Imputan a dos mapuches por usurpación y sitiar a una familia en Bariloche

Dos de los cuatro integrantes de la comunidad mapuche del lof Gallardo Calfú que fueron detenidos ayer por ocupar un campo y sitiar a una familia fueron imputados hoy por el delito de usurpación, según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales de la provincia de Río Negro.

Entre los cuatro detenidos está Rosa Blanca Gallardo, la líder del lof y sobre quien pesaba un pedido de captura, según fuentes policiales.

La agrupación Gallardo Calfú ocupó de manera ilegal un campo en el paraje El Foyel, a 75 kilómetros de Bariloche. Tomó la tierras y cercó a la familia propietaria, que pidió ayuda a las autoridades. Desde adentro del campo, Pablo Maier, uno de los propietarios que hasta ayer no podía salir de su propiedad, lamentó las demoras de la Justicia en resolver el reclamo territorial.

Ayer, con un gran despliegue policial y después de tres horas de negociación, la policía de Río Negro logró desalojar el campo de Maier y detuvo a cuatro mapuches que se resistieron pacíficamente. Quedaron detenidos desde anoche y hoy se les informaron los cargos por los que serán imputados judicialmente.

El fiscal Francisco Arrien, junto con el fiscal jefe Martín Lozada, formularon cargos a dos de las personas miembros del grupo acusados por la usurpación de un campo en la zona de El Foyel, ocurrida el día 15 de octubre, el cual fuera desalojado de manera pacífica ayer, informó la fiscalía en un comunicado.

Según la acusación formulada por los fiscales, ingresaron "de manera masiva y clandestina al predio". Se desconoce todavía cuántas personas participaron de la ocupación. Las autoridades judiciales afirmaron que los mapuches impidieron la circulación del propietario de la finca y de su grupo familiar, que se encontraban en el lugar. Los abogados por la querella adhirieron en todos los términos planteados por la fiscalía.

Ambos acusados fueron asistidos por un defensor particular. El abogado solicitó que sean sobreseídos, puestos inmediatamente en libertad y se opuso al plazo de cuatro meses. Remarcó que "la medida del desalojo vulnera el debido derecho de defensa y el debido proceso, sin haber escuchado a las partes involucradas". El magistrado que dirigió esta audiencia hizo lugar a las reservas planteadas por la defensa en relación al debido proceso. Rechazó el sobreseimiento, revocó además la rebeldía y captura para ambos acusados dictada oportunamente.

Finalmente, se les formularon los cargos por el delito de usurpación y habilitó el plazo de investigación por el término de cuatro meses, para que las partes produzcan la prueba acorde a sus intereses procesales, según informó la fiscalía.

Informe de Laureana Fuentes

LA NACION

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