No se aplicaría el IVA en los colegios privados

Los legisladores oficialistas resolvieron ayer, prácticamente, dar marcha atrás con la idea de gravar con IVA a la enseñanza privada, al tiempo que se mostraron permeables a reconsiderar, de acuerdo con el pedido del Gobierno, la posibilidad de dejar en O,5% el impuesto a los bienes personales, el que habían elevado al uno por ciento. Integrantes justicialistas de las comisiones de Presupuesto del Senado y de la Cámara de Diputados se reunieron con el ministro Roque Fernández en el despacho del senador Eduardo Bauzá, quien pasó a pilotear en la Cámara alta las operaciones complicadas del Gobierno.

Para justificar su retroceso con el IVA a los colegios privados, los legisladores oficialistas aseguran que es de muy difícil ejecución y de muy baja recaudación.

Se prevén más cambios en el paquete. Anoche, el grupo de las ocho principales entidades empresariales se reunió con el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez; el ministro del Interior, Carlos Corach, y el gobernador Eduardo Duhalde, ante quienes propuso reemplazar la proyectada suba de bienes personales por un aumento en la tasa del impuesto a las ganancias que pagan las empresas. La iniciativa es llevar esa alícuota del 30% actual al 33 por ciento.

Al mismo tiempo, los empresarios plantearon la conveniencia de aplicar un impuesto especial a todo el parque automotor como alternativa al gravamen a los autos gasoleros que propuso Economía.

Bauzá, en representación de sus correligionarios, advirtió que el paquete impositivo se seguirá analizando hasta mañana. El oficialismo intentará tratarlo en el recinto el miércoles próximo.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto que recorta las asignaciones familiares en los salarios superiores a los 1500 pesos y el que grava en 10% los tickets canasta.

El Congreso no cierra el paquete impositivo

Marchas y contramarchas: los legisladores oficialistas, mostrando la improvisación que acompañó al proyecto, introducen modificaciones según los reclamos sectoriales.

Para dar una nueva vuelta de tuerca al último y urgido paquete de medidas económicas se reunieron ayer el ministro de Economía, Roque Fernández, y senadores y diputados peronistas, que avanzaron en dos posibilidades concretas: dar marcha atrás con las decisiones de gravar con IVA a la enseñanza privada y de incrementar en un ciento por ciento el impuesto a los bienes personales. El encuentro se formalizó en el lugar donde 24 horas antes se había registrado una minirreunión de gabinete: el despacho de Eduardo Bauzá en la Cámara alta.

Las mismas paredes que anteayer escucharon argumentos de Carlos Corach y de Armando Caro Figueroa, entre otros visitantes ilustres aunque de menor rango del Gobierno, asistieron ahora a un largo debate para "afinar" los retoques que, se estima, serán los últimos al paquete económico, al que el PJ insiste con llevar al recinto la semana próxima y dar así acabada respuesta a los reclamos de su jefe máximo: Carlos Menem.

El Presidente será mañana el único orador del masivo encuentro peronista por realizarse en Olivos, con el propósito fundamental de encolumnar detrás de sí y sin desviaciones a la tropa partidaria.

Para entonces, el PJ parlamentario espera tener más claridad sobre el futuro de las medidas económicas, modificadas en buena parte por las promesas que el propio Presidente realizó a sectores variados de la actividad productiva del país.

Sin embargo, habrá que anotar que muchos de esos pedidos también fueron recibidos por los legisladores del peronismo que, tan sólo en las últimas horas, recibieron en sus despachos a representantes de la Bolsa de Comercio y del influyente grupo empresario de los Ocho.

Para más datos, hoy visitarán la Comisión de Agricultura del Senado, que preside el radical Antonio Berhongaray, miembros de la Sociedad Rural Argentina (SRA), de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de Coninagro. El tema, los alcances y efectos que causarán en ese sector las medidas impositivas, como por ejemplo, el pedido expreso de Fernández para que los legisladores revean su decisión de no gravar con ganancias los reintegros y reembolsos a las exportaciones.

