Plantean la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Justicia una acción declarativa de certeza (recurso que se plantea cuando hay dudas sobre una norma o relación jurídica) contra el Congreso y el Poder Ejecutivo, para que "se declare la inconstitucionalidad de la omisión en que ha incurrido el Parlamento al no crear la Comisión Bicameral Permanente", que, según la Constitución, debía regular el dictado de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Pero, además, el recurso pide que "hasta tanto entre en vigor la ley por la cual se constituya la comisión, sean considerados inconstitucionales los DNU que dicte el Poder Ejecutivo" de ahora en adelante.

La acción judicial, que recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo de Ernesto Marinelli, podría ser un dolor de cabeza para el gobierno del presidente Néstor Kirchner, que en su segundo año de mandato dictó 73 DNU (lo que marca un promedio de uno cada cinco días) y superó así los 64 decretos firmados por el ex presidente Carlos Menem en el mismo período, según informó LA NACION la semana última.

Los DNU son decretos con fuerza de ley que el artículo 99 de la Constitución, reformada en 1994, permite dictar al presidente, solamente "cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos constitucionalmente para la sanción de las leyes".

El mismo artículo, en su inciso 3, agrega que dentro de los 10 días de su firma, cada DNU debe ser sometido a "la consideración de una Comisión Bicameral Permanente (CBP)", integrada por diputados y senadores según la proporción política de cada Cámara. Y establece que una ley especial, sancionada con mayoría absoluta, regulará los alcances de la intervención del Congreso en el tema.

La acción judicial de los letrados porteños se fundamenta en que esa disposición de la Constitución no se cumple, porque la comisión -desde 1994 hasta la fecha- no se creó y tampoco fue sancionada la ley especial.

"Una de las obligaciones de los abogados es observar la Constitución y ésta es una forma de hacerlo", explicó Máximo Fonrouge, integrante del directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad, y uno de los promotores de la presentación, junto al presidente de esa entidad, Roberto Durrieu.

"No hay connotaciones políticas. Esta es una cuestión que viene sin resolverse desde el gobierno de Menem, más allá de partidos políticos", sostuvo el letrado a LA NACION. Además, recordó que tanto el PJ como la UCR pretendieron crear la comisión cuando fueron oposición, pero abandonaron esa intención al llegar al gobierno.

En este momento, sin embargo, en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la mayoría justicialista aprobó un dictamen para crear la postergada CBP, pero con una diferencia sustancial al proyecto original, que decía que si el Congreso no se expedía sobre un decreto, éste quedaba automáticamente derogado.

Ahora, en cambio, el peronismo interpreta que el silencio del Congreso significa que el DNU es ratificado, lo que se denomina sanción ficta, un criterio que no comparte la oposición a la hora de formar la esperada CBP.

"Es forzado interpretar que el silencio de una de las cámaras significa aprobación, pero el PJ espera tener mayoría para aprobarlo así", dijo el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba), vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Coincidió con él la diputada Marcela Rodríguez (ARI-Buenos Aires), para quien "la sanción ficta es inconstitucional".

En cambio, para el presidente de la comisión, el diputado Juan Manuel Urtubey (PJ-Salta), "cuando un DNU no se trata en el Congreso, el silencio no lo aprueba ni rechaza y sigue manteniendo la categoría de DNU".

En el Senado, en tanto, Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) elaboró un predictamen que rechaza la sanción ficta, pero que no cuenta con el favor de la mayoría justicialista. "Compilé los más de 30 proyectos presentados y el criterio mayoritario es que si el Congreso no ratifica los DNU en 60 días, quedan automáticamente derogados", sostuvo Sanz.

Además de los legisladores, también la Fundación Poder Ciudadano rechazó la creación de la CBP con las condiciones de la sanción ficta.

"No sólo van contra el espíritu constitucional, sino que quieren hacer de la comisión un sello de goma que dé luz verde a los presidentes para legislar por decreto", se quejó Laura Alonso, coordinadora del Area Acción con Políticos de esa organización.

Alonso opinó que no se puede crear "una comisión a cualquier precio", y advirtió que para que su funcionamiento sea eficaz, es necesario que la presida una fuerza opositora, que emita un solo dictamen de aceptación o rechazo de cada DNU, que los plazos de tratamiento sean improrrogables y que las sesiones sean públicas.