líder camionero aún tiene en la central obrera.
Si bien fue una decisión corporativa, también es cierto que es improbable, por ahora, que la CGT se incline por una huelga general, para defender a Moyano por causas que nada tienen que ver con su gestión como dirigente sindical. Los Moyano (Hugo y Pablo) acumulan ocho causas judiciales, algunas más viejas y otras más nuevas.
Es Pablo Moyano el que está en el centro de la cuestión judicial en estos días. Los Moyano tienen una devoción sin vergüenza por Jimmy Hoffa, quien fue líder de los camioneros en los Estados Unidos y a quien Robert Kennedy, entonces procurador general del gobierno de su hermano, persiguió por sus vínculos con la poderosa mafia norteamericana.
Pablo Moyano acaba de posar en una foto en Singapur junto al hijo de Hoffa. La causa judicial que tiene a maltraer al hijo de Moyano está relacionada con su condición de vicepresidente del club Independiente. Ni el sindicato camionero ni su condición de dirigente sindical son investigados en esa causa. Se trata de una investigación por la venta de entradas truchas a los partidos de fútbol, que significaba millones de pesos por partido.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita. Se descubrió, además, una cuenta en el exterior del club Independiente de 30 millones de dólares. El lavado de dinero, no obstante, es un delito de la Justicia Federal, no de la provincial.
Hugo Moyano sabe que detrás de su hijo viene él. Y repitió con Macri lo que hizo con Cristina: es, según él, un perseguido político al que el poder, sea cual fuere, quiere ver preso por su defensa de los trabajadores. Muchos dirigentes gremiales que lo detestan (fue el único secretario general de la CGT que aprovechó el cargo para vaciar de afiliados a otros sindicatos y engordar el suyo) lo apoyan para no poner las barbas en remojo.
Ninguno olvida que en los años de Macri ya fueron a la cárcel tres importantes dirigentes gremiales. En muchos casos, no en todos, la Argentina es un país de trabajadores con problemas económicos y con dirigentes sindicales inmensamente ricos.
Uno de los planteos más frecuentes de Hugo Moyano es el de la situación de la empresa de correos OCA, que le debe más de 4000 millones de pesos a la AFIP. Solo es superada por la deuda de Cristóbal López. El juez Pablo Tejada, que lleva la causa de esa deuda, acaba de aceptar la intervención judicial de OCA pedida por la AFIP. OCA tiene como aparente dueño a Patricio Farcuh, pero la propiedad real se atribuye a la familia Moyano. Desde ya, Moyano hace gestiones incesantes por OCA (incluso en las pocas veces que habló con Mauricio Macri) por la fuente de trabajo, dice, de 6000 trabajadores afiliados al sindicato camionero.
El juez que maneja la causa de Pablo Moyano por el club Independiente, Luis Carzoglio, hizo trascender en el acto el pedido del fiscal Sebastián Scalera para que pusiera preso al heredero político del líder camionero. ¿Estaba creando, de esa manera, un espacio de tiempo para que los Moyano convirtieran el pedido de un fiscal en un escándalo político con amenazas de paros diversos? ¿Lo hizo para permitir la organización de una marcha de camioneros y dirigentes sindicales a Ezeiza, que se hará mañana, cuando Pablo Moyano regrese de Singapur?
La historia se repite como farsa, escribió Karl Marx. Entre el regreso de Perón y el de Pablo Moyano está la diferencia entre la tragedia y la farsa. Carzoglio, fanático de Independiente y de extracción peronista, se manifestó, al mismo tiempo, amenazado. Contó que recibió varias llamadas telefónicas con mensajes amenazantes. ¿Tiene miedo? Si lo tiene, debería excusarse de seguir al frente de esa causa. ¿No lo tiene? Entonces debería callarse. Carzoglio se convirtió en un héroe para los Moyano cuando desistió de encarcelar a Pablo. Es lo peor que le podía pasar al magistrado.
Sea como fuere, lo cierto es que el ajetreo judicial llevó a Hugo Moyano a acercarse a Cristina Kirchner, de quien dijo, cuando esta era presidenta, que lo odiaba. "Me odia por negro", repetía. Ahora se manifestó dispuesto a apoyar una eventual candidatura de Cristina a la presidencia. Cualquier cosa antes que la continuidad de Macri. La contradicción no es un problema para él.
En rigor, Cristina y Moyano (la expresidenta lo recibió con los brazos abiertos) están dispuestos a crear una asociación de dirigentes con un pie en la cárcel. El temor al cemento de la prisión es lo único que los une al final de una historia que los tuvo más enfrentados que aliados. Durante la presidencia de Cristina, Moyano tenía mucha mejor relación con Macri, que estaba en la jefatura del gobierno capitalino, que con la entonces presidenta. Moyano tiene dos convicciones. Una: lo que él hace en el sindicato de camioneros es una cuestión privada, alejada del escrutinio de la Justicia. La otra: cualquier presidente, sea Cristina o Macri, puede llamar a un juez por teléfono y paralizar en el acto una investigación. Si no lo hacen, lo están persiguiendo políticamente.
De todos modos, no debe subestimarse la reacción que el problema de los Moyano puede tener en la política y en la vida cotidiana de la gente. El sindicato camionero está en condiciones de paralizar el país en 48 horas. Tiene en sus manos la provisión de naftas a los expendedores, el traslado de dinero para los cajeros automáticos y la reposición de mercadería en los supermercados, entre otras funciones claves para la marcha normal del país.
La reacción podría agravarse si, encima, la CGT decidiera convocar a un paro general en apoyo a dirigentes gremiales investigados por prácticas corruptas. No es una decisión previsible por el momento (tampoco quieren quedar pegados a Moyano), pero la situación económica y social podría darles una justificación para llamar a una huelga. Los Moyano siempre confunden la situación de los trabajadores, que tienen necesidades reales, con los problemas de su familia, que son problemas propios de familias pudientes.
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