Myriam Bregman: “Lo de Máximo Kirchner confirma que el acuerdo con el FMI es un nuevo pacto de coloniaje”

Myriam Bregman no concibe que se diga que no existen alternativas al camino de “sometimiento” y “cogobierno” que, a su criterio, comienza en la Argentina a partir del principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La abogada y diputada nacional por el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) sostiene que el entendimiento alcanzado por Martín Guzmán con el organismo dirigido por Kristalina Georgieva constituye, lisa y llanamente, “una legitimación de la estafa macrista”.

“No nos van a convencer de que lo único que nos queda es agachar la cabeza”, afirma Bregman en una entrevista con LA NACION, en la que lee la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de la bancada oficialista como un síntoma: “Confirma que el acuerdo con el FMI es un nuevo pacto de coloniaje y expone, a su vez, el enorme límite que tiene el kirchnerismo para presentar una alternativa de salida a la crisis”.

Frente a lo aparentemente inexorable, su propuesta es avanzar en un “desconocimiento soberano” de la deuda externa, echando mano a lo que en el Derecho Penal Internacional se denomina “doctrina de la deuda odiosa”. Aunque la describe como una medida que “no debe tomarse aisladamente”, sino a la par de mecanismos que eviten la fuga de capitales, como la “nacionalización” del sistema bancario y del comercio exterior.

Ese posicionamiento es compartido por el conjunto de la bancada del FIT-U en la Cámara baja, cuyos cuatro miembros ya adelantaron que rechazarán cualquier plan plurianual enviado por Alberto Fernández al Congreso. Al mismo tiempo que hacen saber que no está entre sus consideraciones abandonar la calle: el próximo 8 de febrero volverán a movilizarse a Plaza de Mayo en contra del pago de la deuda.

–Finalmente, el Gobierno y el FMI llegaron a un principio de acuerdo después de dos años de negociaciones. ¿Cómo lo leen desde la izquierda?

–Fue una negociación en lo formal, porque el Fondo logró imponer la mayoría de las condiciones que quería para la Argentina y el Gobierno se subordinó a pagar. En el anuncio del Presidente quedó claro que habrá devaluación, que van a reducir el déficit y ajustar todavía más las cuentas públicas. Eso es lo que pretendía el FMI desde el principio. La situación que venga después de eso, todavía está por verse.

–¿Podría decirse entonces que el FMI logró torcerle el brazo al Gobierno?

–No. Lo que acaba de hacer Alberto Fernández es legitimar y ponerle firma a la estafa macrista, algo que nunca puso en duda. Desde que asumió, el Presidente clausuró cualquier otra posibilidad y solo eligió el camino del acuerdo. Y el acuerdo es eso: sometimiento a los dictados del Fondo. A lo que hay que sumarle, además, el cogobierno que eso implica, ya que no solamente se exige ajuste, sino que habrá un monitoreo por parte del organismo de todos los aspectos de la política del país.

–La renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista parece indicar que al kirchnerismo le resulta imposible digerir lo que anunció el Presidente, muy lejos de aquella “soberanía” declamada al pagarle al Fondo en 2005.

–El paso al costado de Máximo Kirchner confirma todo lo que venimos denunciando: el acuerdo con el FMI es un nuevo pacto de coloniaje y significará un duro ajuste contra el pueblo trabajador. Demuestra también el enorme límite que tiene ese sector para presentar una alternativa de salida a la crisis. Porque, si vamos al caso, lo que hizo el kirchnerismo en 2005 fue legalizar la deuda. En nombre de la soberanía, pagaron una de las tantas estafas del Fondo Monetario, como era la deuda que venía desde la dictadura, cuando ahí no hubo una deuda, sino una estafa y un mecanismo de dominación. Sí, pagaste todo, coyunturalmente te sacaste de encima la tutela del FMI, pero al mismo tiempo instauraste algo muy regresivo políticamente, que es esto de que las deudas se pagan como sea. Y así formaron a miles y miles de militantes, de personas que ellos influyen políticamente

–Así y todo, en el Gobierno celebraron que no se afectará el crecimiento y que abrirá las puertas para nuevos financiamientos.

–Nada de eso está garantizado si tenemos en cuenta que van a haber diez revisiones trimestrales en los próximos dos años y medio. No me parece que eso lleve a la estabilidad y que sea la salida para los graves problemas que tiene la Argentina. Como tampoco me parece que el Gobierno vaya a poder cumplir, de acá al final del acuerdo, con todos los vencimientos, porque la situación económica difícilmente se vea beneficiada.

–Bueno, sin ir más lejos, Guzmán pactó con el Fondo un déficit fiscal para este año menor al porcentaje que había incluido en el fallido Presupuesto 2022.

