Malestar en la Corte por la denuncia de sobresueldos

La Corte Suprema le ordenó ayer a su secretario penal, Esteban Canevari, que prepare una denuncia penal contra Juan Carlos Muñoz, un ex empleado del alto tribunal que afirmó ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que había funcionarios que presuntamente cobraban dobles sueldos.

En el acuerdo de ministros de ayer, los jueces -según tres de ellos confiaron a LA NACION- expresaron su malestar.

Por cierto, se juntaron varios problemas. Por un lado, las divergencias que separan a los ministros no les permite avanzar en las causas del corralito.

En un momento determinado de la reunión, los jueces Enrique Petracchi y Gustavo Bossert se levantaron de la mesa y se retiraron, pues a pesar de que sus pares les rechazaron la excusación, los dos magistrados insisten en no participar en los asuntos del corralito.

Falso testimonio

El otro tema, en el que sí parecían estar todos de acuerdo, por lo menos por la mañana, fue el de salir a contestar la denuncia que les hizo Muñoz ante la comisión legislativa.

Según evaluaron en la reunión, los jueces consideraban que el ex empleado debía ser imputado penalmente por haber mentido ante la Comisión de Juicio Político.

La semana última, Muñoz declaró que algunos funcionarios del tribunal cobraban dobles sueldos en 1992 y 1993.

Pero numerosas fuentes de la Corte, entre ellas varios jueces, coincidieron en explicar que se hicieron dos investigaciones sobre los hechos relatados por Muñoz: una en sede administrativa y la otra en la justicia penal, y las dos concluyeron en que no hubo irregularidad alguna.

Muñoz fue designado en 1972 subhabilitado a cargo de Habilitación de Mandamientos de la Corte, una oficina que paga sueldos a unas 200 personas.

Una vieja historia

Había entonces dos cuentas bancarias abiertas y la Corte, supuestamente para ahorrar costos, resolvió transferir las tareas a la Prosecretaría del alto tribunal, a la vez que decidió unificar ambas cuentas en el Banco Nación.

En la Corte dicen que Muñoz se sintió molesto por haber sido desplazado. Muñoz dice que había irregularidades. Por uno u otro motivo, el ex empleado presentó una denuncia penal ante el juzgado federal a cargo del juez Jorge Urso contra dos funcionarios de la Corte, Luis María Freire y Mariano Riviello, que supuestamente realizaban las "liquidaciones erróneas", según dice el ex texto de aquella presentación, que no habla de pagos dobles.

El juez Urso, en una primera resolución del 26 de septiembre de 1994, desestimó parcialmente la denuncia efectuada por Muñoz, porque de la investigación surgió que "no existió delito alguno", según dijo el magistrado expresamente en la resolución.

A pesar de ello, igualmente continuó investigando algunos aspectos de aquella denuncia, hasta que finalmente, el 26 de agosto de 1995, sobreseyó a Freire y Roviello.

El administrador de la Corte, Nicolás Reyes, que llegó a su cargo en 1996 y que, por lo tanto, no estaba en aquellos años en la Corte, les explicó a los ministros, durante el acuerdo, que cada vez que se recategorizaba a un funcionario, durante un mes coexistían dos recibos de sueldos, pero sólo uno se liquidaba y no hay constancia de que haya ocurrido otra cosa.

Una de las acusaciones que habría hecho Muñoz ante la Corte sería que el juez de la Corte Enrique Petracchi era titular de una de esas cuentas. Pero eso no constituiría irregularidad alguna, pues Petracchi fue presidente de la Corte y las cuentas bancarias del organismo están a nombre de quien desempeña la presidencia en cada momento, ya que el titular del tribunal es quien debe librar los cheques para efectuar pagos.

Anoche, sin embargo, al menos tres de los nueve jueces habían decidido no firmar el proyecto de denuncia.

En tanto, la Corte aún no resolvió qué actitud tomar respecto de otro empleado, Rubén Lombardi, que denunció en el mismo ámbito que la Corte pagaba sobrecostos a algunos proveedores de servicios y que en un taller del cuerpo se desarmaban automotores, los ministros no habrían adoptado aún una postura por seguir.

Pero quienes conocen el expediente administrativo que desembocó en la cesantía de Lombardi aseguran que la Corte habría llegado a tal decisión porque habría extraviado los cuerpos 8 y 11 del expediente de la licitación pública 461/82, que contrató obras faltantes para el juzgado federal de Mercedes.

Corralito

• En dos nuevos fallos vinculados con el corralito, la Corte Suprema habilitó a dos mujeres a retirar sus ahorros. Las resoluciones permiten a una mujer afectada por una grave enfermedad que retire su depósito del BankBoston y a otra, de 88 años, hacer lo propio con sus fondos del Nación. Ambas decisiones fueron adoptadas por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos Fayt, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano, la disidencia de Augusto Belluscio y la abstención de Gustavo Bossert y Enrique Petracchi.

Posiciones

Julio Nazareno

• El presidente de la Corte llevó tres temas al acuerdo: el corralito; el colapso de los juzgados contenciosos y la denuncia de Muñoz contra el tribunal.

Enrique Petracchi

• Muñoz dijo ante la Comisión de Juicio Político que uno de los empleados de Petracchi era el encargado de pagar los sueldos irregulares. Petracchi lo niega.

Adolfo Vázquez

• Cuando ocurrieron los hechos, aún no integraba la Corte. Anticipó que no firmará la denuncia contra Muñoz y otros tres jueces pueden abstenerse .

Jorge Urso

• El juez federal Jorge Urso fue el que instruyó la investigación contra dos funcionarios del tribunal, pero concluyó que no encontró delito alguno.

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