Palabras violentas que preceden hechos violentos

Las palabras tienen su carga de culpa. Lo que sucedió en el diario Clarín en la noche del lunes no se puede, ni se debe, analizar a la luz de un hecho aislado. Ni tampoco es una agresión que afecta a un solo medio periodístico. El atentado, que tiene las característica de un acto terrorista (personas encapuchadas en medio de la noche que manipulan efectos explosivos), es una seria advertencia a todo el periodismo independiente. Y se consumó, además, en medio de una trama de ofensas casi cotidianas contra la prensa libre por parte de importantes dirigentes de la coalición peronista gobernante. El repudio del Presidente al ataque sabe a poco; debería hacer un llamado público a los suyos para que declinen las agresiones verbales contra medios periodísticos y periodistas. Tales agresiones se agravaron dramáticamente desde que el oficialismo perdió las primarias en septiembre pasado y las elecciones generales hace diez días. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que también repudió el hecho, debería primero repudiarse a sí mismo. Fue él quien comenzó la escalada de amenazas a la prensa cuando le advirtió al dibujante Nik de que sabía en que colegio estudian sus hijas. Esas son las palabras violentas que, según las lecciones de la historia, preceden a los hechos violentos.

El Gobierno suele escudarse en el argumento de que existe la libertad de expresión para justificar sus agresivas declaraciones contra el periodismo.

Y agrega que el periodismo (o parte de él, para ser precisos) es también muy crítico del Gobierno. Sí, muchos periodistas somos críticos de la administración actual, del mismo modo que lo es la línea editorial de muchos medios periodísticos. Ese argumento tiene dos respuestas posibles. Uno es que la función del periodismo es ser crítico del poder. Pierde su razón de ser si solo sirve para la lisonja. Ningún poder, por otro lado, es comparable al poder del Estado, que está en manos del Gobierno, sobre todo cuando es el kirchnerismo el que controla la administración. La otra respuesta es que los funcionarios públicos deben tolerar la libertad de prensa más que cualquier otro ciudadano. Sobre esto último existe hasta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: los funcionarios públicos, sea cual fuere su jerarquía, deben respetar la libertad de expresión, aunque esta sea o parezca injusta. Lo escribió el máximo tribunal de justicia del país. Los funcionarios y el periodismo no están, por lo tanto, en el mismo plano cuando se ejerce la libertad de expresión. El Estado tiene una capacidad de agresión mucho mayor. Los funcionarios deben aceptar las críticas y la existencia de un periodismo libre. Son certezas y principios que están en la base misma del sistema democrático.

El conflicto que afecta a la prensa argentina es que el kirchnerismo no acepta desde su fundación esos principios. Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, expresó lo que muchos funcionarios piensan y no lo dicen tan descaradamente, sobre todo su jefa, Cristina Kirchner, aunque también en los últimos tiempos coincide con esas ideas el propio presidente de la Nación. La sociedad vota influida por el periodismo y termina pensando lo que el periodismo piensa, dijo Capitanich. Esto es: la sociedad es tonta para el exjefe de Gabinete y actual gobernador.

La misma idea revolotea desde siempre en Cristina Kirchner, que ha hecho del periodismo el blanco predilecto de sus críticas. Le dedica más descalificaciones al periodismo crítico que a sus opositores, que son los que le acaban de ganar las elecciones en casi todo el país. Mucho antes que ella, su marido, Néstor Kirchner, cultivaba las mismas broncas contra el periodismo. Fue él quien inauguró el método de escrachar a periodistas y medios periodísticos desde un atril en la Casa de Gobierno. El periodismo independiente es el enemigo que nunca cambia para el kirchnerismo, esté en el gobierno o en la oposición.