–Esa es una muestra clara de que las medidas que te obligan a tomar son de carácter recesivo. Y la auditoría cada tres meses significará que, cada vez que en la Argentina se quieran discutir cuestiones importantes, el Fondo muy posiblemente lo vete. Supongamos que se pretenda aumentar el presupuesto en educación, ¿el FMI te va a dejar subir esas partidas? ¿Cómo se va a solucionar, por ejemplo, el problema muy serio que tiene hoy la Argentina con los servicios públicos? El Gobierno dice que va a aumentar las tarifas, pero no que va a aumentarse las inversiones ni que se va a poder discutir el sistema de privatizaciones de Edenor y Edesur, que se ha demostrado como una catástrofe.

–A principios de enero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había dicho que vislumbraba “un acuerdo bueno”, pero aclaró: “en términos relativos”. Parecía ya abrir el paraguas para lo que podía venir.

–Es que no se llegó porque sí hasta acá, fue una decisión política. Macri dejó una situación terrible, catastrófica, pero el Frente de Todos cerró todas las posibles salidas y dejó abierta solo una: la de acordar con el Fondo, tal y como se acaba de hacer. El camino contrario hubiera significado enfrentar 40 años de políticas del capital financiero internacional, que llevaron a que los países estén atados y a que se instale la idea de que las deudas se pagan a cualquier costo. Está a la vista con este entendimiento, que no es una reestructuración como se intentó vender en un principio, sino una refinanciación: la deuda se paga con nuevas deudas que te someten todavía más que las anteriores. Por eso, por más que se pague, la deuda nunca baja. El Fondo no quiere solamente cobrar, sino también imponerle al país determinados condicionamientos políticos.

–¿Perdió tiempo Alberto Fernández?

–No, él decidió esto. El Gobierno eligió este camino teniendo una situación excepcional como era la de la pandemia. Porque si había algo que habilitaba a cuestionar la enorme deuda macrista, eso era que tenías que atender otras prioridades. Pero jamás se puso en duda que la prioridad era el acuerdo con los privados y el pago al FMI por sobre la pandemia, como reconoció la propia Cristina Kirchner. Desde el vamos se aceptó que esta era la única estrategia posible, pese a contar con todas las herramientas, no solo políticas, sino también jurídicas.

–¿Qué otra cosa podría haber hecho la Argentina?

–Alberto Fernández tenía todas las herramientas a la mano. Tenía a su alcance las posibilidades de asociarse a otros países en la pelea. Ni que hablar de utilizar la movilización popular. Pero no tomó ni el camino político ni el camino jurídico. Por el contrario, desde el primer día dijo que se iba a pagar. Entonces se llegó al embudo de la semana pasada, sin ningún tipo de margen, callando a quienes lo criticábamos, diciéndonos que éramos irresponsables, que Guzmán era amigo de Joseph Stiglitz y que el FMI había cambiado. Argumentos que se parecen bastante a los que usaba Macri para justificar lo mismo.

–¿Ve entonces una matriz de continuidad entre la gestión anterior y esta?

–Sí. Cristina lo puso a Alberto para ir al FMI y aceptar este sometimiento, que es, como nosotros venimos señalando, un camino que ya se conoce. Argentina llegó a esta situación de decadencia actual no por desafiar al Fondo, sino por haber cumplido con todo lo que pidió el Fondo. Y en ese camino, de la dictadura para acá, se multiplicó por 42 la deuda en dólares. Pagaste 600.000 millones de dólares y seguís debiendo 300.000 millones. La pobreza pasó del 4% al 40%. Los salarios cayeron a la mitad respecto de lo que tenías a mediados de la década del 70. O sea, el resultado de cumplir con el FMI está a la vista.

–Hay un consenso generalizado que dice que no arreglar hubiera sido peor.

–Nosotros no nos desentendemos de lo que puede pasar si no se le paga al FMI. Sabemos que la ruptura derivaría en intentos de corrida, en maniobras para sacar los dólares del país. Pero no nos van a convencer de que lo único que nos queda es agachar la cabeza. Por eso decimos que lo que hay que hacer es un desconocimiento soberano de la deuda. Pero que esa medida no debe tomarse aisladamente, sino como parte de un conjunto de medidas que empiecen por nacionalizar el sistema bancarios y el comercio exterior. Porque, sin esas políticas que eviten los mecanismos de fuga, se estaría dejando al país completamente desarmado frente a todos los pulpos financieros del mundo que obviamente intentarán, como lo hicieron siempre, torcernos el brazo para que cedamos ante determinadas condiciones. Sabemos que eso implicaría asumir un programa completamente distinto del que asumió el Gobierno, que hace dos años decía que iba a terminar con la herencia macrista, que iba a recuperar lo que se había perdido, pero lo que eligió fue continuar en la misma senda.

–¿En qué consistiría desconocer soberanamente la deuda?

