Populistas y mercantilistas, las posturas de la década del 50

Probablemente no sea correcto atribuirle a Perón un diseño muy elaborado de sus políticas de gobierno. Incluso, muchas de las que aparecen en informes oficiales reflejan la opinión de quienes las redactaron, más que las del mismo Perón. El dejaba hacer. Si algo salía bien, lo apoyaba, y si no, no vacilaba en descartarlo.

Perón fue también producto de las experiencias y las ideas de su tiempo. El control de cambios, la nacionalización de la banca y de los transportes no fueron inventos argentinos: se experimentaron antes en otros lados. Pero al aplicarlos aquí Perón obedeció, con su particular modo de ver y de una forma muy pragmática, a la intención de consolidar apoyos políticos que le dieran un inmenso poder.

A un clima ideológico mundial favorable a la intervención del Estado, desde la crisis del 30, Perón añadió su especial concepción de la conducción, aprendida en su carrera militar, y su convicción de que su base de apoyo serían los nuevos sindicatos, surgidos de la organización gremial concebida por el Estado, semejante a la Carta del Laboro, impuesta por el fascismo.

Pero Perón no avanzó, como Getulio Vargas, con una constitución corporativa como la del Estado Novo, en 1937, en Brasil. Sin embargo, no se privó de utilizar todos los instrumentos a su alcance para producir las modificaciones que buscaba.

En un comienzo, actuó como si el Estado, al que se le agregaban múltiples y variadas funciones, no tuviera límites de financiamiento. Debe anotarse que, al concluir la Segunda Guerra, no hubo movilidad internacional de capitales, por lo que no se pudo contar con ellos. Esto, si bien fue una restricción, por otro lado permitió actuar con gran autonomía, sin que importaran la confianza externa o las represalias financieras.

Es cierto que al final de la guerra la Argentina contaba con cuantiosas reservas, aunque el país no pudo disponer en otros mercados de las libras bloqueadas en el Banco de Inglaterra. Las cambió por el rescate de una deuda de largo plazo y por activos que, en gran medida, ya eran obsoletos (por ejemplo, los ferrocarriles), cuando pudo haberlas utilizado para aumentar importaciones desde la propia Gran Bretaña. Pero, en cambio, tuvo en el Banco Central el instrumento para financiar sus proyectos.

Si a ello se agregan los márgenes de cambio y los fondos de las cajas, se ve que el gobierno de Perón tuvo una enorme masa de recursos, que usó en prebendas para variadas clientelas, sin consideración por la restricción presupuestaria.

Pero su objetivo principal consistió en tratar de mantener salarios reales altos, independientemente de su productividad, y esto a la larga tampoco era posible. Para hacerlo, el gobierno intervino en aquellos precios que podía controlar: alimentos, por medio del tipo de cambio; vivienda, con la ley de alquileres, tarifas y combustibles. A veces, fijó directamente precios máximos y mínimos.

El hecho es que los instrumentos que usó tuvieron consecuencias negativas sobre las exportaciones, porque el desfavorable tipo de cambio las mantuvo estancadas. No hubo inversión en vivienda debido a los alquileres congelados. Los distintos subsidios, entre ellos a las empresas, financiados monetariamente, contribuyeron a desatar la inflación. Esas fuentes de financiamiento empezaron a reducirse cuando la economía se desmonetizó y el impuesto inflacionario rindió menos.

Con la nacionalización de ferrocarriles, teléfonos, el transporte urbano de la Capital Federal y el gas, la casi totalidad de los servicios públicos (quedó excluida, por un tiempo, la electricidad) quedó en el ámbito del Estado. El costo de esos servicios tuvo una elevada incidencia en la composición de la canasta de consumo de los sectores populares. Las tarifas durante los dos períodos de Perón, de 1946 a 1955, quedaron rezagadas en términos reales en un 45 por ciento. Esto produjo pérdidas reiteradas a las empresas, que operaron con precios por debajo de sus costos durante períodos prolongados.

Las diferencias fueron cubiertas, en parte, por créditos subsidiados, redescontados por el Banco Central. Las pérdidas afectaron también la situación patrimonial, y la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios. A lo largo de los años, no se renovaron equipos ni se cuidó su mantenimiento, con las secuelas consiguientes.

Como hemos dicho, uno de los objetivos del gobierno de Perón fue mantener elevados los salarios reales de los sectores populares. Ello, sin embargo, chocaba con un esquema económico basado en la protección y el subsidio al sector industrial, lo que, por definición, suponía que este sector tenía una productividad inferior a la de sus competidores internacionales.

Esto generaba una contradicción, ya que los empresarios industriales no podían aumentar la remuneración nominal del trabajo sin afectar su ganancia. En esas circunstancias, el gobierno no limitó su apoyo a esos sectores. Les brindó mercados cautivos y crédito, y operó sobre los precios que podía controlar, sobre los tipos de cambio, créditos y tarifas, de modo que fuera mayor el poder adquisitivo del salario nominal.

Se había creado un nuevo Estado, en condiciones de manejar numerosos y poderosos instrumentos que afectaban a diario el comportamiento de los agentes económicos, favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Era un tipo de capitalismo diferente.

Con el enorme conjunto de instituciones que se habían creado, la propiedad nominal de una empresa continuaba siendo de su titular, pero la ganancia dependía, en una medida muy importante, no ya de su productividad, sino de hechos administrativos.

La entrada en el mercado con privilegios determinaba la ganancia de un sector, y no su productividad. Al incidir sobre la rentabilidad se afectaba el valor patrimonial y, aunque así no se lo hubiera advertido, también los derechos de propiedad.

Es probable que en muchas de las economías mixtas haya ocurrido algo de esto, pero nunca llegó a extenderse y profundizar tanto como en este caso.

Por otro lado, el variado e interminable conjunto de disposiciones, reglas y normas hacía que todo el sistema fuera muy complejo y llevara a una inversión importante en tiempo y recursos, que sólo podían hacer los de mayores ingresos y los más avispados, para poder aprovecharlo. Así se desató en el país una sorda pero no menos feroz competencia en las décadas siguientes para obtener concesiones del poder administrador, que siempre terminó favoreciendo a los mejor informados, más poderosos y más ricos.

La entrada de nuevos factores en el mercado, en el caso de los capitales, se hizo cuando se lograron condiciones especiales. El factor trabajo, por bastante tiempo, buscó también en el poder monopólico y en la influencia política el modo de mejorar su remuneración.

Los factores de crecimiento dependieron de la efectividad y viabilidad de las políticas mercantilistas. En un marco de creciente ilegitimidad, tampoco favorecieron la reinversión de las ganancias ni la eliminación de los conflictos distributivos y la estabilidad del sistema político.

¿Cómo destrabar este complejo conjunto de nuevas reglas e instituciones sin afectar a los intereses que se habían creado? ¿Cómo superar los conflictos y la creciente inestabilidad y retornar a una senda de razonables equilibrios?

Era un problema que afectaría a los argentinos durante las siguientes décadas del siglo XX y que marcaría por largo tiempo la evolución económica de la Argentina.

El autor es profesor emérito de historia económica de la Universidad de San Andrés y presidente honorario de la Asociación Internacional de Historia Económica

Por Por Carlos Cortés Conde <br/> Para LA NACION

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