Mansión de Pilar. Empresas ligadas a Toviggino fueron denunciadas por apropiarse ilegalmente de tierras en Santiago del Estero

En el norte de Santiago del Estero, en una franja rural del departamento de Alberdi conocida como Colonia Fiscal Sobrantes del Desierto, una decena de vecinos denuncian que sufren, desde hace más de una década, maniobras sistemáticas de despojo de sus tierras.

Los vecinos del lugar, también conocido como Mojones Blancos, dicen que no se trata de conflictos aislados ni de disputas entre pobladores, sino de un esquema organizado que se repite en distintos campos y que estaría amparado por figuras con poder político y judicial en la provincia.

En ese presunto entramado incluyen al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Como prueba de ese presunto vínculo, los denunciantes exhibieron a LA NACION documentos que -según informaron- presentaron en la Justicia, con constancias de registros notariales en los que aparecen SOMA SRL y Malte SRL como propietarias de los terrenos.

Se trata de dos empresas vinculadas a la mansión de Pilar y a otras propiedades que investiga la Justicia con la sospecha creciente de que el dueño en las sombras es Toviggino.

Malte SRL fue propietaria de la quinta de Pilar entre junio de 2023 y mayo de 2024. Un porcentaje de Malte fue adquirido por SOMA, que estuvo integrada por Darío Fabián Toviggino -hermano del tesorero de la AFA- y que tuvo como gerente a Mauro Javier Paz, directivo de la asociación que tuvo a su cargo el fútbol femenino y que además es socio mayoritario de Malte SRL.

Mauro Javier Paz, además, aparece como propietario de uno de los terrenos, según la documentación entregada por los denunciantes a LA NACION.

De esa forma, algunos de los nombres investigados como posibles testaferros de Toviggino aparecen en las tierras de Santiago del Estero.

Los vecinos dicen que en los últimos diez años al menos siete campos de la zona fueron tomados bajo un mismo esquema: primero, la ocupación violenta; luego, la generación de supuestos títulos; finalmente, la venta de esas tierras a terceros. Aseguran que cuando intentaron avanzar judicialmente, los ocupantes respondieron con amenazas y alegando tener “la banca de Zamora”, una referencia al exgobernador de Santiago del Estero. Creen que el nombre de Pablo Toviggino y su entorno familiar explicaría la falta de respuestas institucionales.

Los vecinos con los que habló LA NACION explicaron que se trata de tierras fiscales, sin escrituras privadas originales, en las que históricamente rigió el régimen de acciones posesorias. Dicen que muchos pobladores vivían allí desde los años noventa, dedicados al obraje y al trabajo para aserraderos de la zona de Campo Gallo, cabecera del departamento.

Según relatan, ya en 2001 y 2002 había ocupación efectiva del territorio, con caminos abiertos incluso antes, a partir de picadas realizadas por YPF para sus tareas de exploración petrolera.

Los vecinos narran que, a partir de fines de los años noventa y comienzos de los 2000 comenzaron a llegar productores agropecuarios, principalmente de Jesús María, con la intención de ampliar la frontera productiva. Señalan que esos productores compraron derechos posesorios a pobladores locales, mediante escribanías, y empezaron a desarrollar proyectos agrícolas y ganaderos sobre campos que describen como vírgenes, con monte nativo y pasturas naturales.

Según los compradores, uno de los casos paradigmáticos es “Campo Viejo”, de unas 2900 hectáreas, y “Pampita”, de aproximadamente 2420 hectáreas. Afirman que en marzo de 2003 los derechos posesorios fueron adquiridos por Ricardo Alberto Baldi y Carlos Csáky, junto con Gustavo Boneto y Héctor Roera, mediante la compra a pobladores locales.

Los testimonios sostienen que en 2004 se produjo un primer intento de usurpación por parte de gente que buscaba explotar la madera del monte, pero que la Justicia provincial ordenó el desalojo y restituyó la posesión a los compradores.

Los vecinos aseguran que entre 2004 y 2010 esos campos fueron trabajados de manera sostenida. Relatan que se realizaron picadas perimetrales e internas, alambrados, limpieza selectiva sin desmontes masivos, siembra de pasturas como Gatton Panic, perforaciones de agua, represas y construcciones rurales, además de la inscripción de planos de mensura en catastro y el pago de impuestos. Sostienen que todo ese desarrollo quedó documentado en expedientes judiciales y administrativos.

El quiebre, según los vecinos, fue a finales de 2011. Dicen que entonces irrumpió en la zona un grupo al que describen como una banda organizada, integrada por personas ajenas a la región, con logística, vehículos y un presunto respaldo político. Relatan que hubo episodios violentos, con quema de instalaciones, destrucción de bienes y expulsión de quienes explotaban los campos. Los vecinos dicen que no se trató de pobladores rurales, sino de “profesionales” de la usurpación.

En ese relato aparece reiteradamente el nombre de Fernando Figueroa, conocido como “Polo”, a quien los vecinos señalan como uno de los operadores centrales. También mencionan la presencia de personas vinculadas a la barra brava de Central Córdoba y a un abogado, Aníbal Patto, familiar del ministro de Justicia provincial. Según dicen, la policía no solo no intervino para frenar los hechos, sino que en algunos casos habría colaborado con el traslado de materiales.

El conflicto central quedó judicializado en varios expedientes. Uno de ellos es el N° 438308, caratulado “Baldi Ricardo Alberto y otros c/ César Orlando Acosta y otros y/o quien resulte responsable s/ interdicto para recobrar posesión”. Los vecinos dicen que el inmueble en disputa forma parte de una superficie mayor registrada a nombre del Gobierno de Santiago del Estero y que nunca fue adjudicada válidamente a particulares.

Según relatan, una de las maniobras más frecuentes fue la sustitución constante de demandados. Dicen que los supuestos poseedores cedían los derechos de manera sucesiva a otras personas, lo que obligaba a reiniciar notificaciones y extendía el proceso durante años. Afirman que incluso cuando un juzgado resolvió restituir la posesión, el oficio de desalojo fue frenado mediante la presentación de una causa penal que los vecinos califican como “inventada”.

La situación se habría agravado con la aparición de un tercero. Relatan que tomaron conocimiento de su existencia cuando en 2019 la firma ACM Logísticas SA comenzó tareas de desmonte en los campos, pese a la existencia de medidas cautelares.

De acuerdo con los vecinos, la documentación presentada es parte de una nueva maniobra dilatoria. Sostienen que los títulos que exhibe se apoyan en escrituras e inscripciones que consideran inexistentes o falsas, correspondientes a matrículas y actos notariales realizados entre 2017 y 2018. Dicen que esos instrumentos habrían sido confeccionados pese a que las tierras siguen siendo de dominio fiscal.

En el proceso se denunció la falsedad material e ideológica de esas escrituras, incluyendo firmas que no corresponderían a autoridades del Registro de la Propiedad. Afirman que se montó una cadena ficticia de transmisiones para simular una venta legítima y desligar al nuevo adquirente de los ocupantes anteriores. En ese marco, solicitaron pericias caligráficas, estudios de títulos, informes a Catastro y a la Dirección de Tierras, y una pericia agrimensural.

Por Camila Dolabjian

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