¿Por qué se desató un éxodo de intendentes bonaerenses?

Detrás de la repentina compulsión de los intendentes bonaerenses por pedir licencia en sus cargos para asumir responsabilidades en otras jurisdicciones hay una interpretación extendida en los corrillos de la política provincial. La versión indica que aquellos que lo hagan antes del 9 de diciembre estarán en condiciones de esquivar la ley que impide la reelección indefinida, lo que les permitiría –llegado el caso- volver a presentarse para un nuevo mandato en 2023.

La estrategia se basa en el decreto reglamentario de la ley 14.836, aprobada durante la gobernación de María Eugenia Vidal, que deja la puerta abierta para que aquellos intendentes que no hayan completado más de la mitad de sus mandatos actuales, puedan argumentar ese “bache” como una suerte de interrupción del mandato y queden liberados, de ese modo, del límite que establece la normativa: dos períodos consecutivos, sin chance de re-reelección.

La discusión leguleya volvió a instalarse este jueves por la llegada de Ariel Sujarchuk (Escobar) y Jorge Macri (Vicente López) a los gobiernos nacional y porteño respectivamente, pero ese camino ya lo habían emprendido otros 14 jefes comunales en uso de licencia, entre ellos Martín Insaurralde, Leonardo Nardini, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, Juan Zabaleta y Mariano Cascallares, exponentes del “intendentismo” del que se nutrió el oficialista Frente de Todos.

Según pudo saber LA NACION, la mayoría de los alcaldes que ya fueron licenciados en sus municipios tiene bajas expectativas en que se encamine una negociación entre el FdT y Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense para modificar la ley y habilitar “por única vez” la posibilidad de otro mandato para los intendentes que, hoy por hoy, no podrían hacerlo. Por ende, jugaron preventivamente la carta de salir de sus distritos antes del 10 de diciembre.

No obstante, un grupo de intendentes del PJ encomendó a Insaurralde que, desde la Jefatura de Gabinete bonaerense, coordine las conversaciones con referentes de Juntos por el Cambio para tentarlos con una modificación a la ley, dado que la coalición opositora tiene actualmente 48 jefes comunales –la mayoría radicales del interior provincial- que no podrían postularse para la reelección en 2023. La jugada cuenta con el “aval político” del gobernador Axel Kicillof.

“Se trabajará en la Legislatura en base al consenso. Esa es la mejor solución para que se evite judicializar el tema y provocar un conflicto con otro poder del Estado”, aseguraron a este medio fuentes de la Gobernación. Otros sectores del oficialismo, como el Frente Renovador massista que votó la legislación vigente en alianza con el vidalismo, sostienen que el FdT “no debe pagar el costo político” de quedar asociado a un cambio de normativa para beneficiar a la dirigencia.

Pero lo cierto es que, más allá de los intendentes que ya fueron licenciados, el Frente de Todos tiene otros 42 alcaldes alcanzados por la ley, con lo cual la presión política se hace sentir sobre Kicillof e Insaurralde. Otros jefes comunales del PJ, como Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Alberto Descalzo (Ituzaingó) ya decidieron que completarán sus mandatos hasta 2023, lo mismo que Néstor Grindetti (Lanús) por el lado de JxC, todos ellos sin apelar a la estrategia de la licencia.

La polémica está instalada. “¿Cómo le van a explicar los intendentes a sus vecinos que dejan el distrito para el que fueron electos con el objetivo de poder ser reelegidos ante una ley que se los prohíbe? Y con la excusa de ir a ocupar otros cargos, en algunos casos de menor trascendencia”, indicaron desde un municipio del Conurbano. Habrá que seguir el derrotero de los alcaldes para conocer, finalmente, si solo buscaban eso o transitar hacia otros horizontes políticos.

Por Mariano Spezzapria

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