Mientras la defensa de Rigau busca impedir que se abra el celular, la causa ya tiene sorteada la sala II del Tribunal de Casación

LA PLATA.- La defensa de Julio “Chocolate” Rigau presentó un planteo ante el Juzgado de Garantías N°1 de esta capital para intentar impedir que se abra el teléfono del puntero justicialista, una pericia prevista para la semana que viene.

El juez de garantías Guillermo Atencio analiza el pedido de la defensa y da vistas a la fiscal Betina Lacky para resolver si frena o no la pericia fijada para el miércoles próximo. En tanto el trámite avanza en el Tribunal de Casación: ayer se sorteó la sala II para actuar sobre la admisibilidad del recursos interpuesto por el Fiscal General de La Plata Héctor Vogliolo.

La sala II del tribunal de alzada -compuesta por María Florencia Budiño y Luis María Mancini- ya tiene participación para resolver primero sobre la admisibilidad del recurso que fue en queja sobre la nulidad de la causa y luego sobre la cuestión de fondo. Pero no hay plazos para este trámite. Y el avance de la causa o el freno de la misma por ahora se dirime en el Juzgado de Garantías N°1.

“La defensa se presentó en contra del pedido de la fiscal para que avancen las medidas de prueba”, informaron fuentes de ese juzgado de garantías a La Nacion. Atencio dio intervención a Lacky y la fiscal tiene hasta el martes para insistir.

En concreto la defensa y la fiscalía pujan para que el juez defina si el recurso que se tramita sobre la nulidad de la causa es con efecto devolutivo o suspensivo.

La discusión sobre el alcance del recurso elevado por el fiscal General Héctor Vogliolo no es menor: el efecto suspensivo impide la ejecución de la sentencia – es decir que se declare nulo todo lo actuado en la causa hasta tanto se expida Casación-. En tanto el efecto devolutivo que no se suspende la ejecución, en este caso quedaría paralizada por la nulidad dispuesta por la sala III de la Cámara de Apelaciones.

El juez Atencio se pronunciará la semana que viene sobre esta discusión.

En lo inmediato dio traslado a la fiscal Lacki que tiene tres días para insistir con las medidas de prueba.

Lacky ayer elevó un pedido para reabrir a fondo la investigación sobre el puntero del PJ detenido cuando cobraba el sueldo con tarjetas de debito de 49 empleados de la Cámara de Diputados bonaerense y dispuso una batería de 20 medidas de prueba que incluyen la apertura de su teléfono celular, dispuesta para la semana que viene.

Mientras la fiscal también analiza los nombres de otras 25 personas que habría mencionado Rigau en sus escritos personales. Estos también serían empleados de la Cámara de Diputados.

La causa contra Chocolate Rigau investiga un sistema de financiamiento de la política con empleados “ñoquis involuntarios” que no sabían que estaban designados y otros cobraran por ellos, o casos de personas que entregaban parte o todo su sueldo a la política a cambio de contar con obra social o los aportes para una jubilación futura.

La fiscal, según los documentos del caso a los que accedió LA NACION, resolvió abrir el celular de Rigau y analizar mensajes, llamadas, imágenes y videos. “Dispóngase la realización de pericia de análisis técnico sobre el teléfono celular marca Samsung modelo SM-G532M de color gris, con funda de color negra con IMEI nro 353108085207318/01 con SN R28K4338TJP con chip de la empresa personal con numero 8954341041 9090742478 para el día 11 de octubre de 2023, a las 08.30 horas”, decidió.

El estudio del teléfono en poder del ministerio Público lo hará el perito Alejandro Leyes, “a fin de efectuar un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés para la presente”.

La fiscal también dispuso pedir al Banco Provincia las filmaciones de las cámaras de seguridad del sector de los cajeros automáticos correspondientes a la sucursal de Plaza San Martín, del 5 de septiembre entre las 5 y las 7.30; el 6 de septiembre entre las 20 y las 22; el 7 de septiembre entre las 19 y las 21; y el 8 de septiembre entre las 18 y las 22, cuando se creen que Rigau hacía las extracciones de fondos con las tarjetas de débito.

Además, Lacki le pidió al banco que remita copia de las filmaciones de las cámaras de seguridad del sector de los cajeros automáticos de la sucursal en que se hayan efectuado extracciones de dinero, en julio y agosto, con la idea de ampliar la investigación y determinar si esta era una maniobra que se venía repitiendo en el tiempo. También quiere saber si Rigau era titular de una o varias cuentas y sus movimientos.

Por otra parte, la fiscal le pidió a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que explique qué significa que un empleado trabaje en el “bloque político”, como figuraba en sus legajos. “Pues en la mayoría de los casos se trató de personas que entraron por el PJ, el Frente Renovador o Juntos por el Cambio y luego empezaron a revistar en el ‘bloque político’”, señaló.

Lacki quiere saber de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo. Quiere saber dónde trabajaban, quién era su jefe, qué régimen laboral tenían, a que hora entraban y salían. La fiscal solicitó los contratos de cada uno y el legajo de Rigau.

Además, le solicitó a Canal 13 una copia de la entrevista a un indigente que duerme en el cajero y que vio el procedimiento de Rigau y habría alertado a un policía plantense. Por su parte, requirió a la Municipalidad de La Plata los registros de las cámaras de seguridad en los días en que Chocolate extrajo los fondos.

Finalmente, la fiscal dispuso sucesivas audiencias de declaraciones testimoniales que culminarán el 13 de noviembre, con todas las personas cuyas tarjetas de débito fueron secuestradas a Rigau. A razón de tres declaraciones por día. Se les hará saber que “deberán comparecer bajo apercibimiento de ser conducidos mediante el empleo de la fuerza pública”.

Lacki quiere saber si Rigau tiene otras líneas telefónicas, además de la que está en el teléfono secuestrado y el contenido de ese celular, que hace entrar en pánico a toda la clase política de la provincia de Buenos Aires, sin distinción de partidos.

Por María José Lucesole

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