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Martín Irurzun cumple 75 años y pide a la Corte que resuelva en la feria judicial su continuidad como camarista
Exigió que se le habilite a seguir en el cargo y planteó una demanda de fondo contra el Estado por el límite de edad; el domingo a medianoche dejará de ser juez
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LA NACIONHernán Cappiello
Martín Irurzun juega sus últimas fichas antes de cumplir 75 años. El juez de la Sala II de la Cámara Federal, una de las figuras más influyentes de Comodoro Py durante las últimas tres décadas, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que trabaje el fin de semana y durante la feria judicial de invierno para que lo habilite a seguir en el cargo más allá de los 75 años, contrariamente a lo que dice la Constitución Nacional.
En la Corte, el pedido del juez fue recibido por un secretario que transmitió que el recurso estaba en el tribunal. Una respuesta formal. Pero en la Corte nada se va a mover en estas vacaciones, con lo que el magistrado está más cerca de la jubilación que de permanecer en el cargo.
De todos modos, el juez presentó una demanda de fondo en la justicia contencioso administrativo federal contra el Estado Nacional para que declare la nulidad del párrafo tercero del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, la cláusula incorporada por la reforma de 1994 que exige a los jueces un nuevo nombramiento, con acuerdo del Senado, para permanecer en sus cargos una vez cumplidos los 75 años.
La presentación, con el patrocinio de los abogados Alberto Antonio Spota y Federico Dal Maso, se suma a la medida cautelar ya rechazada en primera instancia y en Cámara con la cual el camarista pugna por permanecer en el cargo.
El camarista cumple 75 años el 18 de julio y la Justicia está en plena feria de invierno. Por eso pidió la habilitación de días y horas inhábiles para que la Corte resuelva este fin de semana y de la propia feria judicial para que la cautelar se resuelva antes del vencimiento del plazo.
Mientras tanto, analiza solicitar una licencia cuando termine el receso invernal, un recurso para ganar tiempo sin resignar el cargo. Pero en su propio entorno reconocen que la suerte está echada: salvo una decisión judicial de último momento, el domingo a las 0 horas Irurzun dejará de ser camarista federal.
La demanda reedita la discusión entre los precedentes Fayt y Schiffrin de la Corte.
El planteo central es que la ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional de 1994, no habilitó a la Convención Constituyente a fijar un límite etario para los jueces, y solo le permitió avanzar sobre los mecanismos de designación y remoción de magistrados.
Al incorporar la cláusula de los 75 años, sostiene la presentación, la Convención se excedió de sus competencias y cometió un acto “nulo, de nulidad absoluta”, en los términos del artículo 6° de la propia ley declarativa.
Argumenta Irurzun que agrede la garantía de inamovilidad y el carácter vitalicio del cargo, y “deviene atentatorio de la independencia del Poder Judicial”.
El escrito no ignora que la Corte Suprema ya convalidó la cláusula en el caso Schiffrin, cuando revirtió la doctrina del caso Fayt.
Pero sostiene que ese estándar “se ha extinguido” porque los jueces hoy no son los mismos, pues la salida de Juan Carlos Maqueda cambió las mayorías.
Irurzun se reserva el derecho de recusar, con expresión de causa, a todo ministro de la Corte que haya intervenido como convencional constituyente en 1994 y aprobado el precepto impugnado.
Alude al presidente de la Corte Horacio Rosatti, convencional en Santa Fe hace 32 años y autor de uno de los votos de la mayoría en Schiffrin.
Con una Corte de tres miembros, un eventual apartamiento de Rosatti dejaría el caso en manos de Ricardo Lorenzetti, que votó por la validez de la cláusula en 2017 y de Carlos Rosenkrantz, el único disidente del caso Schiffrin.
Entonces el máximo tribunal debería llamar a conjueces para resolver. Toda una arquitectura judicial que difícilmente se puede poner en marcha en horas, y mucho menos en la feria judicial.
Irurzun llegó a la Cámara Federal en 1994, presidió la Sala II y su jubilación abre una vacante sensible en el tribunal de apelaciones que revisa todas las causas de corrupción, un espacio que el Gobierno ansía ocupar con un candidato afín.
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