Reclaman a la OA que acepte difundir los bienes de familiares de funcionarios

La discusión sobre la publicidad de las declaraciones juradas (DD.JJ.) de cónyuges e hijos de funcionarios públicos volvió a levantar temperatura. Mientras el Congreso no avanza con el tratamiento del proyecto de ley de ética pública que establece que se puedan difundir esos datos, la Oficina Anticorrupción (OA) y la ONG Poder Ciudadano se cruzaron por la interpretación de un fallo judicial que declara inconstitucional la prohibición de difundir los anexos reservados de las DD.JJ. Es un punto relevante porque allí figura la información de los bienes de la familia de los funcionarios, que regía desde el kirchnerismo.

El roce entre los organismos comenzó con un tuit. Poder Ciudadano denunció en la red social que la OA había rechazado un pedido de acceso a la información sobre los bienes de la familia de Luis Caputo, expresidente del Banco Central. Según la ONG, la OA está incumpliendo un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró inconstitucional el artículo 5 de la ley de ética pública sancionada en 2013 -durante el kirchnerismo-, el decreto reglamentario y dos resoluciones de la AFIP y del Ministerio de Justicia que se basan en esa norma. La Cámara dispuso en septiembre pasado que el Estado debe readecuar la normativa.

"Ante un pedido de información realizado por una persona, se negó la información sobre la base de las normas que fueron declaradas inconstitucionales, incumpliendo así una orden judicial que debe cumplir", escribió la entidad en la red social.

En su respuesta, el organismo que conduce Laura Alonso ratificó que la orden de la Justicia ya se concretó, mediante la presentación del proyecto de ley que ni siquiera obtuvo dictamen en Diputados. En esa iniciativa, el organismo promueve que los anexos reservados se hagan públicos.

El artículo que fue declarado inconstitucional despertó polémica hace ya seis años. La oposición denunció que Cristina Kirchner quería garantizar por ley el secreto de los bienes de los cónyuges e hijos para ocultar casos de enriquecimiento ilícito.

El artículo 5 de esa ley establecía que las declaraciones juradas de funcionarios contendrían un anexo reservado con la "totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes a cada una de las personas obligadas a la presentación, de su cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados".

En el fallo de la Cámara en respuesta a un amparo de Poder Ciudadano se estableció que el Gobierno no había argumentado la restricción de una información que antes era pública. "La restricción efectuada al derecho de acceso a la información pública [?] resulta injustificada y, por ello, contraria a las obligaciones del Estado, que emergen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido", señaló el fallo. La OA no lo apeló.

Anexos reservados

Poder Ciudadano interpretó así que la OA debe poner a disposición los anexos reservados de todos los funcionarios de los últimos años, que ascienden a miles y que hoy no están digitalizados.

"Hay un incumplimiento de la sentencia de la Cámara. Si hay intención de dar publicidad, no hay necesidad de esperar al Congreso", presiona el director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la ONG, Germán Emanuele, quien señaló que la ley de 2013 ya "no tiene efecto" y que se debe volver a la normativa que regía antes. Según Poder Ciudadano, basta con una reglamentación para que la información en disputa vuelva a ser pública.

Sin embargo, la OA insistió en la respuesta que envió por escrito que el Congreso debe tratar el proyecto para dar cumplimiento a lo requerido y advirtió que la ley de ética pública de 2013 no fue derogada y que no se puede reglamentar un artículo que todavía no existe. La OA solo puede acceder hoy a los anexos reservados si tiene orden judicial o del ministro de Justicia, Germán Garavano, a partir de una investigación.