Psathakis: "Para resolver la cuestión indígena hace falta un acuerdo con los gobernadores"

Jimena Psathakis llegó a la dirección del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el mismo día en que desapareció Santiago Maldonado. Inesperadamente, el caso avivó el debate sobre los reclamos indígenas sobre la tierra. En una entrevista con LA NACION, la funcionaria se mostró conforme con la prórroga que otorgó el Senado el jueves pasado a la ley 26.160, que impide los desalojos indígenas y donde el INAI encabezará el relevamiento territorial que exige la ley. Según Psathakis, el proceso llevará dos años, pero será necesario articular con las provincias para que luego las comunidades reciban sus títulos de propiedad. "Es necesario un acuerdo federal con los gobernadores para resolver la cuestión de fondo", aseguró.

-¿Cuál es hoy la situación de las comunidades indígenas?

-Hay muchas necesidades, las centrales vinculadas al acceso a la salud, a la educación, al agua, a la tierra, al trabajo y al documento.

-Se prorrogó la ley 26.160 por cuatro años. ¿Por qué el Gobierno quería que sea por dos?

-Nuestra meta es culminar los relevamientos territoriales en todo el país. Creemos que el tiempo en sí no tiene que ser el determinante, sino la voluntad política de hacerlo. Ha habido muchas irregularidades desde 2006 hasta ahora.

-¿Cuáles son esas irregularidades?

-No había un sistema de rendición de cuentas. No había forma de ver si ese dinero se ejecutaba en ese proceso o en otras cosas, también hubo subejecuciones del presupuesto y suspensiones del relevamiento en algunas provincias.

-¿Cuánto costará el relevamiento?

-Aún no lo sé. Nosotros acá tenemos un equipo de más de 170 personas, pero la verdad es que estos relevamientos se hacen en el interior del país. Por eso tenemos que restablecer contactos con las provincias. El jefe de Gabinete dijo que hay que hacer un acuerdo federal para que este relevamiento avance y que las provincias contribuyan. Hay que entender también que el relevamiento no resuelve el acceso a la propiedad comunitaria.

-Hay un reclamo de 8 millones de hectáreas ¿Es posible que todos tengan los títulos luego?

-Esos 8 millones de hectáreas son hectáreas reclamadas, después del relevamiento puede que eso cambie. Luego depende de si la provincia toma o no ese relevamiento como herramienta para otorgar la propiedad comunitaria.

-¿Qué pasa si la provincia no quiere dar esos territorios?

-El instituto tiene un área que aborda las situaciones de conflicto y ofrece asesoramiento jurídico para los conflictos que surjan.

-¿Considerás posible que las provincias cedan tierras?

-Soy optimista, creo que sí. Es cuestión de buena voluntad.

-¿Incluso en Formosa, en donde el régimen de Gildo Insfrán está en franca enemistad con las comunidades?

-Hemos ido a Formosa, tuvimos algunos avances. Imposible no es.

-¿Cuánto podría demorar terminar este relevamiento?

-Yo creo que alrededor de dos años; si hay voluntad política de avanzar y si se hace un acuerdo federal.

-Muchos representantes aborígenes dicen que antes el Estado les proporcionaba asistencia legal y que ya no. ¿Es así?

-No, desde el instituto están vigente los servicios jurídicos y se asiste si hay una situación de conflicto.

-Muchas comunidades están asentadas sobre recursos naturales valiosos. ¿Se puede resolver la situación cuando privados o el Estado avanzan en la extracción?

-Sí, es posible. Hay algo que nosotros sí tenemos que tener en cuenta que es el tema de consulta previa libre e informada. Esto nos ocurre no sólo con los recursos estratégicos para el desarrollo del país, sino con las obras de infraestructura.

-¿Podría pararse una obra o no producirse la extracción si hay una comunidad ahí?

-La consulta, intermediada por el Estado, apunta a crear una relación de convivencia entre la comunidad y el privado que esté en el territorio.

-En el caso de Vaca Muerta (en donde los mapuches reclaman parte del predio), ¿cómo podría resolverse?

-En el caso de Vaca Muerta hay diferentes situaciones respecto de las comunidades en la zona. Hay relaciones positivas y hay situaciones de conflicto. Tiene que haber un rol fuerte de la provincia convocando un proceso de diálogo.

-¿El caso Maldonado trajo más atención a los conflictos indígenas?

-Hay que separar las cosas. Hay 1600 comunidades en el país y muy pocas situaciones tienen resonancia pública. La Pu Lof no expresa la forma en que se expresa la comunidad mapuche.

-¿Considera que el proceder de Gendarmería fue desmedido el 1º de agosto?

-No me puedo poner a opinar de operativos en los que no tengo competencia.

-Sin embargo, la Gendarmería intervino en varios conflictos indígenas. ¿Cómo se controla esta situación?

-Hay que ir viendo y tener en cuenta ciertas pautas culturales. También se puede recurrir al área de violencia institucional.