Polémica demanda por la venta de un hotel

Transcurría uno de los días más caóticos del país desde el retorno de la democracia y hacía menos de 24 horas que su hermano, el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá, había realizado su recordada visita a la sede de la CGT. El 27 de diciembre de 2001, una sociedad comercial encabezada por Alberto Rodríguez Saá, compró, en una discreta operación, un hotel a la Federación de Empleados de Comercio (Faecys), por 800.000 pesos-dólares.

El hotel El Volcán, una edificación de estilo inglés con 66 habitaciones, era el motor económico de una villa que lleva el mismo nombre, a 20 kilómetros de la ciudad de San Luis. Desde 1945 y hasta el cambio de dueño había estado destinado al turismo social y daba trabajo a 24 familias de los poco más de mil habitantes del pueblo.

Hoy, todo cambió. El hotel cerró sus puertas en mayo último y el pueblo quedó casi paralizado. Hace tres semanas, sus veinticuatro empleados demandaron a Faecys -que dirige el sindicalista Armando Cavalieri- y a Catriel, la empresa de Alberto Rodríguez Saá, hoy gobernador de la provincia.

Les reclaman más de 1.600.000 pesos en salarios atrasados e indemnizaciones impagas. La presentación judicial incluye también acusaciones sobre irregularidades en el traspaso del hotel y sobre acoso laboral durante los meses que duró la relación con Catriel.

Aunque la demanda está dirigida contra Faecys y Catriel, los empleados culpan al gobernador. "El, que pregona tanto la justicia social, nos dejó en la calle", dijo a LA NACION Hermes Funes, que era cocinero en El Volcán desde 1994. El empleado detalló que, en abril último, la empresa les dejó de pagar, por lo que más de un mes después se dieron por despedidos.

En diálogo con LA NACION, la jueza laboral de San Luis María Eugenia Bona informó que el sumario recién comienza y que el hotel fue embargado en forma preventiva. LA NACION intentó conocer la posición de Catriel, pero su abogado, Carlos Fermoselle, no respondió las llamadas.

Según la versión de la abogada de los empleados, los problemas comenzaron cuando se realizó el traspaso. En la escritura -firmada por Cavalieri y por Zulema Rodríguez Saá, hermana del gobernador-, se habla de la venta de inmuebles "con todo lo plantado, clavado, edificado y cuanto demás adherido al suelo contienen y les es anexo".

"Se escondió, en la figura de la venta de diversos inmuebles, el motivo real de la operación, que era la transferencia del fondo de comercio que incluía la explotación del hotel", sostuvo Miriam Agúndez, la abogada de 21 empleados. La letrada fue funcionaria de la primera gobernación de Rodríguez Saá, de la intendencia del opositor Carlos Ponce y, hoy, está alejada de la política.

"Los trabajadores fueron las primeras víctimas de esta maniobra de engaño -continuó Agúndez-. Oficialmente, Faecys les comunicó que la explotación del hotel había sido cedida a Catriel por tres años y que al término de ese plazo si esta empresa hacía uso de la opción de compra se le transfería el personal. Producido el cierre, Faecys negó cualquier responsabilidad laboral, mientras que Rodríguez Saá manifestó, por medio de su abogado, que la empresa está quebrada y que sólo iba a abonar el 10 por ciento de la deuda."

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