Los principales puntos del nuevo régimen penal juvenil: garantías, penas y asignación presupuestaria
La ley que sancionó el Senado reemplazar la norma que rige desde 1980; en qué casos ordena la detención de los menores y cuál será la condena máxima
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LA NACION
El nuevo régimen penal juvenil, sancionado por el Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:
-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asistencia legal, eficaz e idónea.
-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.
-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.
-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acondicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.
-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.
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