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Preocupa al Ejército una tarea ilegal de inteligencia
Relevaron a militares que investigaban a testigos en Córdoba
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CORDOBA.- El Ejército admitió que le "preocupa" el descubrimiento de una actividad ilegal de inteligencia que miembros de un organismo militar estuvieron ejerciendo sobre testigos de una de las causas judiciales más espinosas, la que trata de precisar la "verdad histórica" de los casos de desaparecidos durante la última dictadura.
A raíz de este hecho fueron relevados y pasados a disponibilidad un coronel, un teniente coronel y dos suboficiales de la fuerza.
Los sancionados son un coronel de la jefatura de Inteligencia II del Ejército con destino en Buenos Aires cuyo apellido es Bo; el jefe de Inteligencia del III Cuerpo del Ejército, teniente coronel José Guillamondegui, y dos suboficiales, Roberto Luciano Quiroga y Edmundo Víctor Orsolini.
Como informó La Nación anteayer, Guillamondegui y los dos suboficiales debieron comparecer el jueves último ante la jueza federal Cristina Garzón de Lascano para responder por seguimientos e intimidaciones a que estaban siendo sometidos testigos de la "causa Menéndez", reabierta a mediados del año último.
Uno de los suboficiales, Quiroga, no obstante las evidencias que lo incriminaban y que le fueron presentadas durante la indagatoria, negó su intervención o contestó con reticencia. Frente a eso, en el acto se le imputó falso testimonio, y como se cometía "en flagrancia", quedó detenido. La situación de los otros dos militares está a estudio de la fiscal del tribunal, Graciela López de Filoñuk.
Explicaciones
"Es preocupante cualquier hecho que implique la violación de normas perfectamente establecidas por la ley de seguridad interior y de defensa, porque no es una persona o una unidad las que quedan comprometidas, sino que es todo el Ejército el que resulta dañado ante la opinión ciudadana", expresó a La Nación el coronel José Carlos Torello, vocero del Comando del III Cuerpo de Ejército.
El oficial fue el encargado de atender a La Nación por indicación expresa del comandante, general Juan Manuel Llavar, quien evitó, al menos con este medio, formular declaraciones en torno del grave episodio que involucró a miembros de la Central de Reunión de Información 141, que depende de su jurisdicción.
Torello aseguró que la labor de inteligencia interna descubierta, que tienen prohibido realizar las Fuerzas Armadas por la legislación vigente, se efectuó "sin conocimiento de los comandos superiores". Con esto, procuró dejar a salvo la responsabilidad de la jefatura de la región militar e instancias más altas, como las del jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Martín Balza.
-¿Cómo es posible que miembros de un organismo militar procedan como lo hicieron y eso no esté en conocimiento de la superioridad? , preguntó La Nación a Torello.
-Precisamente por esa razón se ha relevado al jefe de la unidad y se lo ha pasado a disponibilidad. La que estaba actuando era gente que dependía de él. Y es por eso también que se instruye un sumario interno.
Torello, al reconocer que el episodio "es un motivo de preocupación" para la conducción del III Cuerpo y del Ejército, señaló que ocasiona un serio perjuicio al arma, justamente, además, cuando "el Ejército está haciendo esfuerzos por lograr su reinserción definitiva en el marco del Estado de Derecho y de la ley".
Por eso, exhibió como un claro compromiso con aquella dirección institucional la respuesta que, en el nivel militar, mereció el hecho: "Apenas se tuvo conocimiento de lo dispuesto por la jueza y de la situación que estaba planteada, se informó al teniente general Balza y se adoptaron las medidas que se han hecho públicas", apuntó.
La Central de la Reunión de Información 141 es la sucesora del Batallón de Inteligencia 141, citado en los documentos e investigaciones de los años de la llamada "guerra sucia".
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