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Luis Majul: "Se viene una nueva megacausa por encubrir a Cristina Kirchner"
La última megacausa que conmovió, por la cantidad y la calidad de la prueba, a todos los argentinos, se llama Cuadernos de la Corrupción.
Se acaba de dar inicio a un expediente que podría terminar en otra megacausa. No tan rutilante, ni con tantos bolsos y valijas. Una de Netflix. Una apasionante tramoya judicial, maquinada desde el Estado. Una compleja pero apasionante megacausa que incluye la imputación de altísimos funcionarios de este Gobierno y que podría terminar con la mismísima vicepresidenta imputada y procesada.
Un juez de los cuadernos de las coimas se opone a su traslado
Hay mucho ruido alrededor para comprender, de manera cabal, hasta adónde llega. El delito que se investiga: un plan sistemático de encubrimiento para lograr la impunidad de Cristina Kirchner y otros funcionarios.
Entre los denunciantes se encuentran Graciela Ocaña, Waldo Wolf y Fernando Iglesias, quienes hicieron una primera presentación; además Paula Oliveto, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, quienes acompañaron. Silvina Martínez, experta en asuntos de corrupción, también hizo su aporte.
La nueva megacausa denuncia tres hechos concretos:
- El primer hecho contiene una paradoja: según los denunciantes, habría comenzado con una fuerte campaña de desprestigio contra el juicio denominado Cuadernos de la Corrupción. No la mencionan por su nombre, pero todos sabemos de qué se trata la campaña de desprestigio. Es el "Operativo Puf", o "Puf Puf", o "Bonadio Puf, Stornelli Puf", impulsada, entre otros, por el operador Eduardo Valdés, quien hoy se pasea por los programas de televisión como si fuese un prócer.
- El segundo hecho, siempre, de acuerdo a los denunciantes, es la designación de personas para cargos estratégicos y llamativamente vinculadas a varios imputados cristinistas.
- Y el tercer hecho es el escandaloso papel de la nueva Oficina Anticorrupción, al renunciar a su rol de querellante en algunas de las causas en las que está procesada la vicepresidenta en ejercicio.
La denuncia, cayó, por sorteo, en el fiscal Carlos Stornelli y la jueza María Eugenia Capuccheti.
El fiscal Carlos Stornelli acaba de imputar a algunos de esos funcionarios designados en cargos estratégicos con el objeto de lograr la impunidad de Cristina Fernández:
*Carlos Zannini, procurador del tesoro: vinculado desde hace muchos años a los Kirchner, fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, Secretario Legal y Técnico de Néstor Kirchner como intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz y presidente de La Nación. También ocupó la Secretaría Legal y Técnica durante la presidencia de Cristina Fernández.
Zannini sigue procesado en la causa Memorándum de Entendimiento con Irán, por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional.
Como Procurador del Tesoro, dicen los denunciantes, debería encabezar el recupero de los bienes obtenidos a través de actos de corrupción.
*Juan Mena, secretario de Justicia: ex funcionario de Cristina Fernández, subsecretario de política criminal y jefe de gabinete de asesores de 2010 al 2015 en el ministerio de justicia; y luego número dos de la AFI de Oscar Parrilli, Mena es dirigente de la Cámpora y responsable de la oficina de protección de testigos.
La responsabilidad de Mena en esa área hizo que imputados colaboradores que declararon contra Cristina y otros exfuncionarios renunciaran al programa.
* Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos: fue nombrado por Cristina Kirchner a principios de 2015. Se entrometió de manera ilegal en causas sensibles para pedir la prisión domiciliaria tanto de Ricardo Jaime como la de Martín Báez, ambos presos por diferentes delitos de corrupción.
* Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia: lo acusan de bloquear, desde la oficina a su cargo, información pública sobre el Instituto Patria "usina de ideas del espectro político de la nombrada, de donde salen los criterios sobre el lawfare".
* Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción: los denunciantes lo acusan de desistir de las querellas en las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces. En ambas causas fueron procesados Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Los denunciantes insisten en que la Oficina Anticorrupción tiene la obligación de asumir su rol de querellante a favor del interés del Estado en casos de corrupción pública. Los denunciantes entienden que con su abandono del rol de querellante Crous faltó a las obligaciones de su cargo "con el único objeto de beneficiar a los imputados".
¿Saben cuál es el rol específico de los funcionarios de la OA? "Promover la persecución y represión de los autores de delitos de corrupción".
Ocaña y Wolf, entre otros, acusaron a Crous de haber perjudicado la causa que le había sido confiada, incurriendo en el delito de prevaricato.
Por su parte, Campagnoli, Frade y Oliveto denunciaron de Crous el abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Pero van un poco más allá:
"La decisión de no seguir en Hotesur y Los Sauces es contradictoria con la decisión de seguir siendo querellante en la causa de la Ruta del dinero K".
Tienen razón: es un delirio, una locura, porque en ambas causas hay una misma maniobra delictiva: el ostensible lavado de dinero de la corrupción.
Hoy, en el medio del Covid-19, la crisis económica más grave de la historia argentina, los casos de inseguridad, la negociación abierta por la deuda, esta megadenuncia parece incluso difícil de comprender. Pero habría que guardarla, bien guardada en el archivo.
Puede ser el principio de la megacausa que revele la enorme cantidad de presuntos delitos que se estarían cometiendo solo para garantizar la impunidad de Cristina Fernández y unos cuantos más.
Además esta megacausa podría representar también el principio del derrumbe moral del gobierno de Alberto Fernández, el presidente que no puede poner límites a la vicepresidenta que lo eligió.
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