Otra baja en el Gobierno: renunció el superintendente de servicios de la salud

Gabriel Oriolo renunció a la jefatura de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo a cargo de la regulación y el control de las obras sociales. Oriolo, que argumentó “motivos personales”, se va en medio de la crisis financiera de casi todas las prestadoras médicas y con el Gobierno en una pulseada permanente con las prepagas por los costos de los servicios y los medicamentos.

Oriolo, un exejecutivo de Osde, desembarcó en la SSS de la mano de Mario Lugones antes de que el empresario fuera nombrado como ministro de Salud. La salida se informará el lunes próximo, en el Boletín Oficial, según aseguraron fuentes del Ministerio de Salud a LA NACION. Su reemplazante será Claudio Stivelman, actual gerente general de la SSS.

Durante su gestión, Oriolo intervino ocho obras sociales sindicales y en las últimas dos semanas aceleró el cierre de otras cinco, consideradas “sellos de goma” y que no contaban con suficientes afiliados. En el sistema, existen alrededor de 290 obras sociales, de las cuales la inmensa mayoría atraviesa una crisis financiera sin precedentes, de acuerdo a fuentes del sector consultadas por LA NACION.

Oriolo confirmó su salida a través de un mensaje en redes sociales en el que reivindicó las tareas de control del organismo y le agradeció por su paso en la gestión pública al presidente Javier Milei y al ministro Lugones. “Me voy con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo central que nos propusimos desde el primer día: recuperar el rol fiscalizador de la Superintendencia, un rol que en los últimos años no se cumplió. La salud en la Argentina arrastra una crisis estructural de décadas y eso exige reordenar el sistema con transformaciones profundas como las que está llevando adelante el Gobierno Nacional”, señaló el exejecutivo de Osde.

Oriolo agregó: “Durante este año y medio al frente de la @SSSalud impulsamos reformas históricas tanto en la seguridad social como en la medicina privada: terminamos con la famosa triangulación que era un negocio legal de décadas a costa de los beneficiarios, redujimos drásticamente los tiempos de respuesta a los reclamos, reformamos el régimen de sanciones a los agentes que no cumplen, hicimos públicos los valores de los planes para facilitar la libertad de elegir, achicamos la estructura política del organismo, mejoramos la trazabilidad, promovimos compras conjuntas que generaron ahorros millonarios y desregulamos un sistema que atentaba contra la competencia y beneficiaba a unos pocos, solo por nombrar algunas“.

Como sucedió durante otras gestiones, el gobierno de Milei utilizó a la SSS como atajo para domesticar a algunos sindicatos díscolos. Oriolo, por ejemplo, activó en mayo una auditoría sorpresa en la obra social de la UTA ante la amenaza del gremio de colectiveros de ir a un paro sectorial por el retraso en el pago de los salarios. Roberto Fernández, jefe de la UTA, finalmente cedió.

Antes de su renuncia, se sabía que Oriolo tenía también en la mira a Oschoca, la prestadora de los camioneros, cuyo presidente es Hugo Moyano. Oschoca tendría una deuda de más de 20 millones de dólares y hoy Moyano la mantiene en pie gracias a un aporte adicional que negoció con los empresarios como parte del acuerdo paritario.

Bajo su gestión, se intervinieron ocho obras sociales sindicales: Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines; la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera); la Obra Social del Personal Mosaista; la Obra Social de Fotógrafos; Obra Social de Vareadores; la Obra Social del Personal Ladrillero; la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina, y la Obra Social de la Industria del Fósforo.

De todas las obra sociales intervenidas, el Gobierno tiene particular interés en Osprera, de los trabajadores rurales de la Uatre. Está ahora a cargo Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente. Petroni, que percibe un salario de $8.000.000, fue designado por Oriolo, aunque la intervención de la obra social se concretó mediante un decreto presidencial.

El Gobierno desbancó de la conducción de Osprera a José Voytenco, el jefe de la Uatre y un dirigente del PJ chaqueño. Argumentó que la deuda total de Osprera era de $97.899 millones al 31 de octubre de 2024 y advirtió sobre “posibles maniobras fraudulentas”. La deuda sería un 94% superior a lo que se había informado previamente, según el informe del funcionario que ubicó en la prestadora SSS.

Voytenco dijo que las acusaciones de la SSS “son falsas” y fue a la Justicia tras ser desbancado de su doble función de jefe del sindicato y de la obra social, por lo que cobraba a fines de 2024 un salario de $14.005.643. “En una maniobra jurídico-administrativa sin precedentes, el Gobierno volvió a intervenir la obra social. Es fundamental señalar que desde que asumió esta segunda intervención se han incorporado casi 60 empleados, directos o indirectos, todos con sueldos millonarios”, contraatacó Voytenco, que afirmó que al menos diez de los contratados por Petroni son delegados o miembros de la lista opositora en el gremio que impulsa Pablo Ansaloni, diputado nacional de La Libertad Avanza.

De crisis en crisis, Osprera recibió el 7 de diciembre de 2023 un subsidio de $3350 millones del Frente de Todos en concepto de “apoyo financiero”. Es decir, tres días antes de que Alberto Fernández deje la gestión y le transfiera el bastón de mando a Milei. Daniel López, titular de la SSS de ese entonces, fue el que autorizó el envío de los fondos. Oriolo, en un intento de recuperar ese dinero, se los demandó a la actual intervención, la que encabeza Petroni, el hombre de los Menem. Nunca obtuvo una respuesta.

Por Nicolás Balinotti

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