Procesamientos por el espionaje de mails de funcionarios

En un fallo que se conoció ayer, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, consideró probada la existencia de una asociación ilícita dedicada, entre 2006 y 2008, a espiar mails de altos funcionarios del Gobierno.

Como consecuencia de ello, dispuso el procesamiento del periodista y ex jefe de la SIDE Juan Bautista Yofre; del ex agente de Inteligencia y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Pablo Carpintero, y del director del portal de noticias Seprin, Héctor Alderete, acusados de integrar una red de captura y distribución de correos electrónicos.

Entre los imputados por estos delitos también figura Iván Velázquez, ex agente del Ejército y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero la magistrada no pudo resolver la situación de Velázquez por estar en Uruguay, donde la Justicia se negó a extraditarlo por considerar que los hechos que se le atribuyen son de naturaleza política.

En la misma causa, la jueza dispuso el procesamiento del columnista de este diario Carlos Pagni, así como de los periodistas Roberto García (Perfil) y Edgar Mainhard (Urgente 24), del empresario periodístico Néstor Ick y del general (R) Daniel Reimundes, a quienes acusa de haber tomado conocimiento de los mails intervenidos. Según la jueza Arroyo Salgado, si bien los periodistas, el empresario de medios y el militar mencionados no participaron de las "pinchaduras", el sólo hecho de haber conocido su contenido los hace responsables de encubrimiento.

En el caso de Pagni, la doctora Arroyo Salgado sostuvo que no se pudo probar que haya violado correspondencia electrónica alguna. También admitió que no consiguió demostrar que alguna vez hubiera publicado la información que le enviaban ni que la hubiera utilizado como fuente de su trabajo periodístico. Sin embargo, la jueza consideró que la sola posibilidad de que Pagni hubiera sospechado de la procedencia ilícita del material obtenido es suficiente para atribuirle el delito de encubrimiento por el que fue procesado.

Según pudo conocerse, los defensores de los imputados apelarán el pronunciamiento de la jueza Arroyo Salgado, por lo cual deberá intervenir la Cámara Federal de San Martín.

La causa en la que se tomaron estas decisiones fue impulsada por la Secretaría de Inteligencia (SI), que está a cargo de Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher. La SI depende de la Presidencia de la Nación.