Por primera vez, la Comisión Bicameral rechazó el Plan de Inteligencia Nacional

Por primera vez desde el retorno de la democracia, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso aprobó un dictamen con críticas y observaciones al Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en vigencia. Cuestionó que el documento secreto que redactó el Gobierno entreabre la puerta a tareas de inteligencia ilegal contra políticos, economistas, movimientos sociales y periodistas, entre otros actores, confirmaron dos fuentes oficiales consultadas por separado por LA NACION.

“El dictamen incluye cuestionamientos de todo tipo y color al PIN, sí. Ese documento debe leerse como el marco general que explica lo que pasó luego, por ejemplo, con la denuncia que metió Bullrich [por, Patricia, ministra de Seguridad] por la difusión de los audios de Karina Milei, pidiéndole a la Justicia que allane a periodistas”, indicó una de las voces consultadas. “Bullrich no hizo más que explicitar que los periodistas son objetivos de inteligencia”.

Aprobado este martes por el pleno de la comisión, el dictamen se remitió al presidente Javier Milei y al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, quien responde al asesor Santiago Caputo y afronta ya una investigación penal por el PIN, tras una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien delegó la instrucción en el fiscal federal Guillermo Marijuán.

El dictamen fue redactado por el equipo de asesores de la comisión y aprobado este martes por el pleno del cuerpo, que preside el senador Martín Lousteau (UCR) e integran otros trece legisladores: el diputado Leopoldo Moreau (vicepresidente), el senador Oscar Parrilli (secretario), y los senadores Enrique Göerling Lara, Edith Terenzi, Eduardo De Pedro, María Florencia López y Beatriz Ávila como vocales, junto a los diputados Facundo Correa Llano, Mariela Coletta, Cristian Ritondo, César Treffinger, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.

De carácter secreto y no vinculante, el Gobierno puede desatender el dictamen completo, pero conlleva otro traspié para Milei y sus colaboradores, tanto en el plano político, como judicial, donde los investigadores de los tribunales federales de Comodoro Py podrían requerir una copia al Congreso para analizar los cuestionamientos.

Tal como reveló LA NACION el 25 de mayo pasado, el PIN es un documento secreto de 170 páginas que fija los lineamientos del Gobierno en materia de inteligencia para los próximos años. Desgrana cuáles son los intereses estratégicos del país para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a continuación, trazar las eventuales acciones particulares a desarrollar para cumplirlas.

Así, el PIN determinó que quedarán bajo la lupa de la SIDE todos aquellos “actores” que busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si alude de ese modo a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que pudieran cuestionar, por ejemplo, los operativos de la ministra Bullrich para evitar los cortes de tránsito frente al Congreso durante las marchas a los jubilados.

La SIDE también fijó como foco de interés a aquellos “actores” que generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno, sin precisar quiénes quedarían bajo la lupa. Podría abarcar a los economistas y analistas que han planteado discrepancias con las medidas adoptadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, o a los expertos que el presidente Milei denosta como “econochantas”.

El documento secreto también define como sujeto de interés de la SIDE a aquellos que puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar “desinformación”. Otra vez, sin precisar si apunta a tareas de inteligencia externa, como las que Rusia desarrolló para influir en los resultados electorales en Estados Unidos, Francia y Rumania, entre otros países. O si engloba a periodistas y analistas políticos a los que la Casa Rosada endilga de manera recurrente que propalan “fake news”.

¿Qué dice la Ley de Inteligencia Nacional? Determina que la SIDE está a cargo de elaborar el PIN tras completar un análisis combinado de los problemas más acuciantes y estratégicos del país vinculados a la defensa nacional y la seguridad interior, para fijar sus prioridades y orientar los recursos durante los siguientes años. Pero prohíbe de manera taxativa desarrollar tareas de espionaje interno; es decir, reunir información sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, opiniones políticas, afiliación partidaria o actividad privada lícita, en tanto que las investigaciones por la posible comisión de delitos son competencia de las fuerzas de seguridad y la Justicia, aunque ese límite tiene matices. ¿Por qué? Porque la legislación vigente faculta a la SIDE a abordar problemas de seguridad interior si son cuestiones estratégicas o delitos federales complejos.

El recorrido que llevó a la aprobación del dictamen crítico del PIN comenzó a gestarse hace meses. Tras completar la primera revisión, los integrantes de la comisión citaron a Nieffert para escuchar sus explicaciones. El funcionario se presentó a mediados de junio y defendió el PIN tal como fue redactado a lo largo de dos horas. Sostuvo que lo expuesto por LA NACION –confirmado luego por otros medios- era “falaz” y negó que la SIDE desarrolle tareas de espionaje sobre economistas, movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil.

“Para esta Administración los medios de comunicación y los periodistas no son considerados, en ningún caso, objetivos de inteligencia, por cuanto se encuentran protegidos por las garantías constitucionales que rigen la libertad de expresión, el derecho a la información y la actividad periodística”, remarcó Neiffert por escrito. “No voy a permitir que el sistema de inteligencia bajo mi coordinación empeñe sus capacidades para realizar vigilancia sobre políticos ni sobre medios o periodistas por su actividad profesional”.

Neiffert ahondó así en la posición oficial que ya había delineado el Presidente. A través de su cuenta en la red social X, Milei había sostenido que LA NACION había incurrido en una “fake news” al abordar el contenido de ese documento secreto de 170 páginas. Y la ministra Bullrich argumentó que este diario había incurrido en una “interpretación sesgada” del PIN.

Sin embargo, pese a la defensa del PIN y de su propia actuación al frente de la SIDE que planteó Neiffert, los legisladores opositores que integran la comisión resolvieron este martes dejar planteadas sus críticas y recomendaciones en un dictamen que remitieron a la Casa Rosada. “Nosotros no podemos modificar el PIN, aunque sí realizar objeciones y formular sugerencias. Veremos qué respuesta recibimos de la SIDE”, indicó uno de los miembros de la comisión, según publicó Laura Serra, el mismo martes, en LA NACION.

Para redactar esos cuestionamientos, los miembros de la comisión se apoyaron en al menos dos análisis que alertaron sobre riesgos y ambigüedades en el PIN que elaboró el Gobierno. Estimaron que habilitaría a los agentes de la SIDE a desarrollar “actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país”, según consta en las copias del memo y los reportes que LA NACION reveló a principios de julio.

Ambos análisis objetaron varias aristas del documento secreto de 170 páginas. El primero alertó que habilitaría a espiar a los movimientos sociales y grupos vulnerables, y a desarrollar tareas de “vigilancia de la opinión pública y críticos del Gobierno”. El segundo, marcó el “desacierto” de crear una División de Fuerzas Provinciales dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, bajo la órbita de la SIDE. ¿Por qué? Porque “entre las acciones que se le asignan se destaca su participación en ‘el establecimiento y desarrollo de relaciones de coordinación operativa con el área de inteligencia de fuerzas de seguridad provinciales y locales’”.

El primer reporte también alertó sobre lo que definió como “un aspecto particularmente sensible del Plan de Inteligencia Nacional”. ¿Cuál? “La inclusión de actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país, incluyendo eventualmente a ciudadanos argentinos, actores políticos, periodistas u otras personas”.

Por Hugo Alconada Mon

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