Plan Cooperativas: un proyecto de oportunidades, cautivo del uso político

La calle se llama Valle Armonía, pero se parece más a un sendero barroso que serpentea junto al arroyo Morales, en el límite entre González Catán y Virrey del Pino. Aunque hace dos días que no llueve en este rincón de La Matanza, el barro lo cubre todo. En rigor, no todo: una angosta vereda de cemento es el único camino firme y seco que conecta las casas con el mundo exterior. Bajo el sol del mediodía, siete hombres transpiran para que la vereda le siga ganando centímetros al barro. Sin máquinas. Sin guantes. Sólo unos overoles descoloridos que indican que forman parte de la agrupación piquetera Barrios de Pie y que integran una cooperativa del Plan Argentina Trabaja (PAT).

En la cuadrilla de hombres manda una mujer. Como si hiciera falta, se llama Eva. Eva Aquino, de 47 años, cuatro hijos. Antes de entrar a la cooperativa limpiaba casas y vendía ropa en la calle. "Mirá que hago de todo, soy trabajadora y encaradora, pero no consigo en blanco. No tengo esa suerte", dice la mujer, que se presenta como "la responsable de la cuadrilla y la bloquera".

La "bloquera" no es otra cosa que diez moldes de metal en los que se vierte cemento y salen ladrillos que luego se venden en una feria. La recaudación ayuda a parar la olla en la cooperativa, que no recibe materiales ni ropa de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, pese a que el organismo a cargo de Alicia Kirchner destinará este año 5006 millones de pesos a las cooperativas del PAT. Según la ley de presupuesto, en 2015 serán 7227 millones de pesos. Pero a la cuadrilla de Eva no le llega ni el cemento para hacer la vereda: lo donan los vecinos. También aportan agua, baño y, cuando tienen, sombra.

Lanzado por Cristina Kirchner el 14 de agosto de 2009, el PAT no pudo escapar a las dos circunstancias que marcaron su origen: fue anunciado en un contexto de caída sostenida del empleo, pero también dos meses después de la derrota que Néstor Kirchner sufrió ante Francisco de Narváez en las elecciones legislativas bonaerenses.

Por el primer motivo, el PAT representó una oportunidad invalorable para que miles de desocupados accedieran a un trabajo. Un plan distinto, porque organizaba a los trabajadores bajo el formato de cooperativas de 60 miembros y les exigía una contraprestación que, además, debía realizarse en su propia comunidad, para beneficio y control de sus vecinos. Cuatro horas por día dedicadas a tareas de baja complejidad, pero mano de obra intensiva: desde el mantenimiento y la limpieza de plazas y escuelas hasta la pintura de cordones y, en algunos casos, tareas de construcción.

Pero el Gobierno también concibió el PAT para retomar el control político en el conurbano y, en ese sentido, lo distribuyó con criterios clientelares y abiertamente arbitrarios, para provecho de los intendentes y las organizaciones kirchneristas.

Salvo excepciones, los desocupados sin filiación política necesitaron los servicios de un puntero para ingresar. O pasar la noche haciendo colas como las que presenció este cronista, con la esperanza de que al día siguiente, cuando se abriera la inscripción, los cupos no hubieran desaparecido mágicamente.

Los piqueteros opositores arañaron cada plan con marchas y protestas. A las provincias del interior no les fue mejor: pasaron meses hasta que recibieron los primeros planes. Todavía hoy el conurbano bonaerense concentra el 70 por ciento del PAT.

La información oficial de Desarrollo Social fue siempre escasa y contradictoria, a tal punto que podía haber diferencias de miles de beneficiarios entre lo que se anunciaba en un acto político y lo que se admitía en las planillas del presupuesto o en los documentos del Ministerio.

Por caso, el Gobierno en campaña prometía llegar a 300.000 beneficiarios para 2011, pero un año después reconocía tener 159.215. Esa primera tanda fue concentrada en 46 municipios bonaerenses, salvo 15.000 planes que se derivaron a Tucumán y 3000 al municipio de Corrientes, ambos kirchneristas.

