Los Rodríguez Saá y los fiscales reclaman un peritaje

Tienen patrimonios declarados en los que brillan los millones de pesos. Tienen dinero en efectivo, objetos de arte y automóviles caros. Tienen acciones en diarios, empresas y hasta complejos de espectáculos. También, decenas de terrenos, lotes, campos e inmuebles en el país, en especial en San Luis. Tienen miles de hectáreas y metros cuadrados declarados como propios por ellos, por sus familiares directos o por sus allegados.

Pero son los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá quienes comparten el criterio de los fiscales federales y reclaman que un perito contador analice sus patrimonios, para lo cual justificar su origen.

El juez federal Juan José Galeano prefiere, en cambio, saltear la opinión del perito y requerir que los hermanos demuestren la licitud de sus riquezas.

Los informes recopilados por la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Jorge Di Lello y Jorge Luis Alvarez Berlanda, muestran la evolución patrimonial de ambos, con datos curiosos, según la copia a la que accedió LA NACION.

Ya en 1999, mientras pujaba por ingresar al Senado y la propia bancada justicialista trababa su diploma, Alberto Rodríguez Saá reportó que tenía bienes en el país por $ 8,7 millones y en el exterior por otros 596.000 pesos o dólares.

Un año después informó una obra de arte, US$ 443.457 y $ 122.622,99 en efectivo, dos autos, acciones en las sociedades Cafulcurá, Payne y diario La Opinión, además de una sentencia judicial en su favor por otros 420.000 pesos.

El relevamiento sobre Adolfo Rodríguez Saá -a quien Galeano le imputa ser uno de los presuntos testaferros del actual mandatario provincial-, es más complejo. Entre sus bienes figuraban un departamento porteño en la calle Libertad al 1200 e inmuebles en la capital puntana y en la localidad de Durazno. Esto, sin incluir lo propio de María Alicia Mazzarino, esposa del ex presidente, o de María Antonia Salino, ex mujer del actual gobernador, y de la hermana de ambos, Zulema Rodríguez Saá; del esposo de ésta, Alfredo Divizia, o del colaborador acérrimo Luis Lusquiños.

Los abogados de los puntanos, Pablo Slonimsky y Pablo Jacoby, comparten el pedido de los fiscales por una pericia. "La investigación sobre Adolfo Rodríguez Saá no se sostiene. Pensar que él es testaferro de Alberto se cae solo. Y en cuanto a Alberto, él no estuvo en la función pública entre 1994 y 2000, y es dueño de los diarios más importantes de San Luis, lo que explica su incremento patrimonial", dijo.

Galeano postergó la convocatoria del perito porque teme que se demore la instrucción de la causa durante meses. Optó por un informe a la Dirección de Planificación Penal Tributaria de la AFIP sobre 11 sociedades anónimas: San Luis Forestal, Informática Punta, Catriel, Habitat, Cafulcurá, diario La Opinión, Marzo, Nahuel, Editorial Nahuel, Payne y Los Chañares.

Perito contador

Tras recibir la respuesta de la AFIP, Galeano pidió informes al Banco Central. Pero los fiscales insisten en convocar a un perito contador para fijar un criterio técnico que permita luego requerirles a los Rodríguez Saá una justificación patrimonial.

La investigación comenzó en 2000, cuando el entonces diputado provincial Juan Laborda Ibarra denunció el enriquecimiento ilícito de Alberto Rodríguez Saá en la causa sobre las coimas en el Senado, del que se extrajeron testimonios.

Jacoby atacó esa denuncia. "Alberto Rodríguez Saá se separó de la banca justicialista y votó en contra de la cuestionada reforma laboral. Pero después lo denunciaron junto a los senadores que sí votaron a favor y quedaron sospechados de haber cobrado una coima. Es curioso, porque a él sí lo investigan y al resto, no", ironizó.

Por Hugo Alconada Mon

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