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Fuerte derrota del Gobierno: el Senado aprobó y es ley la emergencia pediátrica para financiar al Garrahan
La Cámara alta lo hizo con una mayoría superior a los dos tercios formada por casi todo el arco opositor; sólo el oficialismo rechazó el proyecto y se quedó sin aliados; la votación tuvo 62 votos positivos
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LA NACIONGustavo Ybarra
En otra jornada cargada de reveses legislativos para el gobierno de Javier Milei, el Senado sancionó la ley que declara la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias nacionales de salud, norma que obliga al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para financiar al Hospital Garrahan, en conflicto desde hace dos meses en rechazo a la política del ajuste de la administración libertaria.
Como ocurrió unas horas antes con el financiamiento universitario, la ley fue sancionada con una mayoría que superó con creces los dos tercios del total de los 72 senadores, relación de fuerzas que podría garantizar la posibilidad de que la Cámara alta pueda insistir en su sanción una vez que la norma sea vetada, tal como lo prometió el jefe del Estado.
Tras casi cinco horas de debate, el tablero del recinto del Senado marcó un aplastante resultado de 62 votos a favor y sólo 8 en contra. Fue el corolario de una jornada negra para la Casa Rosada, ya que en el principio de la jornada, la Cámara alta había rechazado cinco decretos impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. que quedaron, así, definitivamente derogados.
La sanción de la ley se alcanzó con el voto del kirchnerismo, la UCR, Pro, fuerzas provinciales y hasta de varios legisladores que jugaron en el último año y medio como habituales aliados de la Casa Rosada. Las esquirlas del cierre de listas, que dejó un tendal de heridos por la política de alianzas aplicada por Karina Milei, y el profundo calado social de los temas en debate confluyeron para configurar el tremendo cachetazo legislativo.
Tanto fue así que sólo la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a los senadores libertarios en su rechazo del proyecto y en la defensa de la prédica de la Casa Rosada por sostener a rajatabla y contra viento y marea su búsqueda del superávit en las cuentas públicas.
Más allá de las constantes críticas a la política de ajuste fiscal del Gobierno, el debate tuvo un momento de alto voltaje emotivo cuando intervino el cordobés Luis Juez (Pro), padre de una niña con parálisis cerebral y paciente del Hospital Garrahan, quien con la voz quebrada aseguró que estaba dispuesto a darle al hospital lo que necesitara porque “claramente se lo merece”.
“No nos pueden robar la última esperanza que nos queda de que algo se puede hacer con nuestros hijos; y esa esperanza se construye sólo en el Garrahan. No sé cuánta plata es esto, pero lo que necesite el Garrahan, claramente se lo merece”, cerró su intervención Juez, con la voz quebrada y casi al borde del llanto. Es la segunda vez en lo que va del año que el cordobés se manifiesta obligado a desmarcarse del Gobierno de Javier Milei, al que apoyó durante el último año y medio.
La ley le ordena al gobierno de Javier Milei aplicar una recomposición salarial inmediata para el personal médico y de salud no asistencial, incluyendo en la mejora a los residentes nacionales de todas las especialidades que desempeñan tareas en las instituciones sanitarias, sean de carácter pediátrico o no.
Además, exime del pago del impuesto a las Ganancias a ítems como las horas extras y de guardia para todo el personal de salud que se desempeña en instituciones de salud públicas y privadas.
En cuanto a la inyección presupuestaria, la norma sancionada esta madrugada ordena la asignación, de manera prioritaria e inmediata, de los recursos “para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
En ese sentido, el texto sancionado apela a la ley de emergencia pública para habilitar la adquisición y compra de insumos críticos y básicos mediante mecanismos excepcionales, para garantizar la velocidad en la provisión de los materiales.
Salvo por el oficialismo, la iniciativa fue apoyada en el recinto por todo el arco opositor, con fuertes críticas contra la administración libertaria y su política de ajuste fiscal como sostén del dogmático superávit en las cuentas públicas que profesa Milei.
El peronista Guillermo Andrada (Catamarca) criticó la política financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, y la contrapuso con la situación que vive el hospital. “La timba del dólar futuro son cuatro presupuestos del Garrahan”, destacó el senador, que es médico oftalmólogo, antes de afirmar que “así como el jefe de Gabinete le dio 100.000 millones a la SIDE, perfectamente se los puede dar al Garrahan”.
El legislador catamarqueño subrayó que el Garrahan “atiende el 40% de los cánceres infantiles de nuestro país” y que “hace las cirugías más complejas a las que se puede tener acceso cuando un niño de nuestro país lo necesita”.
“Hoy es el día más triste que me toca vivir como senadora. Tratar una ley de emergencia es admitir la ausencia por parte del Estado en ciertas instituciones fundamentales. El Garrahan es un orgullo nacional. La emergencia pediátrica no es un capricho, es una necesidad que debe ser atendida con urgencia. La vida de un niño vale más que cualquier presupuesto”, afirmó, por su parte, Natalia Gadano (Por Santa Cruz).
En un hecho llamativo, ningún senador oficialista argumentó en contra del proyecto durante el debate. Estaba previsto que hablara el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche (Jujuy), pero se bajó de la lista de oradores.
Fondos universitarios
ras rechazar cinco decretos desregulatorios, el Senado le dio otra paliza legislativa al Gobierno y convirtió en ley el refuerzo del financiamiento universitario, norma que el presidente Javier Milei prometió vetar por considerar que rompe el equilibrio fiscal que persigue la administración libertaria desde que llegó al poder en diciembre de 2023.
El proyecto fue aprobado por la Cámara alta por 58 votos a favor, sólo 10 en contra y tres abstenciones. Una mayoría superior a los dos tercios que podría anticipar un rechazo del eventual veto que el jefe del Estado anticipó que le aplicará a la ley.
A sancionar la norma colaboraron un mosaico en el que participaron el kirchnerismo, la UCR y fuerzas provinciales. Incluso sumaron su apoyo senadores que hasta no hace poco tiempo apoyaban al Gobierno, como los miembros del interbloque Las Provincias Unidas Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Espínola (Corrientes).
En contra votaron los siete senadores de La Libertad Avanza y tres miembros del bloque Pro: Martín Goerling (Misiones), Alfredo De Angeli (Entre Ríos) y Carmen Alvarez Rivero (Córdoba). La santafesina Carolima Losada fue la única radical que rechazó la iniciativa. Se abstuvieron María Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut), ambas integrantes de la bancada de Pro, y el peronista salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado incondicional de la administración libertaria.
El proyecto propone actualizar las partidas presupuestarias para el sistema universitario nacional al primer día de este año según la inflación acumulada durante 2023 y 2024.
La acumulación de dos años en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) se explica en el hecho de que una iniciativa de similares características fue vetada el año pasado por Milei y coincide, además, con los ejercicios que la administración pública viene funcionando sin un Presupuesto aprobado por el Congreso.
Como parte de la inyección financiera el texto ordena una recomposición salarial, también ajustada por inflación, para docentes y el personal no docente de las casas de altos estudios nacionales a contar desde diciembre de 2023 hasta la fecha sanción de la ley. Una vez concretada esta mejora, la norma establece la realización de paritarias mensuales.
En el inicio del debate, el kirchnerista Fernando Salino (San Luis) destacó la “muy buena técnica legislativa” de la iniciativa y destacó que su objetivo “es garantizar la protección y el sostenimiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la Argentina”.
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