Un documento colgado en la página de Desarrollo Social sostiene que en 2013 existían 5795 cooperativas (ahora reducidas a entre 30 y 36 miembros), lo que representaría un aproximado de 191.000 beneficiarios del PAT.

En sus publicaciones, el Ministerio sostiene que los criterios para distribuir los planes entre las provincias son población, desempleo e indicadores sociales locales, algo que desmintieron no sólo los estudios realizados por entidades independientes, sino también los propios datos del Ministerio.

¿Por qué? Porque de esas 5795 cooperativas admitidas en 2013, 4115 estaban registradas en el conurbano bonaerense. En el otro extremo se ubican Córdoba y Santa Fe, gobernadas por opositores, que apenas recibieron 33 y 42 cooperativas, respectivamente. A otras provincias con menos habitantes y, según el Gobierno, menos desocupados, les fue mejor: las ultrakirchneristas Tucumán (525), Chaco (172) y Entre Ríos (153).

La misma arbitrariedad rigió dentro del conurbano, donde los municipios opositores recibieron menos cooperativas, que, además, quedaron bajo el control de punteros del PJ o "referentes" del Ministerio. ¿Cómo? Ubicaban a sus militantes como autoridades de cada cooperativa, lo que les daba el poder de controlar la asistencia y, con eso, aplicar descuentos salariales o expulsar a los díscolos.

Dentro de los grupos piqueteros kirchneristas hubo un claro ganador: el Movimiento Evita, a cuyo líder, Emilio Pérsico, se le atribuye haber ideado el PAT. El 14 de febrero de 2010, la nacion reveló listados de Desarrollo Social en los que figuraba que el Evita había inscripto a 14.921 cooperativistas. En ese entonces, cada uno percibía un salario de $ 1200, un valor muy superior al resto de los planes sociales. Hoy perciben $ 2600 mensuales.

En esos documentos, el Frente Transversal de Edgardo Depetri aparecía con 5285 inscriptos. La Cámpora, por entonces con mínimo despliegue territorial, había anotado a 804 personas. Hasta el ignoto grupo MP19, vinculado con el secretario de Seguridad y entonces mano derecha de Alicia Kirchner, Sergio Berni, había anotado 212 personas. La información nunca fue desmentida por las organizaciones.

Por esos días, Luis D'Elía venía de encabezar varias protestas contra Alicia Kirchner. En los listados, la nacion encontró que le habían permitido anotar a sólo 320 militantes. La situación se revirtió luego.

Hace 45 días, la nacion concurrió al Ministerio para conocer la cantidad actual de cooperativistas. En Prensa del organismo pidieron que la consulta se hiciera por mail, cosa que sucedió el 7, 13, 19 y 27 de noviembre. Nunca hubo respuesta.

De todos modos, este diario accedió a información del Inaes, el instituto que maneja el registro de cooperativas del país, según la cual hoy existen 7781 cooperativas del PAT, lo que daría (por 33 miembros) unos 256.000 beneficiarios.

De ese total, 2671 cooperativas aparecen dentro del subprograma Ellas Hacen, creado en 2013 y destinado a madres vulnerables y víctimas de violencia familiar. Serían 88.000 beneficiarias, más 168.000 cooperativistas "tradicionales".

Siguiendo la "lógica" que aplicó el Ministerio hasta hoy, el conurbano debería tener actualmente cerca de 175.000 cooperativistas trabajando en sus calles. Pintando cordones, cuidando plazas u ordenando tránsito, como decidieron varios intendentes para ahorrar costos en la planta municipal. O construyendo veredas, conexiones cloacales y hasta viviendas, como hicieron los municipios y organizaciones sociales con metas más elevadas.

Surge un problema: tal cantidad de cooperativistas no se ve en las calles. Para darse una idea: con sus pecheras o mamelucos, en el conurbano deberían verse por lo menos 5 cooperativistas por cada policía que patrulla los barrios. No están.

No es una impresión antojadiza: lo reconocieron seis intendentes oficialistas consultados para esta nota. No sólo eso: indicaron que manejan un 40 por ciento menos de cooperativas que en 2012. Los del Frente Renovador perdieron la cuenta: cuando rompieron con el kirchnerismo, el Ministerio les arrebató el control de las cooperativas.

