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Piden que la Justicia investigue los millonarios créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores de Milei
La diputada nacional Mónica Frade (CC) denunció supuestas irregularidades en la entrega de préstamos; dijo que los montos concedidos no se condicen con los ingresos de los beneficiarios
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LA NACION
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó ayer una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). Reclamó un pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades, que pudieran configurar algún delito, como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”, en la concesión de esos préstamos.
En la denuncia, Frade advierte que los montos otorgados no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios ni su capacidad para devolver el dinero. “Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en la denuncia presentada.
Esta semana, empezó a circular en la red social X que distintos funcionarios, legisladores y referentes del oficialismo nacional obtuvieron, tras la llegada de Javier Milei a Casa Rosada, créditos millonarios del Banco Nación.
La información difundida surge del sitio web “¿Cuánto deben?" desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que permite visualizar la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Algunos de los funcionarios señalados a partir de ese relevamiento mantienen vínculos con el Palacio de Hacienda y el propio BCRA. Entre ellos, figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo -con una deuda inicial de $373.000.000- y Federico Furiase, exdirector del BCRA y secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000.
El director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira (más conocido en redes sociales como Juan Doe) también aparece con un crédito por $112.948.000. A ellos se suman los diputados de LLA, Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, que mantiene deudas que oscilan entre $230.000.000 y $279.000.000. En redes sociales, Campero calificó de “maliciosas” las acusaciones en su contra y aseguró que no se trató de un “crédito discrecional ni excepcional”.
Por su parte, Bongiovani, un exPro, apuntó contra la oposición. “Es curioso que los mismos kirchneristas que decían que el UVA era una estafa ahora dicen que es un privilegio. Incurables”, dijo.
Y agregó: “Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo“.
En plena polémica, el Banco Nación sacó un comunicado donde aclaró que el proceso para acceder a los préstamos es “homogéneo, sin excepciones”. No obstante, desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares.
En el texto de su denuncia, Frade advirtió que “resulta evidente que, desde el punto de vista de lo funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”
Por lo tanto, la diputada de la CC advirtió: “En los supuestos de que la investigación verifique esto, estaríamos frente a la posibilidad de quedar incursos en el tipo penal previsto en el art. 265 de negociaciones incompatibles”. La presentación también pide que se investigue si se incurrió en los delitos de “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”.
Por tal motivo, en el texto remitido a la Justicia, la diputada de la Coalición Cívica solicita que revisen los “legajos crediticios” completos de funcionarios y legisladores y las “actas del Directorio [del BNA] mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” y se de actuación al Cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional para determinar irregularidades en las condiciones de concesión de los préstamos y/o perjuicios que pudieran ocasionarle a la entidad otorgante.
La denuncia penal de Frade se suma a otras medidas impulsadas por dirigentes de la oposición. El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) ya había presentado, el miércoles, un pedido de informe y de acceso a la información pública a la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y el Directorio del BNA para, entre otras cuestiones, determinar cuántos funcionarios mantienen deudos con la entidad financiera, sus montos y los controles que se aplican sobre la cartera crediticia del sector público.
“Si bien el acceso al crédito en entidades públicas no constituye en sí mismo irregularidad alguna, la concurrencia de circunstancias tales como montos elevados, simultaneidad en los otorgamientos y la condición de funcionarios públicos de los beneficiarios toma necesario verificar que el acceso al crédito por parte de los funcionarios públicos no se haya visto influido por su posición institucional, ni por la eventual disponibilidad de información privilegiada sobre variables financieras o condiciones del mercado”, planteó el diputado santafesino en uno de los textos presentados.
LA NACION
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