Por ley, no se podrán confiscar los depósitos

Una señal clave para los ahorristas
Una señal clave para los ahorristas
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30 de agosto de 2001  

En una fuerte señal a los pequeños y medianos ahorristas, el Senado sancionó ayer una ley que declara intangibles los depósitos bancarios, ya que prohíbe al Poder Ejecutivo confiscar esos fondos y canjearlos por títulos públicos o cualquier otro activo.

La iniciativa había sido aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados -el autor es el radical neuquino Víctor Peláez- con el apoyo unánime de todas las bancadas, respaldo que se repitió anoche en la Cámara alta que trató el proyecto sin debate.

Fue el corolario de una extensa sesión en la que también se convirtió en ley la exclusión del Fondo Especial del Tabaco (FET) del presupuesto nacional y se aprobó citar a interpelación al ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, bajo amenaza de apercibimiento.

También se dictó sentencia en el juicio político al juez en lo penal y económico Jorge Pisarenco.

Más allá de la prolífica jornada del Senado, la declaración por ley de la intangibilidad de los depósitos bancarios fue la iniciativa más importante de las sancionadas, a pesar de que se aprobó sin debate.

La medida prohíbe al Poder Ejecutivo adoptar cualquier tipo de medida confiscatoria con los fondos depositados en cuentas bancarias, ante la eventualidad de un agravamiento de la situación económica que lo obligue a requerir recursos.

A partir de la promulgación de la ley el Estado Nacional no podrá "en ningún caso, alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y la entidad financiera".

"Esto significa la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública nacional u otro tipo de activo del Estado nacional", agrega el artículo 2° de la norma.

Además, impide al Poder Ejecutivo prorrogar el pago de los depósitos, alterar las tasas pactadas o la moneda de origen ni tampoco reestructurar los vencimientos.

El proyecto surgió como una rápida respuesta del Parlamento al ajuste fiscal dispuesto por el gobierno de Fernando de la Rúa, como forma de garantizar sus fondos a los pequeños y medianos ahorristas.

Es que ya existe un antecedente de una medida confiscatoria del Estado. Fue en 1991, cuando el por entonces ministro de Economía apeló a los ahorros y plazos fijos para hacerse de dinero en efectivo y los canjeó por bonos de la deuda pública. Esa maniobra se conoció como plan Bonex.

Respaldo al Poder Ejecutivo

Pero la medida también implica un respaldo al Poder Ejecutivo, ya que al garantizar la estabilidad de los depósitos y de sus condiciones contractuales evitará una eventual corrida bancaria que afecte la estabilidad económico-financiera del Estado.

La ley es de orden público, tal como establece el artículo 3. Esto significa que tendrá validez sobre cualquier otra norma legal anterior que se le oponga.

El inicio de la sesión fue acompañado por los duros cuestionamientos que recibió el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, que a última hora y mediante una nota acercada ayer por una colaboradora suya anunció que faltaría a la interpelación para la que había sido citado la semana pasada.

La ofensiva contra Bastos fue encabezada por el bloque justicialista, acompañado discretamente por la UCR. Así, el riojano Jorge Yoma pidió el juicio político del funcionario.

En su misiva, el ministro informó que no podía concurrir porque tenía que cumplir tareas protocolares, como recibir al intendente de Turín y a un embajador extranjero. Finalmente, y cuando los ánimos contra Bastos subían de temperatura, se decidió votar una nueva citación para la semana próxima, pero bajo amenaza de apercibimiento.

La Cámara alta pretende interrogar al titular de Infraestructura por una serie de medidas controvertidas establecidas en los artículos 804 y 802. Se trata de las modificaciones introducidas en el marco regulatorio del sistema eléctrico nacional y en el sistema de peajes, respectivamente.

El mal clima contra el ministro quedó demostrado en el hecho de que el delarruista porteño José María García Arecha fue uno de los que se quejaron por no poder interrogar al funcionario.

Sin Fondo del Tabaco

Finalmente, el Senado convirtió en ley también la exclusión del Fondo Especial del Tabaco (FET) del presupuesto nacional. Esta medida es una declaración de intangibilidad de los recursos que se destinan a subsidiar a los pequeños productores tabacaleras, ante la eventualidad de que el Estado intente hacerse de esos fondos.

El Congreso empieza a aplicar el ajuste

  • A tono con la ley de déficit cero anunciada por el Gobierno, el Congreso decidió instrumentar desde este mes el recorte del 13 por ciento al salario de los empleados permanentes y transitorios que reciben más de 600 pesos mensuales. Así lo confirmó a LA NACION el secretario administrativo de la Cámara baja, Luis Flores Allende. No obstante, fuentes parlamentarias aseguraron que el ajuste se podría aplicar en forma proporcional, de acuerdo con los salarios. Otra versión indica que el ajuste recaería principalmente en los empleados transitorios, que ayer realizaron una ruidosa asamblea.
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