Malestar de las organizaciones por las trabas oficiales

El malestar entre las organizaciones era indisimulable; aún trataban de digerir la decisión que ayer tomó el Gobierno de postergar la definición sobre la ampliación del bono de fin de año, prevista inicialmente para mañana. "[El Gobierno] está molesto con el avance de la ley de emergencia social en el Congreso. Tratan de apretar con lo que pueden", dijo a LA NACION uno de los referentes del triunvirato piquetero, partícipe de la mesa de negociación con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

El triunvirato piquetero lo interpretó como un mensaje del Gobierno para desalentar el avance del proyecto de emergencia social, una iniciativa que la semana pasada obtuvo dictamen en el Senado. La reunión, en la que Desarrollo Social haría su oferta definitiva por el bono, quedó sin fecha. Fuentes oficiales afirmaron que la nueva fecha se fijará después de la movilización que organizaciones sociales y la CGT tienen prevista para el viernes 18.

"Nos sorprendió esta suspensión porque estábamos discutiendo con mucha seriedad y esto atrasa muchísimo. El Gobierno debería apurarse a tomar decisiones; por lo menos qué tipo de aliciente nos va a dar, teniendo en cuenta las Fiestas", dijo a LA NACION Juan Carlos Alderete, referente de la CCC.

Ayer por la mañana, algunos referentes piqueteros se reunieron con Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, dos de los tres integrantes del triunvirato de la CGT, en la Federación Agraria Argentina (FAA). Ultimaron detalles sobre el despliegue que tendrá la protesta con la que el próximo viernes las organizaciones, respaldadas por la CGT, presionarán frente al Congreso para que se sancione la ley de emergencia social y que el Ejecutivo no la vete.

La novedad fue que a la movilización se sumaría la entidad rural, que mañana formalizaría su apoyo. Mediante un comunicado, la FAA coincidió ayer en un diagnóstico crítico de la economía, que perjudica a los "actores más débiles".

De la reunión que iba a ser mañana en Desarrollo Social se esperaba, en concreto, la formalización de una oferta superadora a la del bono de fin de año ofrecido, de $ 1000 por grupo familiar. Según pudo saber LA NACION de altas fuentes de la Casa Rosada, el bono no se ampliará por cada niño. Contemplará una mejora global de entre $ 300 y $ 500. Un eventual bono por familia de $ 1500 contaría con el visto buenos del triunvirato piquetero. "Estamos definiendo una oferta que sea pagable y no comprometa el déficit fiscal", repetían en los últimos días los funcionarios del Gobierno, ante las consultas. En principio, el objetivo es terminar el año con un déficit fiscal de 4,8 puntos "y no moverse de ahí".

Proyecto bandera

La medida de fuerza que las organizaciones preparan para la semana que viene es un hito más en su consolidación como oposición al Gobierno "en las calles". Incluso, tras su paso por el Vaticano la semana pasada, donde participaron del encuentro mundial de Movimientos Populares, las organizaciones se arrogan que su proyecto "bandera" cuenta con la venia del Papa. La iniciativa propone la creación de un millón de planes de ingreso social con trabajo y la creación de un "salario social complementario".

El proyecto avanza raudamente en el Congreso. La semana pasada obtuvo dictamen del Senado con más de 30 firmas de legisladores de todos los bloques de la oposición. El Gobierno apuesta ahora a dilatar el tratamiento en Diputados y que se postergue hasta el año próximo. Quiere evitar pagar el costo político de un segundo veto antes de fin de año, tras la anulación de la "ley antidespidos".

La reunión prevista para mañana apuntaba a despejar los "fantasmas de diciembre". "No vemos condiciones objetivas ni subjetivas para que haya desmanes. No le conviene a nadie", repiten funcionarios del Gobierno en conversaciones reservadas. Explican que "las organizaciones tienen un discurso más fuerte en esta época del año para ir más fortalecidos a la mesa de negociación, pero a nadie le conviene que haya conflicto".

Sin embargo, con la negociación empantanada, la marcha que los organizadores confían puede ser masiva consolidará el vínculo entre trabajadores sindicalizados e informales y pondrá a prueba los puentes del diálogo que se tendieron con el Gobierno en las últimas semanas.

"La marcha del 18 la vamos a hacer igual, porque la ley de emergencia económica va más allá de lo coyuntural. Quisiéramos evitar una movilización en diciembre y esperemos que el Gobierno tenga voluntad de resolver lo que le pedimos", dijo a LA NACION Esteban "Gringo" Castro, uno de los referentes de la CTEP.

Dentro de las concesiones que otorgó el Gobierno a las organizaciones para distender la relación de cara a fin de año, se cuenta la realización de un relevamiento en los barrios para localizar a niños elegibles para la AUH, que por algún motivo no la perciben. El sondeo implica un desembolso de $ 55 millones, con un 10% para las organizaciones.

Por Marcelo Silva de Sousa y Agustina López

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