Meritorios, la cara oculta de la Justicia

Todas las mañanas, de 7.30 a 13.30, atienden al público en las mesas de entradas de cientos de juzgados. Sin embargo, no cobran sueldo, no tienen obra social, no hacen aportes jubilatorios ni están asegurados contra accidentes.

Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que la justicia nacional emplea en negro a más de 1200 meritorios. De su trabajo no hay constancia alguna. Formalmente, fueron prohibidos por una acordada de la Corte de 1977, que incorporó a los que había en aquel entonces y vedó el ingreso de nuevos.

Pero el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura -a cargo desde 1998 de la administración del Poder Judicial- reconocen la existencia de estos trabajadores sui generis. Desde 1997, el pedido de presupuesto para la Justicia incluye, todos los años, la solicitud de una partida para incorporar a los meritorios.

Se trata de una práctica arraigada desde hace más de cuarenta años: los jueces toman estudiantes de Derecho que, ad honórem, realizan las tareas burocráticas del juzgado. A cambio, ganan experiencia y la ilusión de que, el día en que se produzca una vacante, serán contratados, aunque para eso suelen esperar meses o incluso años.

"¿Dónde está la coherencia de la Justicia?", preguntó retóricamente a LA NACION el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato. "La Justicia debe demostrar para adentro lo que exige que se cumpla para afuera y un juez que tiene un meritorio traspasó los límites de la legalidad", denunció. Para Piumato, "es un verdadero disparate" que exista gente trabajando en negro en la Justicia.

"Ni siquiera son trabajadores en negro: son esclavos", afirmó Joaquín da Rocha, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y autor de un proyecto para que el ingreso en la justicia nacional sea por concurso. Da Rocha estimó que los meritorios son "el 10 o el 12 por ciento de los empleados judiciales". Según el Consejo, la estructura permanente del Poder Judicial de la Nación es de 16.452 empleados.

El laboralista Pedro Kesselman, director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, consideró vergonzosa la situación y explicó que los meritorios tendrían derecho a hacerle al Estado un juicio laboral. "El problema va a ser encontrar un juez que no se excuse, cuando son tantos los que tienen meritorios", observó.

En las previsiones para 2006, el Consejo solicitó 20.125.180 pesos para regularizar la situación de 1200 meritorios. Este número es aproximado, ya que la informalidad que caracteriza su trabajo hace que no se sepa con certeza cuántos son.

En 1998, un censo indicó que los meritorios eran 870. "Este número siempre fue considerado parcial", admitió a LA NACION Cristina Akmentins, administradora general del Poder Judicial, que explicó que cuando se hizo aquel relevamiento hubo cámaras y jueces reticentes a certificar esta situación de hecho.

Los consejeros reconocen que es inadmisible esta forma de empleo, pero alegan que hay un obstáculo insalvable para resolver el tema: la partida presupuestaria que nunca llega. "Que esto pase en la justicia nacional no tiene explicación; es una vergüenza", estimó Humberto Quiroga Lavié, consejero representante de los académicos, que protestó contra "el recorte sistemático" de los legisladores al pedido de presupuesto.

La consejera y diputada de ARI, Marcela Rodríguez, coincidió en que la situación de los meritorios es "completamente irregular" y advirtió que se produjo una "aceptación tácita" porque todo el mundo sabe lo que pasa. En el mismo sentido, uno de los representantes de los jueces en el Consejo, Abel Cornejo, consideró que tomar meritorios es una "mala práctica" que se mantiene por falta de presupuesto. "Estoy absolutamente en contra del sistema. Propuse que, al menos, les demos planes Trabajar", afirmó Cornejo, que sostuvo que nunca tuvo meritorios "porque violan el principio de igual remuneración por igual trabajo".

Necesarios

Muchos son los jueces que dicen que les sería imposible llevar adelante su juzgado sin los meritorios. En los últimos 30 años se multiplicaron las causas en muchos fueros y, salvo en materia penal, no hubo reformas de fondo en la estructura judicial.

"Si yo tuviese que trabajar con el plantel real, se atrasaría el trabajo en un tercio", señaló a LA NACION Cecilia Federico, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 94 de la Capital, que -según las estadísticas del propio tribunal- hoy tiene más del doble de expedientes que hace diez años y el mismo personal.

"Un juzgado comercial no puede funcionar sin meritorios", dijo Juan Garibotto, juez del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 2, que tienen en total 30 empleados y nueve meritorios, repartidos en sus tres secretarías. "Si un chico se accidenta, ¿yo cómo explico esta situación, si voy en contra de la acordada de la Corte?", relató preocupado a LA NACION.

El presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, Miguel Angel Caminos, fue meritorio durante tres años. "Desde el punto de vista jurídico, la situación de los jueces que tienen meritorios es difícil, pero para los chicos que quieren formarse y entrar a la Justicia es útil", indicó Caminos, que sostuvo que la acordada que los prohíbe nunca fue cumplida. Advirtió, sin embargo, que "los meritorios no pueden convertirse en los que sostengan al Poder Judicial".

Dos organizaciones no gubernamentales especializadas en temas judiciales -Fores y Cippec- consideran que es preciso organizar un sistema de ingreso legal, transparente y basado en la idoneidad para evitar que sean los "acomodados" los únicos que trabajen en la Justicia.

En estos momentos, el Consejo de la Magistratura tiene abiertas negociaciones paritarias con el gremio y el segundo tema por resolver -después del reclamo salarial- es el pedido de incorporación de los meritorios.

El gremio de empleados judiciales reclama la urgente incorporación de todos los meritorios que hoy están trabajando. Para evitar situaciones inequitativas, Piumato propone, una vez efectivizados, distribuirlos según las necesidades de cada juzgado.

"Hay unanimidad en decir que esto es un disparate, pero no existe decisión política de ponerle fin", denunció el gremialista, que relató que durante meses organizó ñoquiadas cada 29 en la plaza Lavalle (frente al Palacio de Tribunales) "en honor a los antiñoquis".

Resolver cuántos meritorios serán incorporados y de qué modo requerirá más debate, según advierten los consejeros. Por el momento, acordaron hacer un nuevo censo que determine con precisión cuántos meritorios hay y cómo están distribuidos.

La situación en el interior

A excepción de algunos casos aislados, los tribunales locales de las diferentes provincias prácticamente no tienen empleados que trabajen gratis y en negro.

En el Poder Judicial de Buenos Aires, por ejemplo, si bien hoy no hay meritorios, hace un año eran casi 2000. El 24 de agosto último, el gobernador Felipe Solá incorporó a la planta permanente de la Justicia provincial a los últimos 953. Cumplió así con un compromiso asumido ante la Corte bonaerense hace un año y medio.

Entonces, Solá había prometido absorber en dos tandas a los 1913 meritorios que se desempeñaban en juzgados y en fiscalías. La Corte, en tanto, prohibió el ingreso de nuevos practicantes. Según la Asociación Judicial Bonaerense, hubo gente que llegó a trabajar sin cobrar sueldo durante seis años.

En Entre Ríos, la situación es parecida a la de la justicia federal. Existen unos cien meritorios que realizan tareas en el Poder Judicial de la provincia sin gozar de sueldo. Tampoco hacen aportes jubilatorios, ni tienen obra social ni seguro de riesgos.

En San Luis, la figura del meritorio no existe desde hace 20 años. Se propuso reincorporarla para resolver la mora judicial, pero el gremio local se opuso y la idea se desechó luego de debatirse en una audiencia pública.

Por Por Paz Rodríguez Niell <br/> De la Redacción de LA NACION

---

Conforme a