En el kirchnerismo, las versiones apuntan a que hay dos nuevos "reclutadores" que estarían yendo "por todo": La Cámpora y Kolina, el partido de Alicia Kirchner.

Con todo, la distribución arbitraria y clientelar de planes no es la principal sombra que deja el PAT, sino el destino de los fondos que el programa estipula para materiales y herramientas. En 2009, se anunció que cada cooperativa recibiría un fondo de 275.000 pesos por año para financiar su funcionamiento. Pero Desarrollo Social no entrega esa suma a los cooperativistas, sino a los intendentes. Si existe un seguimiento unificado de esos recursos, el Ministerio no lo difunde.

¿A dónde habrán ido a parar los 275.000 pesos anuales para materiales de cada cooperativa que los intendentes mandaron a cuidar el tránsito o vigilar plazas? ¿O las que tienen gastos menores, como pintar cordones y cortar el pasto? ¿Y los fondos para la cuadrilla de Eva Aquino, que no recibe dinero para el cemento de las veredas?

En 2015, según la ley de presupuesto, el Gobierno enviará un total de 2206 millones de pesos a intendentes y gobernadores para que compren materiales y herramientas. La Auditoría General de la Nación inició una investigación sobre el PAT en 2010, que completó en febrero de este año. Todavía espera el descargo de Desarrollo Social.

En ese sentido, el PAT representó no sólo una herramienta política para que el kirchnerismo retomara el control territorial luego de la derrota de 2009, sino también un instrumento para aliviar las finanzas de los intendentes amigos: fondos para obras y personal más barato que los empleados de planta.

A pocas cuadras del barro donde trabaja la cuadrilla de Eva Aquino, sobre el kilómetro 31 de la ruta 3, en González Catán, funciona uno de los 22 obradores que el municipio de La Matanza levantó para organizar el trabajo de los 9500 beneficiarios del PAT que tiene a su cargo.

El edificio es precario, la cáscara de lo que antes era un supermercado, pero parece un hormiguero: por allí transitan cada día 400 cooperativistas. En el centro del local, una cuadrilla de mujeres construye paneles para casas prefabricadas. En otro salón funciona una carpintería con tornos y sierras eléctricas para hacer muebles que irán a escuelas y comedores. Una herrería fabrica arcos de fútbol, juegos infantiles y paradas de colectivos. Hay una hormigonera que produce baldosas, bancos y mesones para plazas.

Los materiales son aportados por Desarrollo Social. El municipio se ahorra fortunas en mobiliario y personal. Tan cierto como que adentro del obrador se trabaja y los que quieren aprenden oficios.

Pedro Mendoza se encarga de formar carpinteros. "En mi época fui oficial carpintero, 20 años en una fábrica, me iba bien. Cuando cerró no sabía qué hacer. Me salvó un «referente» que me acercó a la cooperativa", cuenta, orgulloso, porque ahora enseña a otros y suma aportes para su jubilación. Y trabaja.

En el obrador hay "orientadores sociales" que empezaron como cooperativistas y ahora asisten a otros. La Universidad de la Matanza controla la asistencia. Supervisan funcionarios del municipio. El edificio es precario y no pasaría un control sindical, pero al lado de las condiciones en las que trabajan las cooperativas de los piqueteros no kirchneristas parece Disneylandia.

Eva Aquino no se queja por las condiciones. Pide más. "A mí me gusta esto. Si tuviéramos más moldes podríamos fabricar más ladrillos y entonces podrían entrar más chicos a la cuadrilla y hacer más veredas. Esto tiene que crecer", dice, señalando el final del sendero de cemento y las casas de más allá, incomunicadas por el pantano. "Si no hacemos más veredas no vamos a poder cumplir", insiste. ¿Cumplir con los controles del Ministerio? "Con los vecinos", responde, como si acabara de escuchar la pregunta más estúpida. El Ministerio no pasa nunca por ahí.

Por Marcelo Veneranda

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