Enmiendas

Los legisladores analizaron con Fernández la posibilidad de dejar en el 0.5% la tasa del impuesto a los bienes personales, en lugar de elevarla al uno por ciento, como figura en el dictamen de Diputados. A cambio, se incrementaría en tres puntos el porcentaje máximo del tributo a las ganancias, es decir, se llevaría del 30 al 33 por ciento. En números, se trata, solamente de sacar de otro lugar el mismo ahorro que se pensaba obtener con la fórmula anterior. En la práctica, ése fue uno de los pedidos realizados por los empresarios, que ven con malos ojos que se incremente solamente el impuesto a los bienes personales, por lo que propusieron, entre otras cosas, que se lo compense con un impuesto al parque automotor, excepto los vehículos directamente afectados a la actividad productiva.

Otra posibilidad que se barajaba consistía en mantener en 0,5% el impuesto a los bienes personales vinculados con la producción, y elevarlo al uno para los que no lo están.

Sin embargo, la primera de las opciones era la que contaba anoche con mayores apoyos legislativos, especialmente, porque más de un senador y diputado se cuestionaba la necesidad no producir incrementos de ningún tipo en ese tributo para no generar un estado de inseguridad.

De reemplazarse ese incremento totalmente por una suba en el máximo margen de ganancias, esos ingresos serían coparticipables entre los distritos, como contrapartida de la pérdida de distribución que éstos sufrirán respecto del producido por el aumento en los combustibles.

Según pudo saberse, el cálculo estimado que el Gobierno realizó respecto de los ingresos que le proveerán estas medidas ronda los 4000 millones de pesos. En rigor, la plata más esperada y de cobro automático es la de los combustibles, que representan alrededor de 1700 millones de pesos anuales. Y eso se mantiene a rajatabla.

La flexibilización laboral iría en 10 días al Congreso

Leyes: el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, dijo que Trabajo elabora las iniciativas; si la CGT acepta dialogar, podrían enviarse en un mes; habría decretos.

En 10 días, a más tardar, se enviarían al Congreso los proyectos de ley de flexibilización laboral que impulsa el Gobierno, estimó ayer el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez.

El Ministerio de Trabajo elabora esas iniciativas. Pero la intención oficial es que esas propuestas sean consensuadas con los empresarios y la CGT en el Consejo del Trabajo y del Empleo para, entre otras cosas, evitar el paro de fin de mes.

En una reunión con periodistas en su despacho de la Casa Rosada, Rodríguez especificó que, si los cegetistas se avienen al diálogo, los proyectos de ley podrían ingresar el Parlamento "en no más de un mes".

El jefe de Gabinete negó que la flexibilización laboral sea inconstitucional, como sostienen algunas figuras de la oposición.

La cartera laboral, que conduce Armando Caro Figueroa, confecciona esas propuestas en un contacto permanente con la asesora laboral del Ministerio de Economía, Carola Pessino. Rodríguez descartó ayer que la modificación del régimen de convenios colectivos de trabajo dé paso a la negociación individual.

Sólo acuerdos por empresa

Aclaró que la intención gubernamental se circunscribe a reemplazar la modalidad anterior -los gremios negociaban acuerdos colectivos por rama o actividad para la generalidad del rubro- por otra en la cual cada sindicato acordaría sus convenios salariales con cada empresa. Un ejemplo para este caso es el acuerdo entre la firma FIAT con el sindicato Smata (mecánicos). El argumento es mantener algunos aspectos de los anteriores convenios colectivos y modificar otros. También se podrán modificar los estatutos especiales (ejemplo: peones rurales, periodistas, judiciales) Lo que aún está en discusión, admiten el la Jefatura de Gabinete, es si los nuevos acuerdos por empresa cambiarán o anularán totalmente los convenios colectivos que rigen hoy.

Sobre este punto, entre otros, Rodríguez intenta que la CGT regrese al diálogo dentro del Consejo del Trabajo y del Empleo. Rodríguez puntualizó que el Ministerio de Salud confecciona también el proyecto de ley de desregulación de las obras sociales, otra cuestión espinosa en la relación con la CGT.

La flexibilización laboral incluye tanto el cambio en los convenios colectivos como la modificación del régimen de indemnizaciones, para el cual se creará un fondo especial al que aportarán sólo los empleadores.

También se prevén para este caso reformas en las modalidades de contratación; la derogación de jubilaciones de privilegio, y la lucha contra el trabajo en negro. Por tanto, aún no se conoce el número de proyectos de ley que se enviarán al Congreso.

