Mauricio Macri, el blanco de la estrategia judicial del Gobierno

Cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pidió la inhibición de bienes de Mauricio Macri por el caso Vicentin (una causa penal en la que nadie está siquiera imputado) quedó claro que la persecución del expresidente forma parte de la estrategia oficial. Sea porque Macri es un potencial peligro político para la sobrevivencia del kirchnerismo en el poder o porque las diferencias ideológicas justifican cualquier medio y cualquier fin, lo cierto es que el exjefe del Estado tuvo, como presidente, 145 causas judicial iniciadas por dirigentes del cristinismo. Sus abogados lograron cerrar 120 por insustanciales o descabelladas, pero aún le quedan 25, cinco de las cuales se abrieron en las últimas semanas. El número de expedientes judiciales puede parecer monumental, pero peor le fue como jefe de Gobierno de la Capital: entonces Macri tuvo durante los ocho años de gestión 245 causas abiertas también por dirigentes kirchneristas. Se cerraron 244. Le queda solo una abierta desde los tiempos en que estaba al frente del gobierno capitalino.

La presentación de la UIF se hizo ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan si hubo algún delito en el Banco Nación porque esta entidad le otorgó créditos multimillonarios a Vicentin. De hecho, el Banco Nación es, con 18.000 millones de pesos, uno de los principales acreedores de la empresa agroexportadora. La justicia penal investiga al directorio presidido por el economista Javier González Fraga, pero todavía no llegó al instante en que jueces y fiscales tienen las pruebas y la semi certeza de que existió un delito. Nadie está imputado. El kirchnerismo propaga que el Banco Nación le estuvo otorgando créditos a VIcentín hasta último momento, hasta poco antes de que anunciara la cesación de pagos. Fuentes del directorio liderado por González Fraga precisaron que no fue así.

El último crédito otorgado a Vicentin, aseguran, data de julio de 2018, casi un año y medio antes de que la empresa se declarara en default. Vicentin anunció que no podía pagar a sus acreedores ni a sus proveedores el 4 de diciembre de 2019. Sin embargo, el volumen del crédito sí aumento en 2019 por los efectos de la hiperdevaluación que se produjo después de las primarias de agosto del año pasado. Es decir, en 2019 creció la deuda de Vicentin con el Banco Nación por los viejos créditos, no por los nuevos que no existieron. Macri no formaba parte de esa causa hasta que apareció la UIF pidiendo la inhibición general de sus bienes.

Ercolini y Pollicita son dos magistrados demasiado serios como caer en semejante trampa. Pero importa el gesto e la UIF comandada por el abogado Carlos Cruz, que llegó a ese cargo de la mano del dirigente sindical Víctor Santa María. Santa María venía siendo investigado por la UIF desde antes por supuestas maniobras de lavado de dinero. Debe inferirse que el sindicalista ya no es investigado por nada. La presentación de 21 carillas de la UIF sobre Macri es un compendio de noticias publicadas en los diarios; no hay en ese documento ningún dato nuevo. Llama la atención que una agencia de inteligencia, dedicada a establecer casos de lavado de dinero, haya hecho un trabajo tan superficial. Alberto Fernández declaró públicamente que creía haber visto que existía sobre algunas de las personas sospechadas por la UIF un reporte de operaciones sospechosas, que es la alarma que disparan los bancos cuando intuyen que alguien está lavando dinero.

Entonces, hay que preguntarse: ¿por qué el Presidente tiene información sobre causas judiciales en marcha cuando le está expresamente prohibido por la ley? ¿O, mejor aún, por qué la UIF, que es una agencia con autonomía e independencia y que tiene la obligación de guardar secreto, le informó a él sobre el contenido de sus investigaciones? Puede ser que el Presidente haya recordado mal, pero fue sugestivo (por llamarlo de alguna manera) que tuviera datos que no debía tener.

El núcleo central del problema en la Argentina es la Justicia y no solo la política. Los jueces dejaron de hablar o de decidir como por arte de magia sobre las causas por supuestos hechos corruptos que acosan a Cristina Kirchner. ¿Quién se acuerda ahora de la llamada causa de los cuadernos, la más prolija descripción que se haya hecho de la recolección de sobornos en tiempos del kirchnerismo? Hay empresarios y exfuncionarios arrepentidos que confesaron ante la Justicia que todo era verdad y cuánto y por qué pagaron o cobraron. También paralizó la oportuna pandemia el juicio oral por el direccionamiento de la obra pública que benefició a Lázaro Báez, el viejo monotributista que se convirtió en los años kirchneristas en una de las principales fortunas del país. La Justicia descubrió propiedades de Báez en Santa Cruz por valor de 250 millones de dólares. Tampoco avanza el proceso del juicio oral por las causas Los Sauces y Hotesur, que investigó y probó el lavado de dinero por parte de la familia Kirchner. Son unas de las causas más graves de Cristina Kirchner, porque en ellas están investigados solo la expresidenta, sus hijos (que formaban parte del directorio de las empresas) y los empresarios Báez y Cristóbal López. No hay exfuncionarios en el medio.