Párrafo aparte merece el Presidente. Alberto Fernández solía frecuentar al periodismo como jefe de Gabinete y, más tarde, cuando se pasó a la oposición a Cristina Kirchner. Para ser directos: Alberto Fernández se habría diluido en la nada si los periodistas no hubieran recogido sus opiniones, si no lo hubieran invitado a sus programas de radio y televisión y si los medios periodísticos no hubieran publicado sus flamígeros artículos contra Cristina Kirchner cuando esta era presidenta de la Nación. Hubiera sido una inexplicable censura, sin duda, pero el periodismo no la cometió. El Presidente respetó ese contrato de respeto mutuo con el periodismo en sus primeros tiempos como jefe del Estado, pero lo empezó a incumplir cuando la derrota se abatió sobre él en septiembre pasado. Aceptó graves amenazas contra el periodismo delante suyo, como fue el caricaturesco caso que protagonizó el interminable caudillo de José C. Paz, Mario Ishii. Ishii dijo en un acto público que “un día el pueblo se levantará contra el periodismo, no tengo dudas”. El Presidente, que estaba a su lado, lo aplaudió. ¿Le gusta al jefe del Estado la idea de un pueblo levantado arbitrariamente contra el periodismo? ¿Le gusta al profesor de Derecho la justicia por mano propia? Poco después, el propio Alberto Fernández aludió en un enrevesado discurso a una línea publicada en medio de un extenso artículo en el diario Clarín, aunque no lo nombró a este. Pero criticó al periodismo en general. El viejo contertulio de periodistas se convirtió de pronto en una amenaza para el periodismo. No es la única conversión de Alberto Fernández, aunque esta tiene consecuencias más graves que cualquiera de las otras.

Las dos personas más poderosas del país, el Presidente y la vicepresidenta, construyeron un clima propicio para cualquier agresión contra el periodismo. Capitanich, uno de los gobernadores predilectos de esa diarquía gobernante, llegó a proponer una ley para regular la actividad del periodismo. A todo el periodismo. Ya las cosas, en las palabras por lo menos, se parecen demasiado a Venezuela o Nicaragua. No es el único método que tiene algún parentesco con las dictaduras de Maduro y Ortega. En Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, fuerzas de choque paraestatales asaltaron y diezmaron las sedes de los medios periodísticos críticos hasta lograr su virtual extinción. Eso no sucede en la Argentina -ni mucho menos-, pero lo que ocurrió en Clarín en la noche del lunes fue como una especie de ensayo chapucero hecho por idiotas.

No hay ninguna prueba sobre la participación del gobierno en el atentado a Clarín. No existe esa prueba. Sin embargo, el historial previo de un discurso agresivo contra el periodismo, que incluye también a Máximo Kirchner y a otros capitostes de La Cámpora, como Andrés “Cuervo” Larroque, hace posible que amigos o enemigos del gobierno hayan actuado por cuenta propia. Hay amigos que creen que hacen un favor cuando llevan las palabras a los hechos. Y hay enemigos que perpetran el delito porque saben que será atribuido a un gobierno desorbitado contra la prensa independiente. La tesis predominante es que se trató de algún grupo anarquista, que podría intentar crear un clima de caos colocando los hechos consumados donde estaban las palabras agresivas. La única huella que se encontró en una de las botellas de las siete u ocho bombas molotov que se tiraron contra la puerta principal de Clarín pertenecería a un extranjero. No hay registro de ella en los archivos del Estado.

Aunque no hubo víctimas ni daños materiales importantes, lo que sucedió el lunes en Clarín es el primer atentado físico contra un medio periodístico de la Capital. En octubre de 2014, un grupo de 30 personas que se identificó como integrante de La Cámpora intentó ingresar a la planta transmisora de Radio Mitre, propiedad también del Grupo Clarín, en Hurlingham. La policía los contuvo. En marzo de este año, una patota sindical se metió por la fuerza en el centenario diario Río Negro y agredió a trabajadores, pintó paredes, pegó afiches y provocó desmanes. Durante los anteriores doce años de kirchnerismo, los que concluyeron en 2015, el discurso contra el periodismo independiente fue constante. Medios y periodistas sufrieron escraches permanentes en la vía pública o en la sede de las empresas periodísticas. Se manipuló la historia de medios y de periodistas como nunca había sucedido antes. Se difamó y se calumnió a la prensa. Muchos periodistas debieron abandonar la costumbre de caminar por la ciudad porque eran asaltados por grupos de choque kirchneristas con duras agresiones verbales y amenazas directas. Nunca llegaron a la agresión física, aunque el límite entre la insulto verbal y el golpe físico se volvía cada más difuso y confuso. Así, justo en la frontera entre el discurso y la violencia, concluyó la anterior experiencia del kirchnerismo ahora nuevamente gobernante.

Alberto Fernández era entonces un político solidario con el periodismo perseguido. Su repudio formal de ahora es casi nada, cuando ya las palabras se convirtieron en hechos. Hacer periodismo en la Argentina es, desde la noche del lunes, otra vez un trabajo de alto riesgo. El límite entre la palabra y los hechos vuelve a ser neblinoso, equívoco y ambiguo. Pero se hará periodismo, pase lo que pase, cueste lo que cueste.

Nota de OpinionPeriodismo

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