–Hay un elemento que no podemos dejar pasar, que es que acá no se investigó ni se juzgó, ni se pensó en ningún momento seriamente en eso. Lo máximo que hizo el Gobierno fue tirar una querella en tribunales, como decimos los abogados cuando algo se hace como un gesto para la tribuna. Es evidente que el acuerdo que firmó Mauricio Macri con el Fondo fue totalmente ilegal, que no cumplió con las mínimas normas vigentes al momento de su firma. Eso puede enmarcarse en lo que en el Derecho Penal Internacional se denomina “doctrina de la deuda odiosa”, es decir, que la deuda externa contraída y usada contra intereses de las mayorías, a sabiendas de quienes la otorgaron, no tiene por qué pagarse ni es exigible su devolución, sino que es nula. Países como México o Estados Unidos la utilizaron en algún momento.

–¿Fue también la política que tomó Ecuador en 2008?

–Lo que se hizo en el caso ecuatoriano fue investigar la deuda, que es el primer paso en el camino para ese desconocimiento soberano que planteamos desde el Frente de Izquierda. Aunque después Rafael Correa haya terminado cediendo, lo que demuestra Ecuador es que si se toma la decisión de investigar las deudas, estas se caen. Sucedió en la Argentina con el caso Olmos [investigación iniciada a partir de una denuncia del periodista Alejandro Olmos en 1982, que terminó en un fallo del exjuez federal Jorge Ballesteros acerca de la deuda externa argentina], que demostró que durante la dictadura hubo casi 500 irregularidades: 477 ilícitos ligados al endeudamiento, solamente en el período 1976-1982.

–Alguno podría argumentar que esa fue una deuda tomada por un gobierno no democrático.

–Sí, pero a ese argumento se le puede contraponer, como te decía, que el gobierno de Cambiemos pactó con el FMI violando toda la legislación vigente, empezando por la propia Constitución. Esto ya fue analizado en 2018 en un fallo del juez Julián Ercolini, en el que Macri es desligado de responsabilidades por pactar con el Fondo sin pasar por el Congreso. La Constitución te exige que, si hay un acuerdo, debe estar explicitado. Sin embargo, el juez Ercolini justifica su fallo tomando como válido un artículo de la Ley de Administración Financiera del menemismo donde se mencionaba que el Poder Legislativo delegaba facultades en el Poder Ejecutivo y que, si el país ya era miembro de tal o cual organismo, el presidente podía firmar sin consultar con el Congreso. Lo cierto es que en el año 1994 se reforma la Constitución y se da un plazo para que toda facultad delegada, que no sea ratificada expresamente, caduque. Ese plazo se cumplió alrededor de 2010. ¿Qué pasa una vez que se plantea eso? Ercolini, con mucha creatividad jurídica, señala que, como esa ley había sido puesta en un digesto jurídico que recopila las leyes, eso demostraría que hubo voluntad de que la ley continúe vigente. Entonces manda a pedir un informe al Congreso, que le responde que en el digesto jurídico nunca se aprobó. Un papelón.

–¿Cómo va a encarar la izquierda el debate del plan plurianual en Diputados?

–El plan plurianual tiene un objetivo claro que es pagarle al Fondo. En ese sentido, te puedo adelantar desde ahora que lo vamos a rechazar. Nosotros tenemos un programa absolutamente distinto, que prioriza la recomposición de jubilaciones y salarios, lo que nos parece algo urgente. Nosotros queremos discutir la reducción de la jornada laboral a seis horas sin afectar el salario, para demostrar que solamente con el Estado y las grandes empresas se podrían crear un millón de puestos de trabajo. Además, queremos tomar la agenda ambiental, no la del extractivismo. Todas las leyes que envió el Gobierno para extraordinarias son una profundización total de la extensión de la frontera de la soja, con enormes concesiones para los sectores que más ganaron durante la pandemia, como es el petrolero y el agroindustrial. Todo para conseguir los dólares para pagarle al Fondo.

–¿Van a continuar con las manifestaciones callejeras en contra del pago de la deuda, como la que realizaron la semana pasada al Ministerio de Economía?

–Sí, el próximo martes 8 de febrero salimos de nuevo a la calle. Vemos la movilización como una herramienta fundamental, que debería comprometer a todos los sindicatos, a todos los movimientos sociales y a todos aquellos que hoy están en una línea crítica respecto del acuerdo. El polo que nosotros integramos como Frente de Izquierda-Unidad, y del que también forman parte otras 200 organizaciones, es claramente un polo de referencia independiente que implica una posición de ruptura con el Fondo, de no pago de la deuda, pero también de cuestionamiento fuerte a la política que Alberto Fernández vino llevando adelante hasta ahora. Porque acá no estamos en diciembre del 2019, estamos en febrero de 2022. Y creemos que la fortaleza que nos da la movilización es la de justamente esa: poder plantear nuestra agenda en la calle, que es lo que en definitiva a nosotros nos interesa. Que la voz que representamos en el Congreso sea la voz de las demandas que construimos ahí.

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