Trabajo, según Rodríguez, podrá determinar algunos puntos que se podrían adelantar por decreto.

Tanto el jefe de Gabinete como el ministro del Interior, Carlos Corach, intentan que la CGT se sume al Consejo del Trabajo y el Empleo. Anteayer se reunieron en el Hotel Alvear con el titular de la central obrera, Gerardo Martínez, Luis Barrionuevo y Armando Cavalieri, entre otros. No hubo acuerdo, pero continuarán negociando. "

Para Caro Figueroa, la crítica es destructiva

Defensa: el ministro de Trabajo acusó a los sectores opositores de no proponer soluciones; el sindicato negociará con la empresa.

El ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, calificó ayer de "puramente destructiva" la crítica de los sectores políticos de la oposición, sindicales y legislativos a los proyectos de flexibilización laboral.

El funcionario rechazó los cuestionamientos, incluso de miembros del oficialismo, a las iniciativas que, considera, no lograrán el supuesto objetivo de mejorar el nivel de empleo.

"Puede ser que el equivocado sea el Gobierno", dijo el ministro en cuanto a los resultados que espera a partir de los controvertidos proyectos de flexibilización laboral. También afirmó que le sorprende que "siempre haya acuerdos para rechazar cualquier propuesta del Gobierno y ninguno para proponer nada".

Caro Figueroa se mostró optimista frente a las discrepancias que dividen a los diputados y senadores del PJ: "El oficialismo va a lograr superarlas, como ha sucedido con reformas anteriores". Asimismo, el titular de Trabajo confía en que el Gobierno, a pesar de las dificultades, seguirá dialogando con los sectores sindicales.

El sindicato es quien negocia

La reforma laboral a la actual ley de paritarias que impulsa el Gobierno contempla, según Caro Figueroa, por empresa con el sindicato, y no en base a un acuerdo ente "un trabajador individual" y el sector patronal. El ministro salió al cruce de algunas interpretaciones de la reforma que indicaban que el oficialismo impulsará la celebración de acuerdos salariales entre el empleador y el empleado en forma individual.

"El Gobierno dice que que no es el trabajador sino el sindicato el que tiene que negociar por empresa", aseguró Caro Figueroa.

En una suerte de defensa a la amplia reforma de la ley de paritarias, el funcionario destacó que la "propuesta del oficialismo es que tiene que haber más negociación colectiva a través de los sindicatos".

La CGT y el MTA, sin fisuras ni roces

Martínez: el secretario de la central obrera denunció que el Gobierno violó el acuerdo marco firmado en 1994; encuentro reservado con Palacios y con Moyano.

La CGT denunció ayer que el Gobierno "violó el principio generador del Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social", que firmaron el 25 de julio de 1994 los empresarios, los sindicalistas y funcionarios. La decisión de la central obrera fue bien recibida por los disidentes del MTA, ya que era el punto que dividió a los dirigentes de ambos sectores.

El todavía secretario general de la CGT, Gerardo Martínez, le envió ayer una carta al presidente Menem en la que denunció la violación del acuerdo por el cual se establecía que los integrantes de la mesa de concertación revisarían y modificarían por consenso la política laboral.

Esta nueva instancia dificulta la concertación con el Gobierno, ya que también en la carta Martínez afirmó que "toda decisión suscripta en ese ámbito no la obliga de manera alguna, en razón de los vicios de su funcionamiento, que se ha deliberadamente modificado la herramienta de la consulta y el consenso efectivo".

Aunque la actitud de la CGT es toma de distancia del Gobierno, Martínez tuvo que admitir que se reunió anteayer con el ministro del Interior, Carlos Corach, y con el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez.

Acercamiento reservado

Los dirigentes de la CGT y los líderes del MTA, Juan Manuel Palacios y Hugo Moyano, se reunieron ayer para negociar la redacción del documento que, según fuentes sindicales, criticará duramente al Gobierno. También Martínez les comunicó la buena noticia (la denuncia de la violación del acuerdo marco) a Palacios y Moyano. Después del encuentro los sindicalistas apagaron los celulares y prefirieron el silencio. En las próximas horas tendrán un nuevo encuentro y definirán la conducción de la CGT. La denuncia del acuerdo fue un paso que facilitó el acercamiento. Ahora sí podrán coincidir en una misma estructura gremial.

Por Graciela Guadalupe

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