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Pierde impulso en Diputados el proyecto de propiedad privada tras quedar recortado en el Senado
El oficialismo concentra sus esfuerzos en la agenda económica de Milei; qué reformas sobrevivieron a la polémica
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El proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” llegó a Diputados con media sanción del Senado, pero sin el impulso que el oficialismo había buscado darle originalmente. La iniciativa aterrizó en la Cámara baja recortada de sus dos títulos más controvertidos y, aunque en La Libertad Avanza (LLA) descartan por ahora dejarla en el freezer, admiten que quedó relegada frente a la agenda económica que Javier Milei quiere acelerar durante agosto.
“No está frenado, pero tampoco es prioridad”, reconoció a LA NACION uno de los referentes libertarios de Diputados. Otro diputado del bloque fue más explícito: “Veremos. La prioridad ya está fijada en otros cuatro proyectos”. Se trata de la nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, un acuerdo entre Mercosur y Singapur, y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).
La iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue aprobada el jueves pasado por el Senado y girada ese mismo día a Diputados por Bartolomé Abdala, que reemplazaba a Victoria Villarruel en la presidencia de la Cámara alta. El ingreso formal se produjo el viernes y este lunes se terminarán de definir las comisiones que deberán analizarla. Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia aparecen entre los posibles giros, todas encabezadas por diputados del oficialismo.
Pero la celeridad administrativa no se traduce en urgencia política. El texto llegó a Diputados después de perder los dos títulos que habían concentrado los mayores cuestionamientos: la flexibilización de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros y los cambios en las restricciones sobre terrenos afectados por incendios.
Ambos fueron removidos antes de la votación para evitar que fueran rechazados explícitamente. La reacción que generaron las propuestas había llevado a gobernadores, legisladores y distintos sectores sociales a reclamar su eliminación. Ahora, incluso dentro del oficialismo reconocen que difícilmente vuelvan a insistir con esos cambios en el corto plazo.
Qué quedó del proyecto
La versión que recibió media sanción quedó reducida a tres grandes ejes: endurecer las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados, acelerar los desalojos por intrusión o falta de pago y modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble mediante su digitalización y la creación de una Ventanilla Única Federal.
En materia de expropiaciones, el proyecto establece una interpretación más restrictiva de la “utilidad pública”: la declaración deberá ser específica y estar vinculada a un objetivo concreto. También dispone que la transferencia del dominio al Estado no podrá concretarse hasta que se haya pagado íntegramente la indemnización.
La compensación deberá tomar como referencia el valor objetivo de mercado del bien y los daños directos provocados por la expropiación.
El capítulo también amplía el régimen de regularización dominial: el beneficio previsto para quienes acrediten una posesión pacífica durante diez años de una vivienda única y permanente se extenderá a agricultores familiares respecto de sus tierras productivas.
El segundo eje apunta a acelerar los desalojos. La iniciativa establece que estos procesos se tramiten mediante un procedimiento sumarísimo y habilita al juez, en casos de intrusión o tenencia precaria, a ordenar la restitución del inmueble desde el inicio del juicio.
Para los desalojos de viviendas por falta de pago se mantiene la obligación de intimar previamente al inquilino por un plazo mínimo de diez días. Y cuando en el inmueble haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección y otorgar diez días para procurar una alternativa habitacional antes del lanzamiento.
El tercer capítulo apunta a modernizar el funcionamiento de los registros inmobiliarios mediante la digitalización de trámites y la creación de una Ventanilla Única Federal.
Las prioridades de Milei
El futuro del proyecto comenzará a ordenarse este martes, cuando los diputados de LLA se reúnan en bloque para definir su hoja de ruta. Pero las prioridades para las próximas semanas ya están prácticamente establecidas y responden, sobre todo, a la agenda económica con la que Milei busca llegar a la próxima elección sin sobresaltos.
En el primer escalón aparecen dos proyectos cuyo debate ya comenzó en comisión: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal. El oficialismo buscará conseguir dictamen esta semana para llevar ambas iniciativas al recinto durante agosto.
La reforma del Banco Central vuelve a colocar la preservación del valor de la moneda como objetivo central de la entidad, prohíbe el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo y endurece las condiciones para remover a sus autoridades.
La oposición concentró buena parte de sus reparos en este último punto. Varios diputados cuestionaron que la remoción del presidente y los directores del Banco Central quede supeditada a una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, al considerar que ese requisito podría volver prácticamente inamovibles a autoridades cuya designación requiere únicamente el aval del Senado por mayoría simple.
La segunda iniciativa prioritaria es la nueva versión de Inocencia Fiscal, que amplía el universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen simplificado y busca facilitar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema.
En este caso, uno de los principales cuestionamientos opositores estuvo centrado en la posibilidad de que funcionarios públicos ingresen al régimen. “No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros”, planteó durante el debate el diputado Agustín Rossi (UP).
Según pudo saber LA NACION, el oficialismo también evalúa incorporar a la próxima sesión de Diputados, prevista para el 26 de agosto, el Acuerdo Mercosur-Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). El primero se tratará en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur este miércoles; el segundo ya cuenta con despacho y está listo para ser debatido en el recinto.
