
Promulgaron la ley anticorralito
Regirá desde la semana próxima, cuando sea reglamentada
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La provincia de San Luis promulgó ayer la ley que obliga a los bancos instalados en su territorio a devolver los depósitos retenidos bajo las restricciones financieras aplicadas en todo el país por la vigencia del corralito.
La ley dispone que los depósitos radicados en bancos instalados en San Luis deben ser devueltos a los ahorristas en la misma moneda en que fueron colocados, algo que, según los banqueros, no sólo es impracticable, sino que los condena a la quiebra.
De hecho, pasado mañana se espera que los bancos radicados allí presenten ante la Justicia un recurso de amparo para que se defina si deben acatar la legislación nacional o la que fijó la provincia.
"En este último caso, lo más probable es que cerremos las dos sucursales que tenemos en la provincia", afirmó a LA NACION una alta fuente del Banco Río, explicitando una postura que, en realidad, es común al resto de las entidades privadas que actúan allí.
La promulgación de la ley fue anunciada ayer por el ministro de Economía de San Luis, Claudio Poggi, que indicó que "entrará en vigor probablemente la semana próxima, una vez que sea reglamentada".
Tiempo de descuento
En la reglamentación del decreto se fijarán los procedimientos por seguir por los ahorristas y los bancos, y también el plazo estimado de una instancia negociadora, que podría ser de 30 días.
En este sentido, Poggi indicó que ese plazo máximo de negociación entre bancos y ahorradores "es el verdadero espíritu de la ley, es la instancia conciliatoria a los efectos de que ambas partes puedan acordar, negociar y formalizar los acuerdos de restitución".
"Tiene que quedar en claro que ésta no es una guerra contra los bancos ni tampoco una política para fomentar la violencia", indicó.
"Es una ley conciliatoria, porque son las entidades financieras y no el Estado nacional las que deben garantizar la devolución de los depósitos", consideró Poggi.
Los banqueros consultados por LA NACION no creen lo mismo. "La norma es contraria al espíritu de la reglamentación que rige en la Nación. No es casual que haya sido promulgada en momentos en que esa provincia discute con el gobierno nacional en la Corte por un depósito radicado en el Nación", dijo un banquero.
San Luis inició una querella judicial contra el Estado nacional para que le devuelvan un depósito por 247 millones de dólares. Había rechazado la entrega del dinero en pesos con el tipo de cambio de 1,4 peso por dólar.
El asunto puede desembocar en un litigio judicial: los abogados de los bancos argumentan que las disposiciones del gobierno nacional están por encima de las legislaciones provinciales.





