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Otro año perdido
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En septiembre de 2009, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley de acceso a la información pública. El 30 de noviembre ese proyecto cumplió un año y tres meses de transitar en forma perezosa los despachos de nuestros diputados y diputadas. Un año más perdido; un año más sin una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos.
El fracaso del proyecto de ley en el Congreso tiene dos motivos fundamentales. Por un lado, el desinterés del oficialismo en la iniciativa, que no hizo nada para que el proyecto avance. Por el otro, la incapacidad de los distintos sectores de la oposición para articular sus estrategias parlamentarias: si bien la mayoría de los bloques manifestaron su apoyo a la ley de acceso, nunca lograron unificar esfuerzos para incluirlo en las sesiones de la Cámara de Diputados.
La falta de interés del Ejecutivo es especialmente significativa de cara al año próximo, que encontrará a un Congreso con amplia mayoría oficialista como consecuencia de su clara victoria en las pasadas elecciones. Todo indica que, para que se apruebe una ley de acceso, será imprescindible que la Presidenta se comprometa personalmente con el acceso a la información pública como herramienta fundamental para el respeto y garantía de los derechos humanos, y retome así el camino inaugurado por el presidente Néstor Kirchner en 2003 con el decreto 1172, que lamentablemente luego fue discontinuado.
Actualmente contamos con un régimen de acceso a la información que –en los últimos años– ha demostrado su insuficiencia. La administración entrega la información de manera deficiente, muchas veces de forma incompleta y con retrasos inaceptables. Otras veces ni siquiera la entrega, con base en interpretaciones excesivamente restrictivas que ni siquiera son uniformes.
Organismos vigorosos
Los límites del régimen vigente señalan la imperiosa necesidad de una ley del Congreso que cree organismos independientes y vigorosos que promuevan políticas de transparencia desde dentro del Estado. Mientras ello no ocurra estaremos lisa y llanamente violando un derecho fundamental en las sociedades democráticas, tal como denunció la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública celebrada en Washington en octubre pasado.
Actualmente, los ciudadanos argentinos continuamos en las sombras y sin herramientas útiles para el ejercicio de nuestra ciudadanía. Derechos económicos y sociales como el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación requieren la producción de información adecuada, veraz y oportuna para poder determinar el grado de cumplimiento –o infracción– de aquéllos. Sin esa información es imposible evaluar las políticas sociales desde una perspectiva de derechos.
Uno esperaría otra actitud de un gobierno que levanta la bandera de los derechos humanos y que –en muchos aspectos relevantes– está comprometido con ellos.
El autor es director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles
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