Piqueteros protestaron por la disolución del fondo fiduciario vinculado a Grabois

“Señor ministro [Luis] Caputo, acá le traemos un poco de lo que vivimos cada día en los barrios”, exclamó Lila Calderón, referente del barrio obrero de Cipoletti, megáfono en mano y antes de que otros dirigentes sociales arrojaran dos tachos con desechos de color negro sobre la puerta del Ministerio de Economía.

Fue el cierre de la protesta de la Mesa Nacional de Barrios Populares contra la disolución definitiva, vía decreto presidencial, del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), puesto en marcha durante el gobierno de Alberto Fernández, sobre la base de la ley de Barrios Populares (27.453, aprobada en 2018) con el objetivo inicial de garantizar el acceso a servicios básicos (luz, agua, cloacas) en los 6467 barrios populares del país, unas cinco millones de personas.

En un acto que duró poco más de media hora, sin figuras de la política ni del Congreso, y al que asistieron miembros de movimientos sociales como Barrios de Pie, la CCC, el Movimiento Evita, además de las dos CTA y ATE, los manifestantes denunciaron que la paralización de las obras genera desocupación en los barrios, y exigieron la restitución del fondo, cerrado por el Gobierno con acusaciones de mal manejo de fondos públicos, demoras y corrupción. Su último titular, Sebastián Pareja, presidente y armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, negó esas acusaciones y hasta elogió la gestión de Fernanda Miño, referente de Juan Grabois y quien condujo el programa durante el último gobierno kirchnerista.

“El Poder Ejecutivo no puede, por decreto, eliminar una política pública votada con amplia mayoría en el Congreso, sin asegurar una respuesta alternativa a las miles de familias que, hoy mismo, están viendo cómo el agua entra en sus casas”, afirmaron en un comunicado desde la mesa, que integran la Iglesia a través de Cáritas, la organización Techo y la UTEP, que lidera el dirigente de Patria Grande Grabois, jefe político de Miño.

Según publicó LA NACION el año pasado, y en base a fuentes oficiales del sector, desde la creación del fondo y hasta fines de 2023, se realizaron 1278 obras de integración en barrios populares y se alcanzaron 5060 asentamientos con distintos tipos de obras de vivienda. Unas 6517 intervenciones en total, por un monto de $480.611 millones, manejadas por movimientos sociales y municipios. Al llegar el gobierno libertario, y con Sandra Pettovello al mando del Ministerio de Capital Humano, el presupuesto destinado al fondo se redujo al mínimo en 2024, para finalmente disolverlo hace diez días, en un decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos.

“Tenemos miles de despedidos que trabajaban en las cooperativas que se encargaban de poner en marcha el fondo, se quedaron todos sin trabajo porque no hay obra pública”, afirmó a LA NACION Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, y uno de los pocos dirigentes con visibilidad mediática que se acercaron a la puerta del Ministerio, custodiados todos por unos 70 efectivos de la Policía Federal, la mayoría de ellos cruzando la calle, en la reja que separa la calle Hipólito Yrigoyen de la Casa Rosada.

Sin pisar ni mucho menos cortar la calle –advertidos de la aplicación del protocolo antipiquetes- los manifestantes entregaron un petitorio en la mesa de entradas del ministerio. Allí solicitaron la “publicación detallada y actualizada del estado de los fondos” que se recaudaban del Impuesto PAIS, y que por ley debían derivarse al FISU. También solicitaron un “cronograma de pagos adeudados” y la “definición de un nuevo mecanismo de financiamiento específico”. Repetirían el reclamo un rato más tarde a 200 metros, en la subsecretaría de Hábitat, que encabeza Pareja.

Cada uno de los oradores apuntó sus dardos contra el Gobierno, al que acusaron de “hambreador”, de “odiar a los pobres” y de “chorearse la plata para pagarle al FMI”. Expresaron que pelearán “en la calle” por la restitución del fondo, aunque el decreto presidencial prevé el manejo de lo recaudado a través del Ministerio de Economía.

En los considerandos del decreto que disuelve el fondo, el Gobierno apuntó a un informe de la Sigen que advirtió “la adjudicación de determinadas obras a cooperativas que no acreditaron fehacientemente antecedentes de especialidad e idoneidad para el cumplimiento de la prestación requerida”. También, “retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos”, además de “falencias en la planificación de los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos, generando, en consecuencia, mayores costos adicionales y administrativos”.

Luego de difundir activamente estas irregularidades en los medios, en julio del año pasado el Gobierno postergó una nueva auditoría sobre el FISU y aflojó la presión sobre Grabois. Fue luego de que Pareja calificara como “un ejemplo” la administración del FISU en manos de Miño.

Grabois, que no estuvo este martes en la protesta -decisión táctica de no “mezclar el reclamo con la política”, según comentaron fuentes de la UTEP- defendió siempre la acción y la honestidad de Miño, quien se autodenominó como una “secretaria de Estado villera”.

“No nos vamos a quedar quietos, aunque nos persigan hasta debajo de la mesa”, exclamó otro de los oradores, antes de la desconcentración, ordenada y en fila.

Por Jaime Rosemberg

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