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Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens
El Gobierno reabrió un diálogo con el peronismo para cubrir las dos vacantes
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LA NACIONHernán Cappiello
El Gobierno retomó las negociaciones con el kirchnerismo para completar la Corte Suprema de Justicia, después de un largo intervalo por las elecciones. Ambas partes acordaron proponer un candidato por el oficialismo, otro por la oposición, sin vetos cruzados, pero con figuras acordadas.
Por el lado del Gobierno, suena el nombre del camarista Mariano Llorens; del lado del kirchnerismo, el de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien no tendría objeciones por parte del Gobierno a su postulación, como si lo hubo con María de Los Angeles Sacnun, dijeron fuentes oficiales a LA NACION.
Llorens es apreciado en el Gobierno y por eso lo postularía, aunque algunos que lo quieren y lo apoyan sostienen que es más importante que mantenga su cargo estratégico en la Cámara Federal, el tribunal intermedio que tiene la llave para que los casos de corrupción lleguen o no a juicio.
Su permanencia aseguraría el equilibrio actual de la Cámara Federal, con Leopoldo Bruglia, Pablo Bertucci, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quien espera que el Senado le dé un nuevo acuerdo para seguir siendo camarista luego de los 75 años.
De todos modos no se descarta que con la renovación del Congreso en diciembre se abra la negociación para buscar los votos de los senadores que responden a los gobernadores del peronismo clásico, como Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero.
El problema es que ahí empiezan a tallar otros nombres de candidatos por parte del peronismo, que van desde juezas del interior con prestigio como Claudia Beatriz Sbdar, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán, alguna jueza cordobesa o la camarista de Salta Mariana Catalano, dijeron fuentes al tanto de las conversaciones. De todos modos, aún en este escenario Cristina Kirchner será consultada.
Los interlocutores de estas negociaciones que arrancaron hace meses y se congelaron con el fallo que confirmó la condena de Vialidad contra la expresidenta en junio pasado, siguen siendo los mismos: Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia, alfil de Santiago Caputo, y Juan Martín Mena, exviceministro de justicia del kirchnerismo, de confianza de Cristina Kirchner y actual ministro de Axel Kicillof.
Hubo un poroteo después de las elecciones para sondear si era posible avanzar en una votación en sesiones extraordinarias, pero no se llegaba a tiempo, evaluaron desde el Gobierno. Por eso se postergó todo para ser tratado el asunto en sesiones ordinarias, en marzo del año próximo, donde incluso llegará Patricia Bullrich al Senado y puede ser una de las negociadoras con el peronismo.
Ese escenario y los tiempos no sorprendieron en la Corte Suprema de Justicia, donde una fuente del alto tribunal entendió, en una charla con LA NACION, que tras el resultado electoral, el Gobierno iba a querer iniciar el año judicial 2026 con la Corte integrada por completo.
Hoy la Corte está compuesta por solo tres miembros; Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y recurren a conjueces cuando hay una disidencia, ya que se necesitan tres firmas coincidentes ara llegar a una mayoría.
Las pujas en la Corte entre Lorenzetti y sus colegas, con quienes mantiene diferencias sobre la gestión del tribunal, siguen pero no están tan visibles como el año pasado.
Junto con la motorización del proceso para cubrir las vacantes en la Corte, también se empezó a hablar de la designación al mismo tiempo del Procurador General de la Nación, pero en el Gobierno dijeron que prefieren concentrarse por ahora en el máximo tribunal. En este marco circuló una versión de que el nombre del juez Ariel Lijo podría ser reflotado, pero esta vez para procurador, aunque las fuentes oficiales desestimaron esa posibilidad.
Sí está claro que desde marzo se acelerará la cobertura de las vacantes en el Poder Judicial. Es una deuda gigantesca del Gobierno, pues hoy suman cerca de 230 las vacantes entre jueces, fiscales, y defensores oficiales. Son casi un 35 % entre los jueces lo que paraliza los tribunales orales federales, La Cámara en lo Penal Económico, el fuero civil, o el fuero laboral.
La mayoría de los candidatos para cubrir estos cargos ya fueron seleccionados por el Consejo de la Magistratura que elevó las ternas al Poder Ejecutivo. Es ahora el Gobierno el que debe mover las fichas, enviando a su candidato al Senado para que le dé acuerdo, lo que exige otra negociación política. El 80 % está consensuado con el peronismo, dicen en el Gobierno.
En las sesiones extraordinarias, en cambio, los proyectos prioritarios son el presupuesto, la reforma impositiva, la reforma laboral y el nuevo Código Penal con tipos penales más duros.
En tanto, la gestión judicial del Poder Ejecutivo se relanzará desde la semana que viene tras el fallido anuncio de la salida de Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia y su posterior retractación.
El funcionario estaba convencido y les dijo a sus allegados que pensaba irse a fin de año, pero el sábado antes de las elecciones lo llamó Karina Milei y le pidió que se quede, pues lo reconocía como un integrante del equipo esencial.
Luego lo llamó el propio Javier Milei y el domingo, con un resultado electoral que nadie presagiaba en el Gobierno se subió al escenario a festejar.
Desde ahí quedó claro que Cuneo Libarona no iba a dejar el Gobierno, como lo había hecho horas antes el entonces canciller Gerardo Werthein. Su lugar era clave, pues obturaba así el casillero del Ministerio de Justicia para que no sea ocupado por Santiago Caputo, con su alfil, Amerio.
La interna en el Gobierno, a pesar de la recomposición del Gabinete y los cambios en la geometría del poder, sigue intacta entre el Karina Milei y Santiago Caputo. En medio quedó la gestión judicial.
Tras operarse de una rodilla en la Clínica Trinidad de Palermo, Cúneo Libarona retoma desde esta semana las tareas a full con viajes en diciembre a Chaco y Corrientes para poner en marcha el sistema acusatorio allí, y promover el nuevo Código Penal, hasta interesarse en la audiencia que habrá en la Comisión Interamericana sobre libertad de expresión en la Argentina, donde expondrá Fopea.
Su permanencia en el cargo ahora depende de lo que le pidieron Karina y Javier Milei, pero en el Gobierno estiman que al menos permanecerá en 2026.
En la lista de pendientes de su gestión se acumulan poner en marcha el código acusatorio en Comodoro Py 2002, en La Plata y en Córdoba y trabajar sobre la definitiva reducción de los registros de propiedad automotor.
Por Hernán Cappiello
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