María Eugenia Vidal fue sobreseída por enriquecimiento ilícito: Lijo falló a su favor y el fiscal no apeló
La exgobernadora fue denunciada por la compra de un inmueble en Recoleta; el juez dijo que no había pruebas para avanzar contra ella y Ramiro González consintió esa decisión
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La Justicia sobreseyó a la exgobernadora María Eugenia Vidal en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito iniciada en octubre de 2022, a partir de la compra de un departamento.
La denuncia había sido presentada por Yamil Castro Bianchi y recayó en el juzgado federal 12, que en ese momento estaba a cargo del juez federal Ariel Lijo, elegido por Javier Milei para integrar la Corte. Lijo la sobreseyó el 19 de diciembre pasado, pero la causa terminó de cerrarse definitivamente este año, ya que el fiscal federal Ramiro González no apeló el sobreseimiento y, por lo tanto, el cierre quedó firme.
El denunciante argumentó que Vidal había comprado un departamento en Recoleta por 340.000 dólares a mediados de 2019, después de presentar la declaración jurada correspondiente a ese año, en la cual informó un patrimonio de 95.000 dólares.
Según la denuncia, el monto declarado no alcanzaba para explicar la compra del departamento. Vidal justificó la adquisición diciendo que había tomado una hipoteca y que tenía ahorros. “Es el resultado del trabajo de toda mi vida, de la venta de mi casa anterior cuando me divorcié y de la mitad del auto que tenía con mi exmarido; una mitad de la casa la pagué con eso y la otra, con una hipoteca de 10 años”, alegó la exgobernadora.
Lijo, cuando la sobreseyó, afirmó: “Con la prueba reunida, no es posible cuestionar la situación patrimonial de Vidal, ya que no se observa un incremento injustificado de su patrimonio, como sostiene el denunciante”.
“Es evidente que no hubo enriquecimiento ilícito en el caso -enfatizó el juez en el sobreseimiento-, pues del análisis de sus declaraciones juradas se desprende que su capacidad económica, complementada por el crédito hipotecario, le permitió adquirir el inmueble mientras ejercía el cargo de gobernadora, disipando así cualquier sospecha inicial”.
Lijo afirmó: “Es relevante señalar que tanto las declaraciones juradas como la información proporcionada por el escribano y por los distintos organismos del sector público concuerdan entre sí, mostrando coherencia y transparencia en la evolución patrimonial de la imputada”.
En cuanto a la hipoteca, el juez dijo que “está perfectamente documentada y declarada” ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA). “Esto da verosimilitud a la deuda contraída y brinda una sólida base para comprender su situación económica, demuestra además su cumplimiento con las obligaciones fiscales y refleja responsabilidad y transparencia en la actividad financiera pesquisada”, sostuvo Lijo.

El juez subrayó “la sencillez y la falta de opacidad” de la operación. Relató que “el pago efectuado no se llevó a cabo con dinero en efectivo, como afirma el denunciante, sino que se realizó mediante una transferencia bancaria, tal como consta en la escritura pública correspondiente”. Y concluyó que “esta modalidad de pago añade un nivel adicional de transparencia al proceso, ya que queda registrado de manera clara y verificable en los registros bancarios”.
El fiscal
Ramiro González, el fiscal que consintió el sobreseimiento dictado por Lijo, tiene, como el juez, dos dependencias a su cargo. Además de su fiscalía, subroga la fiscalía federal con competencia electoral de los tribunales de Comodoro Py, la única que interviene en el control de los comicios (entre otras cosas, revisa el financiamiento electoral de los partidos nacionales). El año pasado él mismo afrontó una causa penal, denunciado por su “fastuosa y millonaria” fiesta de cumpleaños. La fiscal federal Paloma Ochoa pidió la desestimación de la denuncia con el argumento de que la presentación que dio origen al expediente era poco precisa. Sin impulso acusatorio, el juez Sebastián Casanello ordenó el archivo.
Ramiro González, ahijado judicial de María Servini, es, además, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima).
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