El Gobierno destaca que ahora estudia el 86% de los cooperativistas

Hace un año, el Ministerio de Desarrollo Social buscó dar un vuelco al sistema de cooperativas que el kirchnerismo había creado tras la derrota electoral de 2009, modificando la contraprestación exigida a los 260.000 beneficiarios del plan Hacemos Futuro (que absorbió a las cooperativas de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen). La prioridad ya no era realizar algún tipo de tarea de servicio o producción comunitaria (que solo cumplía una parte de las cooperativas), sino que los beneficiarios terminaran sus estudios primarios y secundarios o participaran en cursos de formación y capacitación.

Un año después, en el entorno de la ministra Carolina Stanley hacen un balance positivo de la apuesta y reconocen, entre otras cosas, que aumentó el progreso escolar de los beneficiarios de los planes sociales. Por el contrario, los movimientos sociales señalan la falta de un plan coordinado y denuncian que el objetivo real de la iniciativa siempre fue la baja del gasto social.

"Hasta 2015 los programas sociales estaban enfocados en una lógica asistencialista. Primaba un modelo basado en transferencias económicas, sin un esquema de transformación real de las condiciones de vida de las familias más vulnerables", señalaron desde el Ministerio a LA NACION, que tuvo acceso a los principales datos del balance: en 2019, el 86% de los titulares de planes sociales terminaron el secundario, lo están cursando o se inscribieron para hacerlo, mientras que más de 155.000 personas pasaron por algún tipo de práctica formativa.

Las nuevas condiciones del programa Hacemos Futuro fueron anunciadas por Desarrollo Social en febrero de 2018. En aquel momento, Stanley justificó la medida apoyándose en que "más del 60% de los que cobran planes sociales no terminaron el colegio secundario" y consideró que el nuevo requisito iba a permitir que los beneficiarios terminaran sus estudios.

Otro de los puntos que resaltaron desde el Ministerio es que el programa finalizó la intermediación clientelar de municipios, organizaciones sociales o sindicatos entre los fondos del Estado y los beneficiarios de los planes. "Cada persona cobra por medio del Banco Nación con su tarjeta de débito personal e intransferible", agregaron fuentes de la cartera.

También destacaron que se amplió la oferta de formación a más de 19.000 tipos de capacitaciones, que cuentan con 390.000 cupos; y que se desarrolló la plataforma Portal de Empleo, donde los titulares pueden cargar su curriculum vitae y acceder a búsquedas de empleo y bolsas de trabajo.

Críticas de las organizaciones

A pesar de coincidir en el espíritu de la reforma en los planes sociales, el balance que realizan los movimientos sociales es distinto al oficial. "Estamos de acuerdo con la idea de la capacitación y los progreso en la educación de los beneficiarios de los planes, pero vemos algunas limitaciones", indicó Gildo Onorato, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

"El primero es que cerraron más de cinco mil establecimientos que funcionaban bajo el plan Fines -plan de terminalidad educativa-. Por otro lado, en la medida en que no haya un acompañamiento práctico al estudio se elimina la posibilidad de construcción de trabajo comunitario para generar la infraestructura social que falta", agregó el dirigente social.

"Hay un doble discurso: por un lado plantean la terminalidad educativa y, por el otro, eliminan los dispositivos escolares que permitirían que la gente estudiara", remató, en alusión al cierre de los bachilleratos y escuelas nocturnas que habían creado muchas organizaciones sociales y que dependían de fondos nacionales y provinciales.

Daniel Menéndez, dirigente de unas de las fracciones de Barrios de Pie, calificó como "electoral" la iniciativa: "El Gobierno dice lo que la sociedad quiere escuchar: que los programas sean para estudiar y que se exija a la gente que termine sus estudios para mejorar su posible inserción laboral. Pero el sistema educativo no está preparado, no hay escuelas nocturnas, no hay posibilidad. Son eslóganes de campaña".

Desde el Movimiento Evita consideran que la continuidad en el estudio de los titulares de los planes está garantizada por los dispositivos que ofrecen los movimientos sociales. "En su mayoría, los que continúan sus estudios son por las herramientas que brindan las organizaciones sociales, porque el sistema educativo formal no tiene capacidad para integrar a los adultos", explicó el dirigente Martín Navarro.

Otra diferencia que esgrimen es en torno a que los cambios se debieron a motivaciones de ajuste del gasto social. "Aquellas personas que no pueden acreditar capacitación o progreso escolar y no tienen la cobertura de una organización social pierden el plan", explicaron desde la CTEP, donde exigen el aumento inmediato del ingreso del plan, que actualmente es de $6000.