No hay razones que justifiquen el deterioro

Gustavo Maurino
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2 de julio de 2012  

A esta altura de nuestra corta pero intensa experiencia constitucional y democrática debe ya resultar evidente que sin jueces idóneos e independientes no hay Justicia, sin Justicia no hay Derechos, sin Derechos no hay Estado de Derecho y sin éste no hay Democracia valiosa, sino fuerza y poder desnudos y abusivos, tanto público como privado, contra los más débiles.

Desde hace décadas el Poder Judicial de nuestro país resulta gravemente disfuncional en varios aspectos, y algunas de sus fallas estructurales no han sido aún atenuadas a pesar de valiosos esfuerzos institucionales realizados. Acaso una de lasmás graves sea la persistente falta de Jueces y Juezas para los tribunales nacionales (con un déficit actual sin precedentes de más de 200), originada en la pasividad del Consejo de la Magistratura y la Presidencia de la Nación.

Muchas especulaciones podrían hacerse sobre las "motivaciones" posibles delos responsables para crear y mantener esta situación que debilita al poder judicial, los derechos y la democracia.Pero lo verdaderamente importante es que no existen "razones" que la justifiquen, y ni siquiera se han dado"explicaciones públicas completas" de parte del Ejecutivo y el Consejo para su desafortunado proceder.

Lo cierto es que este comportamiento –sea que provenga de un "cálculo racional" de realpolitik, o de simple incompetencia- provoca una vulneración masiva a las garantías de nuestros derechos, incompatible con los principios sobre Independencia del Poder Judicialadoptadospor las Naciones Unidas desde la década del 80’.

Un sistema judicial funcional es lo que los economistas llaman un "bien público" –pues todos podemos usar de él sin restricciones y no se arruina o desgasta con nuestra utilización. Los bienes públicos son fundamentales para la vida social, perosu preservación resulta muy difícil ya que no hay un propietario que los conserve, y los beneficiarios no tenemos incentivos individuales suficientes para dedicarnos a su cuidado, aunque todos disfrutamos de ellos. Sin la acción del Estado la destrucción de los bienes públicos es prácticamente inevitable.

Volviendo ahora al funcionamiento del poder judicial, nos encontramos aquí con que son los propios responsables de preservar su funcionalidadquienes están destruyéndola,debilitando sus condiciones de independencia y privándole de sus recursos más valiosos: sus jueces y juezas.

La consecuencia se advierte en miles de juicios atascados e interminables; y, más grave aún, en nuestros derechosmás fundamentales librados a desconocidos "jueces interinos", sujetos a toda clase de presiones indebidas por su inestabilidad, o lisa y llanamente incompetentes, pues ni siquiera han atravesado un procedimiento de selección competitivo que verifique su idoneidad.

El deterioro es grave. Debemos ocuparnos de la Justicia, es un bien imprescindible para nuestros derechos y para el futuro de nuestra democracia; y –al parecer- estamos solos para su cuidado.

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