Prorrogan las sanciones en el país contra el grupo terrorista Hezbollah

Poco antes de que Alberto Fernández viaje a Israel, la Unidad anunció que mantendrá por seis meses más el congelamiento de activos de la organización terrorista pro-iraní
Poco antes de que Alberto Fernández viaje a Israel, la Unidad anunció que mantendrá por seis meses más el congelamiento de activos de la organización terrorista pro-iraní
Jaime Rosemberg
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20 de enero de 2020  • 14:17

La Unidad de Información Financiera ( UIF) anunció ayer la prórroga por seis meses del congelamiento de activos de la organización terrorista proiraní Hezbollah, sus líderes "y entidades específicas del ala militar que la integran", acusada por la Justicia argentina de perpetrar los atentados contra la embajada de Israel, en 1992, y la sede de la AMIA, en 1994.

La UIF, que hasta el próximo lunes 27 continúa a cargo de Mariano Federici, designado por el gobierno de Mauricio Macri, estableció a través de la resolución 1/2020 la prórroga del congelamiento de activos, establecido por la unidad antilavado el 18 de julio pasado, día en el que se cumplieron 25 años del atentado contra la AMIA. La medida llega horas antes del viaje del presidente Alberto Fernández a Israel, enemigo declarado de Irán, para participar de una conmemoración internacional del Holocausto.

"Los múltiples atentados terroristas perpetrados por Hezbollah a nivel global, las sospechas fundadas respecto de la responsabilidad de Hezbollah en los atentados terroristas perpetrados contra la embajada de Israel y la AMIA en la Argentina, la presencia actual de elementos vinculados a Hezbollah en la zona de la Triple Frontera y el riesgo de financiación del terrorismo que representan, así como los vínculos comprobados entre Hezbollah y el régimen Iraní", son para la entidad dependiente del Ministerio de Economía motivo suficiente para extender las sanciones contra la organización, con sede central en el Líbano. También se destacan como argumentos "los hechos de público conocimiento recientemente suscitados, entre los que se destaca la muerte del general Qassem Soleimani y las represalias que funcionarios del régimen iraní han prometido públicamente llevar a cabo, incluyendo aquellos funcionarios con pedidos de captura internacional ordenados por la Justicia argentina", especificaron. La decisión, afirmaron fuentes del organismo, "fue comunicada en el día de hoy (por ayer) a los más de 90.000 sujetos obligados que integran la red de colaboradores de la UIF-AR".

La resolución de julio pasado, impulsada en forma conjunta por la UIF y el Ministerio de Justicia, estableció un registro de organizaciones terroristas distinto al que tienen las Naciones Unidas, y convirtió a la Argentina en el primer país de Latinoamérica en incluir a Hezbollah en ella; luego se sumó Paraguay, y la medida está en estudio en otros países de la región.

Luego de ganar las elecciones en octubre del año pasado, el entonces presidente electo Alberto Fernández insinuó, en una reunión con la embajadora de Israel en Buenos Aires, Galit Ronen, que dejaría sin efecto la inclusión de Hezbollah en ese listado. Antes de asumir, la actual ministra Sabina Frederic había dicho además que el terrorismo era "un problema de la OTAN" y tenía una opinión negativa sobre las sanciones implementadas durante el gobierno de Macri. "Es comprarnos un problema que no tenemos", había dicho Frederic. Luego de la polémica suscitada por la divulgación del contenido de esa conversación del Presidente y las opiniones de la ministra, el canciller Felipe Solá, con solo dos días en su puesto, desmintió cualquier modificación en la postura sobre el registro y aseguró: "No vamos a hacer ningún cambio, no vamos a hacer cosas que nos traigan problemas", aseveró entonces.

Con relación a la UIF, el Gobierno ya tiene decidido designar en el lugar de Federici al abogado Carlos Cruz, aunque no la tiene fácil. Sobre el jurista, que cumplió tareas de asesoramiento en distintos gremios, pesan impugnaciones de partidos de la oposición por su relación con el líder del sindicato de porteros, Víctor Santa María, acusado por la propia UIF por una cuenta no declarada en el exterior por unos US$4 millones.

Cristina respaldó a la fiscal Fein

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó ayer a los jueces de Comodoro Py, al acusarlos de producir "ficciones guionadas por los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros". La expresidenta elogió el documental de Netflix sobre el fiscal Alberto Nisman, como también la tarea de la fiscal Viviana Fein, que investigó su muerte: "Chapeau", ponderó.

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