Vale la pena detenerse en la gestión de tres jueces dentro de la estrategia de persecución a Macri. Por ejemplo, la jueza Marta Cirulli, del fuero Civil y Comercial, decretó en marzo pasado la intervención del Correo, una empresa de la familia Macri. Si bien Mauricio Macri les donó a sus hijos sus acciones en esa empresa, hay un especial interés del cristinismo para que la Justicia condene a sus propietarios. La jueza Cirulli venía dispuesta a decisiones más imparciales, pero de pronto resolvió hacer suyo un pedido expreso presentado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, con viejos rencores hacia el macrismo. En el mismo sentido que Zannini se había pronunciado la fiscal Gabriela Boquín (que no forma parte de Justicia Legítima).

El juez Federico Villena es el magistrado de Lomas de Zamora que lleva adelante una investigación sobre la presunta intervención de la AFI en tiempos de Macri en el seguimiento de personas tan dispares como políticos opositores y oficialistas de aquel entonces y de periodistas. La información le llegó al juez por la delación que surgió de una complicidad entre viejos integrantes del espionaje argentinos y narcotraficantes. Una mezcla explosiva, porque nunca se sabe de dónde parten ni hacia dónde van.

Tanto Cristina Kirchner como sus portavoces pusieron especial énfasis en el papel que cumplió Susana Martinengo, a quien le atribuyen el cargo de secretaria de Macri cuando este era presidente. Martinengo se reunió varias veces con los espías en cuestión, pero nadie del macrismo sabe por qué razón. "Lo sabremos dentro de poco", aseguran. Martinengo no era secretaria de Macri. Los únicos secretarios del expresidente son y fueron Anita Moschini, que lo conoce desde su infancia, y Dario Nieto. Martinengo trabajó en la oficina de correspondencia de la Presidencia en tiempos de Macri junto con tres o cuatro personas más. Exfuncionarios de Macri recuerdan que Martinengo les propuso, luego de las primarias de agosto del año pasado, cuando solo un milagro podía salvar al macrismo de la derrota, hacer de enlace para reunir a al entonces presidente con Sergio Massa y Máximo Kirchner. La respuesta de un colaborador de Macri fue corta y terminante: "El Presidente tiene otros canales si quisiera reunirse con esos dirigentes".

El juez Villena es el magistrado que ordenó las escuchas telefónicas en la cárcel de Ezeiza, siguiendo la pista de un narcotraficante, y que terminaron en lo que se llamó la "Operación puf puf". El juez Claudio Bonadio le reclamó luego a Villena todas las conversaciones telefónicas de los exfuncionarios y empresarios presos Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Gerardo Ferreyra y José Olazagasti (influyente exsecretario de Julio de Vido). Las escuchas telefónicas a los encarcelados en Ezeiza son legales porque intervinieron dos jueces. Esas escuchas sirvieron luego para mostrar la operación kirchnerista destinada a voltear de la causa de los cuadernos al fiscal Carlos Stornelli y al juez Bonadío. Stornelli está procesado todavía por el juez Alejo Ramos Padilla, cercano al kirchnerismo.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene desde hace más de dos años una causa abierta por el hallazgo en la casa de Cristina Kirchner de carpetas con informes de los servicios de inteligencia. Esos informes incluían grabaciones de conversaciones telefónicas de muchos políticos, periodistas y empresarios, entre ellos Antonio Brufau, ex presidente de Repsol-YPF, y de Francisco de Nárvaez en los tiempos en que este significaba una amenaza política para Cristina Kirchner.

Martínez de Giorgi no hizo nuca nada. ¿Por qué? Solo cabe la deducción. Su esposa está en la lista de candidatos a jueces que necesitan el acuerdo del Senado. El propio juez, dicen a su lado, aspira a ascender y cubrir la vacante de camarista que existe en la Cámara Federal. También necesitará el acuerdo del Senado. A Martínez de Giorgi le tocó ahora la denuncia de la actual AFI sobre supuestas intervenciones de mails en tiempos de Macri. Debería excusarse antes de formar parte de una estrategia de persecución política.

Por Joaquín Morales Solá

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