
Piden que la Justicia cite al padre de Máxima
Por su desempeño en el gobierno militar
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Los hijos de una mujer desaparecida durante la última dictadura militar solicitaron ayer a la Justicia que se cite a declarar al ex funcionario Jorge Zorreguieta, padre de Máxima, la princesa de Holanda.
La presentación la realizó el abogado Ricardo Monner Sans, en representación de Nicolás y Guido Prividera, hijos de Marta Sierra, secuestrada el 30 de marzo de 1976, mientras dormía con uno de sus niños en la casa de su madre.
El letrado consignó que, hasta su desaparición, Sierra trabajaba en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde fue dada de baja al día siguiente de su desaparición "por razones de seguridad", según una resolución de la intervención militar.
Ese organismo estaba en la órbita de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, donde se desempeñó Zorreguieta entre 1976 y 1983. Pero su asunción en el cargo de subsecretario de Agricultura se produjo el 14 de abril de 1976, 15 días después del secuestro de Sierra. El padre de Máxima sólo asumió como secretario del área en 1979.
Consultado por LA NACION, Zorreguieta agregó que el INTA no dependía de la Subsecretaría de Agricultura, sino de la de Economía Agraria. "No puedo declarar nada porque no sé nada. Nunca me enteré de nada, nunca me dijeron nada", afirmó.
La verdadera preocupación del padre de Máxima es la repercusión que puede tener este planteo judicial en Holanda. Zorreguieta no pudo asistir al casamiento de su hija con el príncipe Guillermo de Orange, en febrero de 2002, por las objeciones que despertó en el reino de ese país su desempeño en un gobierno militar.
"Total desinterés"
En diálogo con LA NACION, Monner Sans explicó que a Zorreguieta y a otros cuatro funcionarios jerárquicos del área no se les imputa la participación en la desaparición de Sierra, sino el "total desinterés por el destino de los desaparecidos del INTA".
En la presentación -que recayó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y ante el fiscal Guillermo Marijuán-, se señala que corresponde interrogar a los ex funcionarios "para que expliquen qué hicieron, como máximos responsables del área para saber del paradero" de Sierra y "cómo habrían documentado lo que eventualmente hubieran hecho en favor del esclarecimiento del secuestro de una persona que había revistado en la jurisdicción de dichos responsables".
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