Procesan y embargan a Cristina Kirchner en la causa del dólar futuro
El juez Bonadio la consideró responsable de la operatoria y la embargó por $ 15 millones; dictó la misma medida contra Kicillof, Vanoli y 12 ex funcionarios
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LA NACIONHernán Cappiello
Cinco meses después de dejar el poder, Cristina Kirchner fue procesada por la Justicia bajo la acusación de haber ordenado al Banco Central que vendiera el dólar futuro a un precio menor al de mercado para perjudicar al gobierno entrante de Mauricio Macri.
Éste es el primer procesamiento de la ex presidenta, que es investigada en media docena de causas judiciales por delitos que incluyen enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, o recibir sobornos, como los casos Hotesur, Los Sauces y la ruta del dinero K, donde se investigan las operaciones de Lázaro Báez.
El juez federal Claudio Bonadio la procesó por el delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública" y embargó sus bienes por 15 millones de pesos. El magistrado consideró que la ex presidenta "hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas".
Bonadio dispuso que permanezca en libertad porque si bien ese delito se castiga con una pena máxima de seis años, no hay razones para pensar que exista riesgo de fuga ni entorpecimiento de la causa, dado lo avanzado de la investigación.
El procesamiento de Bonadio alcanza también al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, además de a otros 12 ex funcionarios y ex directivos del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores. A cada uno lo embargó también por 15 millones de pesos.
En esta causa, Cristina Kirchner enfrenta una acusación menor en comparación con el resto, y no está vinculada a un caso de corrupción. De hecho, en el gobierno de Macri consideran que esta causa tiene escasas probabilidades de prosperar y que no piensan que tenga un efecto político determinado.
La investigación fue iniciada por la denuncia de Federico Pinedo y Mario Negri, jefe de bloques de Cambiemos. Colaboró en la redacción Alfonso Prat-Gay, ahora ministro de Hacienda y testigo en el expediente.
El juez dio por probada la intervención de la ex presidenta en la maniobra denunciada al sostener que "es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de US$ 5000 millones a US$ 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional".
"Resultó evidente que la entonces presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo", concluyó el juez.
Cristina Kirchner fue indagada hace justo un mes y convirtió su declaración como sospechosa del delito en un acto de relanzamiento político que convocó a decenas de miles de militantes. Ante sus fieles repitió lo que había dicho al juez en su descargo. Pero ayer Bonadio rechazó sin más esas apreciaciones. Son, dijo, "consideraciones de tenor histórico-político" que no se relacionan con las imputaciones. Hasta anoche Cristina no se había pronunciado sobre su procesamiento. Sí lo hizo Kicillof, quien definió la argumentación judicial como de "novela fantástica".
Bonadio mencionó a la ex presidenta como "Cristina Elisabet Fernández de Kirchner", a pesar de que la ex mandataria pidió expresamente que quitaran su segundo nombre cuando le leyeron la imputación.
El juez rechazó las explicaciones de los acusados y dijo que "al amparo de un legítimo instrumento de política monetaria, se llevó a cabo una maniobra por la cual se obligó abusivamente a la autoridad monetaria con cifras descomunales y en perjuicio del Estado nacional".
Los acusados sostuvieron que fue el macrismo el que provocó el daño al devaluar. Pero Bonadio rechazó esa idea al asegurar que los diarios informaban sobre una devaluación inminente y que a pesar de que los contratos se hacían por encima de los $ 9,50 por dólar las operaciones se hicieron tras la primera vuelta electoral, con lo que "era insostenible" pensar que se iba a mantener in eternum el tipo de cambio oficial.
El juez describió cómo el Banco Central entre septiembre y noviembre de 2015 elevó el tope máximo de operaciones de $ 10.000 a $ 15.000 y luego a $ 20.000 millones para favorecer esta maniobra con un dólar a futuro que el BCRA vendía a $ 9,50 cuando en Nueva York ya se pagaba a $ 15.
Bonadio habló del perjuicio que provocó esta operación porque dijo que los contratos debieron ser pagados por el macrismo, cuando asumió, con el 87 % de la emisión monetaria entre el 16 de diciembre y fin de febrero.
Dijo que fue posible que el autárquico BCRA hiciera esta maniobra porque desde lo más alto del Poder Ejecutivo se reemplazó a directores independientes por militantes alineados con el Gobierno. "La independencia del Banco Central era sólo una formal aspiración, que distaba mucho de cumplirse en los hechos", dijo el juez.
Para Bonadio "ha quedado demostrado que la operatoria de venta de futuros de dólar, desplegada por el BCRA, entre septiembre y noviembre de 2015, tuvo como único objetivo derrumbar los valores negociados en la plaza local de estos contratos", y que "las operaciones fueron efectuadas a sabiendas del daño que ocasionaría la corrección del tipo de cambio" en el futuro.
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