Mendoza: va a juicio político el juez que quiso cobrar millonaria indemnización

Irá a juicio político el polémico juez mendocino Antonio Sánchez Rey, de 77 años, por querer cobrar una millonaria indemnización luego de sufrir un accidente laboral menor.

Así lo dispuso por unanimidad la Comisión del Jury de Enjuiciamiento de Mendoza, compuesto por 12 miembros, al considerar que existió mal desempeño de la función pública e inconducta, por lo que el magistrado fue suspendido de su cargo y pasará a cobrar la mitad de su abultado sueldo, uno de los más altos del Poder Judicial provincial.

De esta manera, el juez quien, luego del escándalo apuró los trámites para acceder al beneficio de la jubilación presentando la renuncia, encontrando como respuesta el rechazo del gobernador Alfredo Cornejo en marzo de este año, corre ahora el riesgo de ser destituido. El antecedente más cercano, que desembocó en la expulsión de la Justicia, ocurrió en octubre del 2017, con la controversial "fiscal viajera", Anabel Orozco.

El ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, expresó a LA NACION que el proceso iniciado contra Sánchez Rey representa un paso fundamental para el crecimiento y la confianza en las instituciones. "Simplemente la importancia que tiene esto es que se adoptó una decisión contra una conducta inapropiada. Es un gran valor y un reconocimiento a la gran mayoría de los jueces que obran como corresponde", indicó el funcionario mendocino.

En mayo del 2017, el histórico magistrado de la Quinta Cámara Laboral, padeció un accidente en uno de sus brazos con un portón en los tribunales locales por lo que inició una demanda, la cual quedó bajo la mira judicial: un convenio resarcitorio por 4,5 millones de pesos. El siniestro se produjo el año pasado en una playa de estacionamiento oficial al intentar cerrar el portón automático con un sensor que no funcionó correctamente, lo cual le produjo que su brazo quedara atascado y sufriera lesiones en sus dedos, quedando con una incapacidad física en la mano del 29%.

Sin embargo, las alertas se dispararon cuando se conoció que el acuerdo en cuestión recayó en su propio juzgado, además de confirmarse que hubo "presiones" hacia sus pares para que fallaran a su favor. También, se conoció que el magistrado acudió a la ART Provincia y rubricó el polémico pacto, de la mano de su hijo, el abogado Diego Sánchez Azcona. Ante esta situación, intervino la Corte y derivó el caso a otra cámara y, finalmente, quedó en manos del máximo tribunal. A raíz de estos episodios, el Ministerio de Producción y Trabajo pidió que se investigara si había existido connivencia entre los letrados que llegaron al millonario pacto indemnizatorio por las lesiones que sufrió Sánchez Rey, el cual lo establecieron en un monto tres veces superior del que correspondía.