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Polémica en La Plata entre Scioli y organismos de derechos humanos
Es por una obra que se inaugurará y donde funcionaba un ex centro clandestino
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LA NACIONPablo Morosi
LA PLATA.- Donde fueron hallados unos 10 mil fragmentos de restos óseos carbonizados y lo que pudo ser un paredón de fusilamiento tapizado por centenares de huecos de balas, el gobierno bonaerense se apresta a inaugurar, esta tarde, las obras de preservación del ex centro clandestino de detención (CDD) conocido como Pozo de Arana, en las afueras de esta ciudad.
La medida provocó una áspera polémica con organismos defensores de los derechos humanos que reclaman por la desactivación del destacamento policial que aún funciona en el lugar y exigen la prohibición de acceso al sitio para cumplir con la orden Judicial que establece su tutela.
En un comunicado difundido ayer, una docena de organismos nucleados en el colectivo Justicia YA! cuestionaron "la presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio".
Mientras el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, destacó la importancia de la preservación de las pruebas y consideró que el emprendimiento "nos pone como una provincia a la vanguardia de la responsabilidad que tenemos de acompañar estas políticas nacionales"; la secretaria provincial de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho consideró que: "Sobre todo Arana es memoria, es respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares. Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos y decirles esto jamás va a volver a ocurrir".
Sin embargo, para los miembros de Justicia YA! la iniciativa, "lejos de significar un acto reparatorio es a todas luces un hecho de violencia a la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos".
"Nos ofende, nos afecta, no queremos show, no queremos exhibiciones, somos comunidad de pertenencia de esos restos humanos", se concluyó en el comunicado, firmado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Centro de Abogados por los Derechos Humanos; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos; Colectivo de Abogados Populares, La Ciega; Comité de Acción Jurídica; CTA-La Plata y Ensenada; HIJOS La Plata; Insurrectos; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Unión por los Derechos Humanos. También se exigió la ampliación de la investigación a la totalidad del predio.
Enterramientos clandestinos
El sitio reviste una importancia determinante ya que es el primero de los CDD en que, hasta ahora, se pudo comprobar la existencia de enterramientos clandestinos. Se trata, pues, de preservar allí prueba testimonial y judicial de delitos de lesa humanidad que refuerza los testimonios de sobrevivientes.
La iniciativa impulsada por el gobierno de Scioli surgió en abril de 2008, luego de que un grupo de profesionales perteneciente al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que trabajaba en el lugar encontraron unas quince fosas con restos óseos, además de descubrir un muro perimetral entre el patio interno y el exterior, con más de 200 impactos de proyectiles donde, se presume hubo fusilamientos masivos.
Los expertos trabajaban allí -donde, entre otros, estuvo detenido el testigo desaparecido Jorge Julio López-, en el marco de una causa judicial a cargo del Juez Federal platense, Arnaldo Corazza, quien solicitó una medida de no innovar para preservar el sitio.
La obra se desarrolló con la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, y las carteas de Justicia y Seguridad y de Infraestructura, además de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y la Secretaría General de la Gobernación. Las tareas demandaron una inversión de 750 mil pesos y apuntan a la protección del muro perimetral y el portón de acceso; la zona lindera con el muro del fondo del predio; y un pozo séptico ubicado en el patio interior.
Se aplicó tecnología que "permite minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar, dada la sensibilidad y las características de los hallazgos", según explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Fernando Cano, quien recalcó que todas las tareas contaron con la supervisión y autorización del juez Corazza.
Por Pablo Morosi
